En el ranking de Doing Business, de facilidades para hacer negocios, el Perú pasó en los últimos cinco años del puesto 39 al 53, lo que nos convierte, como ha señalado el propio ministro Giuffra, en uno de los ocho países más burocráticos del mundo.
¿Cuál es el plan para cambiar esta tendencia?
Estamos trabajando de una manera comprometida para reducir las trabas que impiden hacer negocios, empezando por la reducción de tiempos y costos para constituir una empresa. Estamos limpiando el exceso de regulación que hace mucho más difícil hacer empresa en nuestro país.
Si hoy toma alrededor de veintiséis días abrir una empresa, ¿a cuánto se podría reducir este tiempo?
El objetivo ideal, como sucede en otros países de la región, es que sea un día, pero nadie se muere si son dos, ¿no? Reducir todos los procesos, desde tener las ganas de constituir y salir con tu número de RUC, pasando por los registros y la notaría, es un trabajo titánico, pero no imposible. Estamos abocados a esa tarea y pronto se verán los resultados.
Tomaría, entonces, entre 24 y 48 horas abrir una empresa, ¿y el proceso podrá ser digital, como ocurre ya en otros países?
Sería lo ideal. El proceso debe ser digital, obligando al Estado a interconectar los diferentes organismos implicados en la apertura de una empresa. El Estado debe ser online.
De las trabas identificadas que afectan a las empresas, ¿cuáles son las más comunes?
Permisos en los ministerios y licencias municipales. Los temas con las municipalidades son el principal dolor de cabeza para los emprendedores, porque no son trámites estandarizados, sino que dependen de la exigencia de cada municipio. Tenemos que uniformizar los TUPA (Texto Único de Procedimientos Administrativos).
¿Y cómo lo van a hacer, teniendo en cuenta que las municipalidades son organismos autónomos?
El objetivo es hacer entender a los municipios que la ley es la ley, y que vivimos en un solo Estado, que es el que administra, al margen de si hay gobiernos regionales o municipales.
El concepto de diversificación productiva no se oyó en su discurso, pese a que fue un término clave para la anterior gestión. ¿Ya se dejó de lado?
No se ha dejado, pero vemos la diversificación desde un enfoque más generoso, sin tener ganadores o perdedores. Nuestro compromiso es allanar la cancha al sector privado para que la inversión fluya libremente y se acomode en función a los riesgos y oportunidades del mercado, y que sean los privados los que seleccionen sus posibilidades. Nos ha ido muy bien, y la evidencia estadística es muy clara respecto de cómo se ha diversificado la economía en los últimos años, con productos y servicios. Creemos en la diversificación como una consecuencia de hacer las cosas bien. Desregulando y destrabando, la diversificación también llega.
En su discurso en CADE habló de la pesca de juveniles (peces que todavía no alcanzan el tamaño adecuado para ser considerados parte de una pesca sostenible), y señaló que ya no se pondrán multas…
No. Dije que se van a poner multas si incumples con respetar la zona cerrada cuando nos hemos enterado de que en esa zona hay juveniles. Es la nueva norma.
Es decir, la empresa que pesca juveniles avisa al Produce, y este cierra la zona, pero aquella empresa que pescó en un inicio los juveniles no será multada…
La lógica es esta: es imposible saber que se van a pescar juveniles antes de pescar, sobre todo en pesca industrial. Ahora se está buscando que avisen oportunamente sobre la presencia de juveniles, para cerrar esa zona de inmediato. A cambio, no se multa. Con ello se evita que se tire esa pesca al mar, por temor a la multa.
Suena lógica su intención de dar el beneficio de la duda al privado. Pero, en años anteriores, en un sector sobrerregulado, como dice, se presentó una denuncia periodística sobre cómo las grandes pesqueras ocultaban toneladas de pesca para evitar que se registraran en la balanza y así pagar menos por derecho de pesca. ¿Cómo confiar en esas empresas?
Es dificilísimo hacer eso, porque es un sector hiperfiscalizado.
Una denuncia del medio digital Convoca concluyó que el 31% de las balanzas inspeccionadas en las fábricas de harina de pescado tenían graves problemas de adulteración.
Puede haber uno o dos casos. Pero esa ya no es la preocupación. Mi preocupación es que las empresas levanten sus redes, pesquen juveniles y los tiren al mar. Eso cambia. Ahora me avisas que hay presencia de juveniles, me das el dato del cuadrante, se cierra y se avisa a las pesqueras que no se puede pescar y todo sigue. Tiene un sentido productivo, tirar al mar lo ya pescado es un delito para la especie y en términos económicos.
Por Luis Felipe Gamarra
Lea la entrevista completa en la edición impresa de COSAS 610.