A los peruanos, los problemas que afectan al Estado nos cuestan muchísimo más de lo que imaginamos. Solo la corrupción nos genera un costo equivalente al 2% del PBI (aproximadamente cuatro mil millones de dólares), mientras que la inseguridad ciudadana genera pérdidas por el 3% del PBI (más de seis mil millones de dólares). Con estas cifras, Aldo Vásquez Ríos, actual ministro de Justicia, nos hace ver la gravedad del problema que constituye el deficiente funcionamiento del aparato público en nuestro país, sobre todo en lo que se refiere a la administración de justicia.

Con relación a este último campo, considera que hay tres aspectos fundamentales que mejorar. El primero es el trabajo de articulación del sistema de justicia que tenemos pendiente, pues “hoy no tenemos ni siquiera data común, sin la cual difícilmente se pueden diseñar políticas en el sector justicia”. Asimismo, afirma que nuestro sistema penitenciario debe ser perfeccionado, y que “el desafío es generar mayor capacidad de albergue en los penales; solo así es posible la resocialización y evitar la reincidencia en el delito”.

Aldo Vásquez Ríos, abogado y catedrático universitario, es el ministro de Justicia y Derechos Humanos desde el 21 de octubre de 2015.

Aldo Vásquez Ríos, abogado y catedrático universitario, es el ministro de Justicia y Derechos Humanos desde el 21 de octubre de 2015.

Por último, el ministro nos cuenta que un tema que se suele dejar de lado, pero que es esencial, es el del acceso a la justicia: “El ministerio, a través de la Dirección General de Defensa Pública, tiene que ir ampliando progresivamente sus servicios para garantizar el acceso a la justicia de los más pobres”.

La seguridad ciudadana será un tema central durante los próximos meses. ¿De qué manera ha contribuido y puede contribuir su sector a mejorar el problema?
En primer término, con la calidad de la legislación. Se está discutiendo la propuesta de un nuevo Código Penal que ha sido trabajada en la Comisión de Justicia del Congreso; sin embargo, ha sido objeto de observaciones, sobre todo por la falta de proporcionalidad de la penas. Como ministro de Justicia, presido el Consejo Nacional de Política Criminal, el cual está haciendo una revisión exhaustiva del proyecto con miras a tener un instrumento legal que sea más eficiente en la lucha contra el crimen. Esperamos que, en esta legislatura o en la próxima, haya posibilidad de aprobar un nuevo código.

“Resolver el déficit que tenemos en cuanto a unidades de albergue en nuestras cárceles significa una inversión de entre cinco mil y seis mil millones de soles”, afirma el ministro Vásquez Ríos.

“Resolver el déficit que tenemos en cuanto a unidades de albergue en nuestras cárceles significa una inversión de entre cinco mil y seis mil millones de soles”, afirma el ministro Vásquez Ríos.

En vez de solucionar un problema, ¿el nuevo código lo ahondó desde el punto de vista de la proporcionalidad de las penas?
No diría que lo ahondó, pero es un instrumento susceptible de ser perfeccionado. Este es un ámbito en el cual el ministerio contribuye a mejorar la seguridad ciudadana. Otro punto muy importante es el de las cárceles. En el Perú hay 79 mil presos, y la administración de las cárceles está a cargo del INPE (Instituto Nacional Penitenciario), que es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Justicia. Tenemos que mejorar la calidad de estos establecimientos de tal manera que no sean focos de irradiación de la criminalidad.

Con relación a las cárceles, más del 50% de presos no han sido sentenciados. ¿Cómo solucionar este problema?
Los estándares internacionales no son tan diferentes. Esos presos no sentenciados están en la cárcel porque los jueces estiman que recibirán una condena, motivo por el cual dictan prisión preventiva hasta que termine el juicio. El problema está en que estos juicios tienen que ser más rápidos. Un instrumento aprobado en este último quinquenio es el proceso inmediato, que permite un rápido juzgamiento en casos de flagrancia, es decir, en casos donde es muy evidente la comisión del delito.

“Necesitamos un debate constitucional para ampliar el plazo de detención de 24 a 48 horas para que las autoridades policiales tengan más tiempo para hacer un atestado sólido”.

“Necesitamos un debate constitucional para ampliar el plazo de detención de 24 a 48 horas para que las autoridades policiales tengan más tiempo para hacer un atestado sólido”.

¿No cree que este tipo de procesos, por ser tan rápidos, puedentambién prestarse a que, por presiones, se den castigos desproporcionados, como ocurrió en el caso de Silvana Buscaglia?
En ese caso, el problema no radicó en el proceso de flagrancia, sino en las penas contempladas en el Código Penal; por eso, es necesario reformar el código vigente. La pena que se ha establecido para ese tipo de delito de agresión a una autoridad tiene una pena desproporcionada con respecto a otro tipo de delito como el homicidio, por ejemplo.

Muchas veces los jueces ordenan prisión preventiva como una especie de “precastigo” cuando hay mucha presión mediática y social. ¿Cómo hacer para que se utilice de manera más responsable?
La vía es la celeridad en los procesos judiciales y, para que esto ocurra, necesitamos articular el sistema de administración de justicia. La relación entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial tiene que ser mucho más cercana, pero también es necesario que haya un verdadero compromiso por parte de los jueces, así como mayores recursos, porque los jueces tienen que atender muchísimos procesos. En este momento, el presupuesto del Poder Judicial representa entre el 1,6% y el 1,7% del Presupuesto General de la República, que es un monto insuficiente para las necesidades de administración de justicia en nuestro país.

Por Adriana Tudela

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