La propuesta obtuvo el respaldo de grupos de izquierda como Juntos por el Perú y Podemos, que tienen entre sus filas a candidatos que defienden la minería ilegal
Por: Rodrigo Chillitupa Tantas
Mientras la atención está en el tramo final de la campaña electoral, en el Congreso de la República aprovechan para abrirle la puerta aún más a la minería ilegal. La Comisión de Energía y Minas aprobó el último martes 17 un dictamen que modifica la Ley General de Minería. Entre los puntos que se agregaron se encuentra lo siguiente: «fortalecer las concesiones mineras y evitar la existencia de concesiones ociosas».
Lo más alarmante del texto de 69 páginas es que se recoge varias ideas de agrupaciones de izquierda que apuntan contra las empresas mineras formales. Así se puede mencionar colocaron en la norma reducir los plazos de caducidad de las concesiones, fijar penalidades ante el incumplimiento de una inversión mínima en proyectos y establecer algunas prorrogas adicionales que podrían ser revisadas oportunamente.
Entre los parlamentarios que respaldaron estos puntos están Roberto Sánchez y Víctor Cutipa (Juntos por el Perú); Pasión Dávila (Bancada Socialista); Kelly Portalatino (Perú Libre); Guido Bellido y José Arriola (Podemos Perú); Carlos Alva y Wilson Soto (Acción Popular); Héctor Valer y Elizabeth Medina (Somos Perú); y Segundo Quiroz (Alianza para el Progreso). La única que rechazó la propuesta fue la legisladora Diana Gonzáles de Avanza País.
Propuesta contra la minería formal pasará al Pleno del Congreso.
Disposiciones peligrosas
La disposición legal determina que aquellas concesiones mineras que no evidencien actividad operativa serán declaradas en caducidad definitiva en un periodo de 15 años, lo cual acorta el plazo vigente de 30 años. A la par, se fija la obligatoriedad de que el titular del derecho minero certifique, al llegar al décimo año, dos aspectos técnicos: haber concretado una inversión mínima y haber obtenido la producción anual exigida por hectárea.
Al finalizar el decimoquinto año, si no se han satisfecho las exigencias legales, la autoridad competente procederá con la declaración de caducidad del derecho minero. Este proceso administrativo contempla una notificación previa y otorga un margen para subsanar las omisiones que no excederá los 12 meses.
La extinción de estas concesiones de forma acelerada, bajo una capacidad de supervisión estatal limitada y sin un sistema de reasignación estructurado, genera espacios que pueden ser ocupados por la minería informal o ilegal. La liberación de tierras no asegura el ingreso de empresas formales en ausencia de una estrategia de control y formalización; por el contrario, existe el riesgo de incrementar los asentamientos irregulares y los daños al medio ambiente.
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