Un informe del Centro Wiñaq advierte que, aun sin control parlamentario, el Ejecutivo puede golpear la competitividad mediante la parálisis de infraestructura, la alta rotación de técnicos y el uso discrecional de entidades reguladoras

Por: Rodrigo Chillitupa Tantas

Existe la percepción extendida de que un Gobierno sin mayoría en el Parlamento tiene las manos atadas. Sin embargo, un análisis del Centro Wiñaq, titulado ‘Más allá del Congreso: mecanismos de afectación desde un Poder Ejecutivo sin mayoría congresal’, desmitifica esta idea.

El informe advierte que el verdadero riesgo político en el próximo quinquenio 2026-2031 no solo reside en grandes reformas legislativas, sino en el uso discrecional de las capacidades operativas del Estado que tendría el nuevo presidente de la República, las cuales pueden generar un impacto acumulativo devastador en la economía nacional.

El documento señala que el control de la ejecución del gasto, el nombramiento de funcionarios y la regulación sectorial permiten al Ejecutivo influir directamente en el desarrollo sin necesidad de votos parlamentarios. Es decir, podría aprobar algunas medidas concretas sin que tenga el visto bueno de la Cámara de Diputados y el Senado que entrarán a funcionar desde el 28 de julio. 

Un ejemplo crítico es el deterioro de la infraestructura vial: mientras que en 2020, bajo restricciones de pandemia, se asfaltaron 238 km de carreteras, en 2022 la cifra cayó a solo 74 km. Esta reducción de eficiencia del 222% no respondió a cambios legales, sino a una conducción operativa deficiente desde Palacio de Gobierno.

Presidente José María Balcázar gobierna desde Palacio.

La gestión de proyectos públicos es otra área de alta vulnerabilidad. Actualmente, el país arrastra un inventario de 1,879 obras paralizadas, lo que representa más de S/ 21,500 millones en inversión estancada en sectores clave como transportes, salud y educación.

Según el informe del Centro Wiñaq, este estancamiento se debe principalmente a la elaboración de expedientes de baja calidad y a la designación de funcionarios que no cumplen con los perfiles técnicos requeridos.

A esto se suma la extrema rotación en el aparato público. El antecedente de haber nombrado a más de 50 ministros en un solo año evidencia cómo la inestabilidad en los cuadros técnicos impide la continuidad de las políticas públicas y genera incertidumbre en los inversionistas.

Sectores como Agricultura y Transportes han sufrido parálisis directas debido a equipos que apenas superan los dos meses de permanencia en el cargo. De otro lado, desde la presidencia se podrían seguir emitiendo decretos que destinen nuevos salvatajes financieros a Petroperú con el fin de siga en funciones pese a su grave crisis de liquidez económica que la hace una empresa inviable. 

Alta rotación en ministerios genera inestabilidad.

Riesgos y uso político

El análisis de Wiñaq también pone el foco en la «Agenda 19» y la política laboral impulsada desde el Ministerio de Trabajo.

Mediante decretos supremos —que no requieren aprobación del Congreso—, el Ejecutivo puede incrementar la rigidez laboral y elevar costos de contratación, afectando especialmente a las mype y fomentando la informalidad.

Asimismo, la política minera puede ser alterada mediante decisiones administrativas que dificultan la operación formal —como el retraso de permisos— o que, por el contrario, reducen la fiscalización sobre actividades ilegales e informales, alterando el entorno de inversión en una actividad estratégica para las divisas del país. 

Finalmente, el informe advierte sobre el peligro de la instrumentalización política del aparato estatal. El uso de prefectos como operadores territoriales y la politización de programas sociales pueden crear un clima de alta incertidumbre política.

«El Ejecutivo, a través de sus facultades administrativas y regulatorias, tiene el poder de afectar la competitividad y la estabilidad institucional del Perú de manera silenciosa pero profunda», concluye el documento. 

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