Resolución judicial desestimo pedido de la Fiscalía contra extitular de la entidad electoral porque consideró que no había riesgo de obstaculización de la justicia ni riesgo de fuga
Por: Rodrigo Chillitupa Tantas
La Fiscalía y la Policía Nacional allanó esta mañana la vivienda de Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el marco de la investigación por las preguntas irregularidades registradas durante las elecciones generales del pasado domingo 12 de abril.
Sin embargo, la casa de Corvetto no fue la única intervenida, sino otras viviendas de once los exfuncionarios José Samamé y Juan Fang, entre otros, y al representante legal de la empresa Galaga, en el marco de una investigación por el presunto delito de colusión agravada.
Un detalle en la resolución del magistrado de investigación preparatoria Manuel Chuyo Zavaleta es que se negó la detención preliminar de Corvetto, quien entregó sus pasaportes -tanto peruano como italiano- el último martes a la Fiscalía de la Nación tras anunciar su salida del mando de la ONPE.
Llamó la atención los argumentos del magistrado para no aceptar el requerimiento del Ministerio Público contra Corvetto. Entre ellos que no se analizó el arraigo familiar, domiciliario ni laboral del investigado antes de pedir el encierro contra el exjefe de la ONPE.
Los argumentos del PJ para declarar infundado de detención preliminar contra Piero Corvetto, exjefe de la ONPE.
El juez recordó que la detención preliminar solo procede para diligencias urgentes e inaplazables que requieren la presencia del investigado. «No se puede privar de la libertad a una persona para asegurar actos de investigación futuros o desconocidos», anota.
«Se denota la ausencia de circunstancias objetivas… no se puede privar de la libertad a una persona para asegurar actos de investigación futuros o que se desconocen», se lee en el fallo.
Piero Corvetto es investigado por presuntamente favorecer a la empresa Servicios Generales Gálaga SAC en contratos para los comicios de 2026, mediante la flexibilización de lineamientos y la designación de funcionarios sin experiencia. Además, se le cuestiona por la omisión de funciones tras la no instalación de 63 mil mesas de sufragio el pasado 12 de abril.
Aunque el exjefe de la ONPE enfrentará el proceso en libertad, los allanamientos a sus propiedades y las incautaciones de documentos continuarán como parte de la estrategia para esclarecer la transparencia del sistema electoral.
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