La congresista Diana Gonzales, de Avanza País, es la autora de la iniciativa que deberá ser revisada en la Comisión de Constitución.
Por: Rodrigo Chillitupa Tantas
El problema de la minería ilegal ha estado muy presente en la agenda del Congreso de la República en los últimos años. Aparte del debate reiterativo sobre si se debe ampliar o mantener el REINFO, también se conoció los nexos de algunos parlamentarios con este negocio ilícito que generó una pérdida de S/ 7,800 millones en recaudación fiscal entre el 2023 y el año pasado.
La congresista Diana Gonzales, de la bancada Avanza País, acaba de presentar un proyecto de ley que si alguno de los futuros senadores y diputados de la República, del periodo 2026-2031, tuviera alguna sentencia condenatoria por el delito de minería ilegal, entonces sería causal de perdida de su escaño parlamentario.
Esta disposición se incluye como parte de la modificación del artículo 19 del Reglamento del Congreso de la República, cuya redacción final quedaría de la siguiente manera:
«En caso de que un senador o un diputado hubiera sido condenado mediante sentencia judicial firme por la comisión de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas y lavado de activos proveniente de estos ilícitos y minería ilegal no es aplicable lo dispuesto en las normas de los reglamentos de las cámaras sobre el reemplazo por el accesitario».
Proyecto de ley de la congresista Diana Gonzales contra la minería ilegal.
La iniciativa de la congresista Gonzales, quien es la actual vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, tiene el respaldo de sus demás colegas de bancada. Ahora, el trámite formal es que sea derivado a la Comisión de Constitución y Reglamento, cuyo presidente es el legislador Arturo Alegría de Fuerza Popular.
En marzo se discutiría la propuesta cuando se reactive el trabajo de las comisiones ordinarias como Constitución. Si los plazos corren, podría llegar al Pleno del Parlamento antes de que cierre la segunda legislatura del periodo 2025-2026 que tradicionalmente acaba en la quincena de junio. Así la norma entraría en vigencia para los futuros nuevos inquilinos del Legislativo a partir de julio próximo.
Dinero sucio y graves consecuencias
Se estima que la actividad de la minería ilegal movilizó más de $12,000 millones de dólares en 2025, lo que equivale a aproximadamente el 2.5% del PBI nacional. Esto conlleva a que pierda cerca de S/ 7,800 millones en recaudación fiscal.
De otro lado, se calcula que la minería ilegal genera daños socioambientales que superan los $600 millones de dólares anuales en zonas críticas como Madre de Dios y La Libertad. Además, este negocio criminal alimenta delitos como la trata de personas, el sicariato y la extorsión.
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