Si algo ha caracterizado a la administración del presidente Pedro Castillo desde el inicio ha sido la capacidad que ha tenido para propiciar incertidumbre.
El Ejecutivo, más allá de la doctrina anacrónica de Perú Libre, no ha dado señales claras sobre qué políticas públicas necesita el Perú para generar crecimiento y bienestar y qué constituye su visión de país hacia el largo plazo. Por el contrario, la ciudadanía ha presenciado un extenso desfile de ministros de Estado y funcionarios públicos con una deficiente capacidad y solvencia moral para liderar las diversas instituciones estatales, extinguiendo así la posibilidad de que el Ejecutivo pueda trazar lineamientos sectoriales concisos.
Sin embargo, quizá uno de los estandartes más tangibles que sí ha impulsado el Ejecutivo ha sido el decreto para prohibir la tercerización laboral en actividades ‘nucleares’ de las empresas. Desde que la ministra Bettsy Chávez ocupó la cartera de Trabajo, el gobierno del presidente Castillo se ha empecinado por viabilizar la iniciativa, la cual finalmente llegó a ser aprobada a inicios de este año a pesar de la opinión desfavorable de diversos gremios empresariales, sectores de la academia y del propio Ministerio de Economía y Finanzas. Y es que la prohibición de la tercerización laboral es enormemente problemática por diversos motivos.
El deficiente sustento del proyecto
El primero es que la norma no establece claramente qué cosa compone la actividad ‘nuclear’ de una empresa. Además, la política desconoce por completo la naturaleza de la actividad empresarial en torno a la especialización y a la maximización de la productividad a partir de la consolidación de actividades a lo largo de una cadena de valor. Más aún, el proyecto ignora por completo la compleja coyuntura que existe en el país en torno a la propagación de la informalidad, en la cual tres de cada cuatro trabajadores trabaja en condiciones informales que existen al margen de toda la regulación laboral que exige el Estado. Otro elemento cuestionable de la norma es la falsa suposición que se hace al asumir que los trabajadores que laboran en una empresa tercerizada van a trasladarse automáticamente a la planilla de la empresa nuclear. Desafortunadamente, no existe evidencia de que esto vaya a ser así, contribuyendo a más desempleo, informalidad e incertidumbre en el mercado.
El proyecto ignora por completo la compleja coyuntura que existe en el país en torno a la propagación de la informalidad.
A pesar del aprovechamiento del discurso político en torno a este tema, su desenlace ha sido en extremo decepcionante para el Ejecutivo. Una medida cautelar aplicada por el Indecopi ordenó recientemente la suspensión de la aplicación de la norma ya que la consideró una barrera burocrática ilícita, esto a pesar de las crecientes presiones en el Congreso para derogarla por completo. Como colofón y muestra concisa —una vez más— de la carencia de visión integrada del Ejecutivo en conjunto, el ministro de Economía Kurt Burneo sostuvo hace unos días que si la evidencia no demuestra que la iniciativa está cumpliendo con su finalidad, “entonces es evidente que hay poco bastimento para que se mantenga”. Lamentablemente para la narrativa política del Ejecutivo, la evidencia lo demostrará.
*El autor es actualmente asesor parlamentario en el Congreso de la República.
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