El jefe de Estado se juntó con un grupo de mineros que han puesto trabas para que se pueda implementar la llamada Ley Mape en el Parlamento

Por: Rodrigo Chillitupa Tantas

El presidente de la República, José María Balcázar, anunció que ayer se reunió con representantes de uno de los gremios que claramente se oponen a la formalidad en la minería. Hablamos de la Confederación Nacional de Pequeños Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Confemin Perú) que ha buscado en los últimos meses que se puedan ampliar el REINFO desde el Congreso, lo cual se logró hasta diciembre de este año.

«El mandatario reafirmó la voluntad del Poder Ejecutivo de promover un marco de estabilidad jurídica y social que brinde mayor certeza y mejores condiciones a las familias que dependen de esta actividad, siempre a través del diálogo y con responsabilidad», fue el mensaje colocado en la cuenta de la Presidencia.

Como se sabe, la Confemin es liderada por Máximo Franco Becker, quien ha sido el rostro visible de este sector informal y tuvo una militancia en el partido Renovación Popular. Él ha participado de varias mesas técnicas del Ejecutivo y el Parlamento con el objetivo de que se pueda implementar la llamada Ley MAPE para abordar la problemática que afecta básicamente a la minería artesanal y de pequeña escala. 

No obstante, el bloque liderado por Becker exige una norma que resuelva el acceso a la tierra porque, a su juicio, el Gobierno solo da «parches» temporales para que los mineros informales puedan formalizarse. Además, sostiene que el 97% de los mineros artesanales trabajan en concesiones de terceros.

Presidente Balcázar con mineros ilegales. (Crédito: Presidencia)

La Confemin cuestiona que la ley no obligue a los titulares de las concesiones a firmar contratos de explotación, lo que impide su formalización real. Por ello, enfatizan que las leyes actuales son «simbólicas» y no protegen la inversión del pequeño minero frente a las grandes empresas mineras.

Una postura que es compartida por algunas organizaciones ambientalistas que mencionan que la nueva Ley MAPE permita actividades en zonas de amortiguamiento y territorios indígenas, lo cual es calificado como un peligro para la biodiversidad.

Pérdidas millonarias

Lo cierto es que las cifras son dramáticas. Según el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), para el cierre de 2025, la minería ilegal provocó una pérdida de S/7,800 millones en la recaudación fiscal.

De ese monto, S/5,200 millones corresponden al Impuesto a la Renta no pagado, mientras que los restantes S/2,600 millones corresponde a lo que las regiones perdieron por concepto de canon minero.

De otro lado, el Instituto Peruano de Economía (IPE) estima que las exportaciones de oro ilegal alcanzarán los US$12,000 millones este año. Esta cifra es alarmante porque, por primera vez, iguala o incluso supera el valor de las exportaciones de oro de la minería formal. 

Se estima también que el impacto total de esta actividad ilícita equivale a casi el 2.5% del PBI nacional.

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