Cristina es la opositora política más importante que tiene el presidente Mauricio Macri. Después de tres años fuera del poder, y pese al complicado frente judicial que encara, no descarta una nueva candidatura, hoy impulsada más por su entorno que por su propia decisión. “No dice ni sí ni no, por ahora”, indicó un hombre de su confianza. Lo cierto es que el año electoral se avecina y su ritmo es vertiginoso, atravesado por la difícil realidad económica que vive Argentina. Con el kirchnerismo impulsando el retorno de la expresidenta, no se pierde de vista una imagen que será reiterativa: la de Cristina en medio de varios juicios orales en paralelo.

Por Lucía Salinas, periodista del diario “Clarín”

El 10 de diciembre de 2015 al mediodía, Cristina Kirchner tomó un vuelo de Aerolíneas Argentinas, la línea nacional de bandera, con participación del Estado. Después de doce años dejó la flota presidencial y viajó al sur, donde residía, en un vuelo regular. Fue su primer día sin ejercer la presidencia. Su futuro político, como el judicial, para entonces, solo estaba rodeado de especulaciones y cierto grado de incertidumbre. Una sola certeza primaba: nunca desaparecería de la escena política, fuera por su silencio como por sus esporádicas apariciones a poco tiempo de haber dejado el Ejecutivo Nacional.

Sortear las causas judiciales era el próximo desafío fuera del poder. Se retiró después de ocho años con una serie de denuncias que no tuvieron un importante avance mientras ejerció la presidencia. El Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, a cargo del kirchnerismo, transitaron aguas turbulentas durante el último periodo. Una situación que se revirtió después de diciembre de 2015. Suele suceder que la Justicia Federal toma impulso en las causas de corrupción cuando el gobernante cuestionado deja el poder. La principal crítica al Poder Judicial siempre es que se mueve al ritmo de la política de turno.

Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de Argentina entre 2007 y 2015, dejó el cargo con una serie de denuncias que no tuvieron un importante avance mientras ejerció la presidencia.

Fue pocos meses después de dejar de ser presidenta que Cristina Kirchner recibió su primera citación a indagatoria ante el juez Claudio Bonadio, quien ya venía investigándola en otros expedientes. La primera causa que la llevó a los Tribunales Federales fue la que investigó las operaciones de su gestión con la venta del dólar futuro. El juez la encontró responsable de haber defraudado al Estado con estas medidas, generando un perjuicio de 56.000 millones de pesos. Fue el primer procesamiento que recayó sobre la expresidenta, y con él llegó la primera sorpresa. Junto con la acusación formal, el escrito del magistrado, que incluyó a gran parte de las autoridades que tomaban las decisiones sobre la economía nacional, le trabó un embargo sobre sus bienes de quince millones de dólares.

La suma de dinero no parecía representar un problema: Cristina Kirchner dejó la presidencia con un patrimonio de setenta y siete millones de pesos. Sin embargo, fue en aquella circunstancia cuando le dijo a Bonadio que ella no tenía esos fondos, ya que le había cedido a sus dos hijos, Máximo (diputado nacional) y Florencia Kirchner, todos sus bienes en partes iguales. Es decir, por primera vez, la exmandataria no tenía bienes a su nombre.

A fines de 2016, la expresidenta enfrentó la acusación de ser jefa de una asociación ilícita que habría favorecido a Lázaro Báez, íntimo amigo de Néstor Kirchner.

De esta manera, comenzó a transitar un laberíntico camino de causas de corrupción que tomaban un inusitado ritmo en los tribunales federales. Durante 2016 acumuló otros procesamientos con delitos que ya no estaban vinculados a la función pública, sino a sus emprendimientos privados con empresarios amigos. El primer latigazo lo tuvo en abril de ese año.

Las imágenes mostraron a Lázaro Báez detenido; un íntimo amigo de Néstor Kirchner, devenido en empresario de la construcción, según determinó la Justicia, acusado de lavar entre 2010 y 2013 más de sesenta millones de dólares. Su patrimonio creció exponencialmente a la sombra del kirchnerismo: un 1200%, de acuerdo con la Justicia. De ser un simple cajero de un banco provincial, se impuso como el principal adjudicatario de obra pública vial en el sur, de donde vienen los Kirchner.

A mediados de 2019 podrían empezar otros juicios en contra de Cristina por lavado de dinero, y también podría tomar el mismo derrotero uno que está en curso: el del megaescándalo de los “cuadernos de la corrupción”.

Esa detención fue una bisagra. Para esa fecha, Báez ya había realizado quince operaciones comerciales inmobiliarias con la familia Kirchner, había administrado tres de sus cuatro hoteles en la turística ciudad de El Calafate, al sur del país, y la Justicia ya lo investigaba por haber sido favorecido con contratos para obras públicas. Incluso tenía una propiedad en condominio con Cristina Kirchner.

A fines de 2016, con las elecciones ad portas para renovar bancadas en las dos cámaras del Congreso, la expresidenta enfrentó la mayor acusación en su contra: ser jefa de una asociación ilícita que, entre 2004 y 2015, se dedicó a favorecer a Lázaro Báez con el direccionamiento de licitaciones viales. Esto le permitió, según el fallo judicial, obtener cincuenta y dos contratos por más de dos mil millones de dólares.

Cristina y su esposo, Néstor Kirchner, el día que fue elegida presidenta de Argentina, 2007.

El expediente se convirtió en la base de otras causas judiciales. Fue el tribunal que revisa los fallos de los jueces de primera instancia el que determinó que se trataba del “delito precedente” de maniobras de corrupción que de allí se desprendieron. Con este argumento la Justicia avanzó y relacionó la investigación con otras dos que se concentraban en dos empresas de la familia Kirchner.

A los pocos meses, y en pleno año electoral, llegó el primer procesamiento para los hijos de Cristina. El mismo juez Bonadio la encontró como responsable de comandar una asociación ilícita que se dedicó al lavado de dinero y a la recepción de dádivas. La operatoria se hizo a través de Los Sauces S.A., una inmobiliaria de la familia Kirchner, que tuvo dos inquilinos principales que representaron el 86% de la facturación: una vez más, Lázaro Báez, y Cristóbal López.Este último, un importante empresario ligado a los casinos, a los medios de comunicación y a la construcción.

Sendas derrotas

Con tres procesamientos judiciales en su contra, Cristina Kirchner se presentó cada vez que la Justicia la citó a declarar, y mantuvo un argumento central: ser víctima de una persecución política encabezada por el presidente Mauricio Macri para “proscribirla políticamente”. Con este telón de fondo, la expresidenta afrontó la construcción de su propio espacio político, denominado Unidad Ciudadana, con el que se presentó a las elecciones al Senado.

Sin embargo, no logró superar la segunda vuelta contra el candidato del gobierno, Esteban Bullrich, por un mínimo porcentaje, aunque sí logró ingresar al Congreso por la minoría. Detrás de ese revés político, los analistas le atribuyen otras derrotas: sus ungidos políticos no lograron los resultados esperados; sin ir muy lejos, Daniel Scioli, a quien ella había elegido como su sucesor para la presidencia, quedó casi dos puntos abajo de Mauricio Macri.

Y su elegido –Aníbal Fernández, ex jefe de Gabinete–, para gobernar el distrito más importante del territorio nacional, la Provincia de Buenos Aires, fue ampliamente derrotado.Previo a ello, tuvo otra derrota con uno de sus hombres en los comicios legislativos de 2013: Martín Insaurralde, un joven intendente kirchnerista, no logró imponerse frente al peronista Sergio Massa, cuyo nombre vuelve a resonar como posible candidato presidencial para 2019.

El escenario político se volvió más complejo con las diferencias internas en el peronismo, el partido con más años en el poder desde su nacimiento. Está dividido entre aquellos que no reconocen a Cristina Kirchner como la líder natural y un peronismo más “intermedio”, que entiende que debería capitalizar el caudal de votos que la expresidenta representa, pese a su escenario judicial.

Aunque en las encuestas privadas la imagen positiva de Cristina Kirchner puede oscilar según la cantidad de veces que se exponga públicamente ante determinadas crisis económicas y políticas, su porcentaje de intención de voto no disminuye sustancialmente –ronda entre el 28 y el 30%–, y estos números son constantemente observados por el gobierno, que enfrenta una fuerte crisis económica que afecta directamente sus proyecciones electorales.

Néstor Kirchner falleció en octubre de 2010, cuando Cristina ya llevaba casi tres años ejerciendo la presidencia. Sus restos fueron velados en la Casa Rosada.

 

A la par, la expresidenta ha continuado acumulando causas judiciales. Así, llegó otro procesamiento de la mano del juez federal Julián Erconlini, el mismo que la acusó de haber favorecido a Lázaro Báez. En este caso, la señaló como autora de maniobras de lavado de activos, junto al empresario amigo y, nuevamente, a sus hijos.

Se investigó a la empresa familiar Hotesur S.A., dueña de uno de los hoteles más importantes que tienen los Kirchner, conocido como Alto Calafate. La causa se concentró en la administración del hotel a cargo de Báez y en el alquiler de habitaciones que nunca se utilizaron por parte de siete compañías de dicho empresario. La Justicia determinó que se lavaron cerca de ochenta millones de pesos con estas operaciones comerciales “ficticias”.

Decisiones

El calendario electoral se avizora con una contienda que incluya a Cristina Kirchner, un pedido del kirchnerismo más duro que insiste en que es la única con posibilidades de derrotar a Mauricio Macri si vuelve a pelear la presidencia de la Nación, pero en una segunda vuelta.

Otra discusión está sobre el tapete. Parte del peronismo detractor de la exmandataria tiene otra importante decisión en sus manos: la Justicia pidió dos veces el desafuero de Cristina Kirchner para detenerla. Miguel Ángel Pichetto –ex hombre fuerte del kirchnerismo, hoy más representativo de quienes no impulsan la candidatura de Cristina–, reitera, como presidente del bloque en el Senado, que hasta que no exista una condena firme no le quitarán los fueros. Así, la suerte de la expresidenta parece parte de un meticuloso juego de ajedrez.

El juez Claudio Bonadio encabeza las investigaciones judiciales en contra de Cristina.

Con la política como contraposición al cerco judicial que tiene, habrá un factor que el entorno de la actual senadora no pierde de vista. El 26 de febrero de 2019, cuando arranque el año de las elecciones generales, Cristina Kirchner enfrentará su primer juicio oral y público acusada de ser jefa de una asociación ilícita vinculada a la obra pública. No será el único. A mediados de año podrían empezar otros juicios en su contra por lavado de dinero, y podría tomar el mismo derrotero uno que está en curso: el del megaescándalo de los “cuadernos de la corrupción”; la causa que destapó un entramado de cobro de sobornos a empresas contratistas del Estado por parte de ex funcionarios de Cristina Kirchner.

El juez Bonadio, una vez más, fue el responsable de investigarla, y la procesó recientemente como jefa de la asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales. A contrarreloj, Cristina deberá decidir si hace caso a las proyecciones de su entorno político y a sus propias ambiciones, mientras la Justicia avanza en las causas que la tienen como principal acusada, y que ya han devenido en embargos sobre su patrimonio e inhibiciones de bienes por 10.495 millones de dólares.