Fue compañero de promoción de Kenji Fujimori en el Colegio Recoleta; amigo de infancia de Marisa Glave, también del mismo colegio, y admira a Carlos Bruce por su experiencia parlamentaria. Con estos antecedentes, el congresista Miguel Torres Morales se ubica entre las figuras más moderadas del fujimorismo para establecer acuerdos políticos entre el gobierno y la abrumadora bancada de 72 parlamentarios que integran Fuerza Popular.
Miguel Torres Morales es abogado y catedrático universitario. Este es su primer periodo como congresista.
En el pasado, las facultades extraordinarias que solicita el Ejecutivo, sobre todo al inicio del gobierno, se otorgaron sin tanto debate. ¿Por qué ahora no pasó eso?
Las circunstancias son otras. Ser mayoría nos permite expresar de manera más contundente nuestra posición frente al Ejecutivo.
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Hablar del Congreso es, indirectamente, hablar de Fuerza Popular. Los reflectores están encima de nosotros y no podemos ser solo una mesa de partes. Ser mayoría nos exige ser más proactivos. En el pasado, era frustrante no poder hacer sentir nuestra posición. Ahora es diferente. Es nuestra oportunidad de hacer reformas importantes.
Las concentraciones de poder siempre son negativas.
Cuando son sin razón, sí, pero este no es el caso.
¿Cómo va a ser el seguimiento al otorgamiento de facultades? Su discurso, al decir que “no es un cheque en blanco”, a algunos les sonó a amenaza.
No es una amenaza, es cumplir con el mandato constitucional que tenemos como parlamentarios. Se nos calificó de obstruccionistas, cuando lo que hicimos fue resolver cómo analizábamos un pedido de facultades que, como llegó a la comisión de Constitución, debería haber sido devuelto.
Allí sí los hubieran calificado, con toda razón, de obstruccionistas.
Pero era lo que correspondía. El Ejecutivo mandó un proyecto en el que solicitaba facultades para legislar en 33 temas distintos. Nunca en la historia de los pedidos de facultades –y lo sé porque hice algo de arqueología– se había hecho algo de esa magnitud. El pedido tenía errores garrafales.
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No había análisis de costo-beneficio de las normas. A pesar de eso, se administró la situación y pasamos el pedido a la comisión de Constitución, que solicitó opinión en diez comisiones.
Diez comisiones de las que ustedes poseen la presidencia de ocho.
Sí, salvo Economía y Vivienda, pero se alarmaron por las puras. Al final, después de escuchar todas las posiciones en la bancada, se decidió dar las facultades por una razón sencilla: el Gobierno ha recibido el Estado en una situación calamitosa. Lo hemos visto en los ojos de los ministros, que en campaña eran sonrisas pero ahora están desesperados. Una cosa es hablar del país desde un plan de gobierno y otra es ver el estado real de las cosas. Correspondía dar las facilidades al gobierno.
¿Fue una negociación en la que el Ejecutivo tuvo que “dar” a Fuerza Popular la Sunat y la Defensoría del Pueblo?
Acá no hubo negociación, fue una conciliación y todo se ha producido en el Congreso, sobre la mesa, nada por debajo, dentro de las comisiones. A Víctor Shiguiyama –nuevo jefe de la Sunat– lo conocí en la campaña de Fuerza Popular de 2011, pero en 2016 nunca lo vi. Estaba alejado del partido hace más de cinco años. No tengo idea de dónde sacan que Fuerza Popular tiene algo con el Defensor del Pueblo (Walter Gutiérrez).
¿Son 72 congresistas en la bancada de Fuerza Popular o 77, contando al Apra?
No hay alianza, ni nada por el estilo.
¿Se podrá crear una Oficina de Estudios Económicos en el Congreso para que no se aprueben leyes que terminen afectando la economía o la libertad de hacer empresa?
He escuchado las propuestas de Transparencia y del congresista Alberto de Belaunde, pero me llamó la atención que su proyecto no tuviera el análisis de costo-beneficio que se necesita. Me pregunto si necesitamos una oficina, que sería como una especie de SNIP, o elevar la calidad de los asesores que acompañan a los congresistas o de los que integran las comisiones para que los proyectos lleguen mejor elaborados y con un real análisis de costo-beneficio.
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Me inclino por eso.
Muchos congresistas llaman a su guachimán o a su empleada como asesores de confianza. Lo hemos visto en legislaturas pasadas.
Entonces, el tema no va por crear una nueva oficina en el Congreso, sino por elevar la valla de los requisitos a los asesores que llegan al Congreso.
¿Dónde está Keiko Fujimori?
Trabajando las 24 horas, liderando una bancada de 72 congresistas. Nos mantiene cohesionados y disciplinados. No sé dónde estaríamos sin ella.
Por Luis Felipe Gamarra
Foto de Sanyin Wu
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