Con el objetivo de enmendar el rumbo, es indispensable que el Poder Ejecutivo, primero, reconozca la gravedad de la situación. No solo es necesario reducir drásticamente los costos operativos de la empresa, sino también refinanciar su deuda para evitar que PetroPerú continúe siendo una carga financiera insostenible para el país.
Por Rollin Thorne Davenport
La reciente salida del economista Oliver Stark Preuss de la presidencia del directorio de PetroPerú ha reavivado el debate sobre la crisis que atraviesa la empresa estatal. Las sostenidas deficiencias de su gestión y los malos resultados financieros han generado un deterioro constante en la confianza de la ciudadanía en torno a sus operaciones en la viabilidad de la compañía. No obstante, el verdadero problema radica en la ceguera del Poder Ejecutivo, que ha sido incapaz de reconocer la urgencia de una reestructuración profunda para hacer viable la operación de PetroPerú.
En la actualidad, la situación financiera de la empresa es alarmante. PetroPerú tiene una deuda equivalente a cinco veces su patrimonio y la calificadora internacional Fitch ha asignado un rating de CCC+ a sus bonos, catalogándolos como bonos «basura». Estos son claros indicadores de una empresa al borde del colapso. En esta línea, a pesar de proyectar un EBITDA de US$ 119 millones para el 2024, la empresa enfrenta pagos de deuda de US$ 175 millones, lo que revela un desequilibrio insostenible. Asimismo, PetroPerú cerró el 2023 con pérdidas netas históricas de US$ 823 millones, superando las también preocupantes pérdidas de US$ 271 millones en el 2022. Estas cifras ponen en evidencia el colapso financiero de la empresa pública, agravado por una gestión ineficiente y una gobernanza corporativa absolutamente politizada.
Sin embargo, el fracaso de la gestión de PetroPerú no es un caso aislado, sino parte de un patrón recurrente en la historia del Perú: la incapacidad del Estado de gestionar eficientemente empresas públicas. PetroPerú, al igual que muchas otras empresas estatales, ha sido utilizada como herramienta política, sacrificando su rentabilidad y eficiencia en el proceso. En lugar de implementarse reformas orientadas a la modernización y reducción de costos, la empresa se ha visto atrapada en un ciclo de ineficiencia, deuda y pérdidas de utilidad continuas.
Con el objetivo de enmendar el rumbo, es indispensable que el Poder Ejecutivo primero reconozca la gravedad de la situación. No solo es necesario reducir drásticamente los costos operativos de la empresa, sino también refinanciar su deuda para evitar que PetroPerú continúe siendo una carga financiera insostenible para el país. Además, la gobernanza corporativa de la empresa debe ser despolitizada, atrayendo gestión profesional y experta y abriendo la puerta a la participación del sector privado. Quizá una alternativa podría ser escindir la refinería de Talara y otorgarla en concesión a una empresa privada. De esta manera, se podría preservar parte del activo, mientras se deja de financiar con dinero del tesoro público una operación que ha demostrado ser insostenible.
El costo de oportunidad de seguir sosteniendo a PetroPerú es inmenso. Mientras se destina presupuesto público a cubrir las pérdidas de la empresa, se dejan de financiar otros sectores críticos como la educación, la salud y la infraestructura nacional. El país no puede seguir permitiendo que una empresa deficitaria continúe drenando recursos que podrían generar mucho más valor si se enfocaran en otros sectores con un impacto directo en mejorar la calidad de vida de los peruanos más desfavorecidos.
*El autor es actualmente asesor parlamentario en el Congreso de la República.
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