Durante el VII Consejo de Estado Regional en Ica, los titulares de cada región marcaron su prioridad desde el arranque: exigen una mesa de trabajo para revisar sus remuneraciones, argumentando que la responsabilidad del cargo no se ve reflejada en su salario. También pidieron reformas fiscales, inversión en infraestructura educativa y medidas urgentes en seguridad.
Por Redacción COSAS
En la ciudad de Ica, y frente a la presidenta Dina Boluarte y su gabinete, los gobernadores regionales iniciaron el VII Consejo de Estado Regional con un pedido que no pasó desapercibido: instalar una mesa de trabajo para revisar la escala de remuneraciones que reciben. El argumento fue directo: la alta carga de responsabilidad que implica el cargo —y su presencia constante en el territorio— no se corresponde con la retribución actual.
Aunque no usaron la palabra “sueldo”, el mensaje fue claro. Lo que piden es homologación; que su compensación esté a la altura de otros cargos del Estado que no cargan con presupuestos millonarios, ni con la ejecución de obras, ni con la presión política y social que viven a diario en regiones.
La solicitud fue parte de una agenda descentralista de doce puntos presentada por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), pero fue el primer punto en ser expuesto. Y eso dice bastante.
Serie de pedidos
Además del reclamo por una retribución más justa, los gobernadores plantearon la necesidad de avanzar en un proceso real y progresivo de transferencia de competencias desde el Gobierno central hacia las regiones, especialmente en sectores como Salud, Educación, Cultura, Transporte, Agricultura y Medio Ambiente. Pero advirtieron que no aceptarán funciones sin presupuesto ni personal calificado para ejecutarlas.
«Tras más de diez horas de trabajo, se alcanzaron un total de 270 acuerdos. Hoy hemos escuchado las voces de nuestras autoridades regionales», respondió la presidenta Dina Boluarte.
En educación, pidieron que se autorice por Decreto de Urgencia la implementación de colegios modulares a través del mecanismo IOARR, como una forma de responder de manera rápida a emergencias, condiciones estructurales críticas o incremento de matrícula. También solicitaron la creación de un programa especial que destrabe proyectos sociales —agua, salud, educación— reduciendo la tramitología técnica y administrativa.
En seguridad ciudadana, los gobernadores reclamaron una reforma urgente del INPE, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Propusieron además reforzar las fronteras, crear brigadas antiextorsión, implementar grilletes electrónicos y unidades de flagrancia a nivel regional.
Otro pedido político clave fue que el presidente de la ANGR tenga voz en las sesiones del Consejo de Ministros, lo que permitiría una articulación más directa con el Ejecutivo. También solicitaron que el Congreso impulse una reforma fiscal descentralista, y que el Ministerio de Economía revise los criterios para priorizar inversiones con impacto regional.
La agenda cerró con propuestas concretas como mantener el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de 2024, autorizar transferencias vinculadas a la Reconstrucción con Cambios, y avanzar con los proyectos de aeropuertos en Andahuaylas, Rioja y Oxapampa.
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