COSAS habla con el expresidente del Tribunal Constitucional que analiza la viabilidad de los pedidos realizados a raíz de las irregularidades del 12 de abril. Además, alerta que el escenario de la segunda vuelta podría dividir más al país
Por: Rodrigo Chillitupa Tantas
-Los JEE ya comienzan a proclamar los resultados de las elecciones del 12 de abril. Después de un mes para entrar a la segunda vuelta.
-El Jurado Nacional de Elecciones se rige por el principio de legalidad. Solo puede hacer aquello que la Constitución y su propia ley orgánica les autoriza. Ante el pedido de plantearse una nulidad, digamos, las razones y argumentos para ese pedido no están señaladas en la ley y, en consecuencia, no se podría dar viabilidad a esa solicitud. En segundo lugar, el proceso electoral tiene reglas que son las más importantes: el 26 de julio se debe instalar el nuevo Congreso de la República, el 27 de julio, las Cámaras de Diputados y Senadores deben elegir a sus mesas directivas, el 28 de julio tiene que juramentar el nuevo presidente de la República y en la tarde de ese mismo día debe prestarse juramento al nuevo gabinete.
-¿Son reglas inalterables que no podrían cambiarse?
-Solo podrían ser modificadas, primero, a través de un proceso de reforma constitucional que obviamente no puede hacerse en tan breve plazo. La convocatoria a nuevas elecciones, sobre una base incierta y por los argumentos que se han dado, no son pruebas y demorarían un poco más de un año. Además, habría que resolver el problema de quién ejercería la presidencia de la República durante ese lapso adicional. Por otro lado, este Congreso tendría que prorrogar su mandato. Entonces, esas razones legales hacen que el pedido [nuevas elecciones] no sea viable más allá de que no existen argumentos sólidos, pero sí claras irregularidades que seguramente deben ser sancionadas administrativamente e investigadas por ser de carácter penal. Debe darse un proceso de restructuración del JNE y la ONPE para no volver a repetir lo sucedido el 12 de abril.
-Pero cómo evitar que las irregularidades no se repitan en la segunda vuelta del 7 de junio cuando la empresa Gálaga, responsable del caos del 12 de abril, quiere otra vez distribuir el material electoral. ¿Acaso no existe una negligencia de la ONPE?
-Usted ha mencionado a Gálaga, efectivamente, por esa situación perversa que se presenta. Pero hay algo que abona a su punto de vista: se informó el último domingo de esta situación irregular de haber contratado a una empresa M&T internacional, que tiene solo dos trabajadores y tiene un contrato para la segunda parte del proceso, para el tema de la auditoría. Lo curioso es que leyendo las clausulas del contrato, veo que esto ha sido muy focalizado y no responde a las inquietudes que tiene la ciudadanía que no pueden ser sustituidas por una auditoría de parte y va requerir una auditoría internacional para sancionar y corregir para que no se presente esta situación.
Para expresidente del TC, proceso electoral está seriamente dañado por las irregularidades del 12 de abril.
-¿Cuál es su lectura del papel de Roberto Burneo, presidente del JNE, quien ha cedido a varias pretensiones como plantear unas elecciones complementarias y una auditoría?
-Creo que el proceso está profundamente dañado. Vamos a ir probablemente a una segunda vuelta. Muchos vamos a votar, digamos, no por un candidato o por otro. Vamos a justificar nuestra participación en el hecho de optar por un modelo de democracia representativa con una economía social de mercado o la aventura que ha llevado al colapso económico y social que se ha vivido en Venezuela y Bolivia. En realidad, nos vamos a votar por las personas o partidos, sino porque está en juego el modelo político y económico. Luego, esperamos que el nuevo gobierno no incurra en actos de corrupción y promueva la unidad nacional. Estamos muy divididos. Las elecciones han erosionado más esta situación.
-Se pone también en tela de juicio la legitimidad del nuevo gobierno. Y con un Congreso, cuya fragmentación resulta evidente en las dos cámaras que se instalarán.
-Estamos de acuerdo que quien llegará al gobierno estará con un déficit de legitimidad que solo se podrá recuperar haciendo una gestión transparente, competente y en unión con distintos sectores de la sociedad peruana. Creo que el Congreso, en teoría, podría mejorar en su funcionamiento porque la Cámara de Senadores ha sido diseñada para sea más de reflexión a comparación de la de Diputados. El Senado podría mejorar el control de las normas que luego terminan en fila en el Tribunal Constitucional porque tienen visos de inconstitucionalidad porque son inviables en lo económico y políticamente incorrectas. Pero el problema no está en el diseño del Senado, sino en la composición que va a surgir no es la mejor. El número de partidos que llegan sigue siendo alto y eso complica los niveles de concertación. Habrán muchas bancadas de piratas. Nadie puede asegurar que bancadas como Obras se va mantener en el tiempo. Incluso, la de Juntos por el Perú, donde son de distintas tribus, nada descarta que se puedan desunir. Eso puede llevar a la dispersión.
-¿La demanda de amparo y la medida cautelar del alcalde Renzo Reggiardo ante el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional contra el JNE resultan viables?
-En relación a la acción de amparo, estamos hablando de un juzgado un poco raro y complicado. Tiene sentencias que han sido bastantes discutibles. Incluso, la inadmisibilidad [de la acción de amparo] no procedería porque el nuevo Código Procesal Constitucional señala que toda demanda debe ser tramitada. Las dudas que el juez tiene se absolverían en el momento de la audiencia. Lo que sí vamos a estar de acuerdo la mayoría de los abogados es que ese amparo nace muerto. Ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en sentencias que si bien se puede presentar una acción de garantía como un amparo en el ámbito del sistema electoral, ello no debe impedir o menoscabar los actos administrativos y seguir el proceso. Seguramente, ese amparo será resuelto después del proceso electoral y tendrá alguna sanción administrativa o penal, pero en el proceso electoral mismo no tendrá un efecto. Respecto al conflicto competencial, la tesis de la Municipalidad de Lima es que si no se detiene el proceso habrá un caos, pero eso de ningún modo alguno configura un conflicto competencial. Además, tampoco podemos adelantar que ese escenario se presentará. Además, si se diera, está el Ministerio del Interior y la Fiscalía para que hagan su trabajo. En síntesis, estas dos causas están perdidas.
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