Con S/ 5,640 millones en canon y regalías proyectados, el desafío sigue siendo frenar el avance de la minería ilegal y lidiar con los conflictos socioambientales. ¿será el impulso económico que Perú estaba esperando?
Por Daniel Crespo Pizarro
Luego de más de una década de paralización, el proyecto Tía María está cada vez más cerca iniciar sus operaciones. El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, confirmó que esta iniciativa es la que tiene mayores probabilidades de comenzar su construcción en 2025 . Sin embargo, aclaró, que esto depende únicamente de Southern Perú, empresa a cargo del proyecto que busca producir 120 mil toneladas de cobre al año gracias a una inversión de US$1,802 millones. De concretarse, Tía María traería consigo un fuerte impulso económico para Arequipa y el Perú.
«Southern está tomando contacto con la población y sus autoridades, desarrollando iniciativas de empleo local. Están dando señales claras que también vienen a desarrollar el territorio», declaró el ministro Jorge Montero a Latina.
Los beneficios
El proyecto Tía María, está ubicado en el distrito de Cocachacra, en la provincia de Islay, Arequipa, forma parte de un portafolio de 51 iniciativas mineras en Perú, con un total de US$54,556 millones en inversión. En su etapa de construcción, se estima que generará 5,850 empleos y, una vez operativo, podría aportar 9,000 puestos de trabajo directos e indirectos. Además, durante sus 20 años de operación, recaudaría S/5,640 millones en canon y regalías para Arequipa y S/100 millones anuales para la provincia de Islay, así como el aporte de hasta un 3% al PBI nacional.
Arequipa es una región con un fuerte componente minero: hasta junio de 2024, el sector generó 32,988 empleos en la región y atrajo US$6,719 millones en inversión en la última década. Con la puesta en marcha de Tía María, estos beneficios podrían incrementarse considerablemente. Se espera que el incremento en la recaudación tributaria permita financiar obras de infraestructura, educación y salud en la región, beneficiando directamente a la población local.
El proyecto Tía María está diseñado para producir 120,000 toneladas de cobre al año y su producción representaría el 6% de la producción nacional de cobre.
Además, el proyecto contribuiría al fortalecimiento de la industria minera en Perú, que actualmente es el segundo productor mundial de cobre. Con la demanda global en aumento, Tía María ayudaría a consolidar la posición del país como un actor clave en el sector, atrayendo nuevas inversiones y generando mayores oportunidades de desarrollo económico.
La tarea de frenar el conflicto social
Si bien el proyecto cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado y con el respaldo de una parte de la población, la resistencia de ciertos sectores sigue siendo un obstáculo. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), entre 2021 y el primer trimestre de 2023, las paralizaciones de proyectos mineros generaron pérdidas de casi S/7,000 millones en el PBI nacional y una reducción fiscal de S/1,791 millones.
Tía María ha sido uno de los proyectos más afectados por la oposición social. Las principales preocupaciones giran en torno a un posible impacto negativo en la agricultura del Valle del Tambo. No obstante, Southern Perú sostiene que el proyecto cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado y que su operación no afectará los recursos hídricos de la zona.
Desde el 2023, el gobierno mantiene diálogo con las comunidades de Islay buscando avanzar con el proyecto.
Los comuneros de Islay han expresado su rechazo al proyecto a través de protestas y paros indefinidos. Entre sus principales exigencias están la cancelación de Tía María y La Tapada, la culminación del Gasoducto Sur Andino y la derogación de normas relacionadas con la gestión del agua y el magisterio. Además, denuncian la criminalización de la protesta social y exigen justicia para los manifestantes que enfrentan procesos judiciales.
Tía María es un proyecto con el potencial de dinamizar la economía de Arequipa y del país. Su ejecución permitiría aumentar la recaudación fiscal, generar miles de empleos y mejorar la inversión en infraestructura a través del canon minero. Sin embargo, el rechazo de ciertos sectores de la población y la conflictividad social siguen siendo un reto para su viabilidad.
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