El déficit fiscal volvió a superar el límite legal y el gobierno evita enfrentar el problema. Moody’s lanza una seria advertencia y crece la preocupación por la pérdida de credibilidad del Perú. La estabilidad económica, construida durante décadas, no debería ponerse en juego.

Por: Rollin Thorne Davenport (*)

En las últimas semanas, diversos medios de comunicación han reportado con preocupación que el gobierno peruano estaría nuevamente incumpliendo las reglas fiscales vigentes, lo cual ha encendido las alarmas tanto a nivel nacional como internacional. El Consejo Fiscal —órgano autónomo que supervisa la sostenibilidad de las finanzas públicas— ha advertido que en el 2024 el déficit fiscal alcanzó el 3,5% del PBI, superando el límite legal de 2,8%.

Pese a ello, el Ejecutivo no ha reconocido abiertamente este desvío en sus informes oficiales ni ha presentado un plan concreto para corregirlo. A ello, se suma la dura advertencia de la calificadora Moody’s, que señaló recientemente que el país ha perdido credibilidad fiscal y que sería catastrófico que el Perú pase a formar parte del “club de irresponsables fiscales”. El escenario resulta aún más preocupante si se considera que esta no sería una excepción puntual, sino parte de una tendencia que el país viene arrastrando en los últimos años.

La regla fiscal, diseñada para evitar excesos en el gasto público y asegurar la sostenibilidad de la deuda en el tiempo, ha sido por años uno de los pilares del orden macroeconómico peruano. El Perú ha sido ejemplo en la región por su manejo prudente y responsable de las cuentas públicas, lo que permitió mantener bajos niveles de deuda, un sol estable y acceso a financiamiento en condiciones favorables.

Moody’s, que señaló recientemente que el país ha perdido credibilidad fiscal y que sería catastrófico que el Perú pase a formar parte del “club de irresponsables fiscales”.

Pero este prestigio, afianzado con esfuerzo durante décadas, puede perderse rápidamente si la administración de la presidenta Dina Boluarte opta por diluir las reglas o ignorarlas sin mayor explicación. Más allá de las cifras, el problema de fondo es el deterioro de la confianza en el país. Cuando el gobierno se desvía de los compromisos fiscales sin asumirlo ni ofrecer una ruta clara de corrección, se envía una señal muy negativa a los mercados y a los inversionistas privados.

Esto puede traducirse en un mayor costo de financiamiento, menor disposición por invertir en el país y, eventualmente, en una pérdida de la calificación crediticia. La falta de disciplina fiscal no sólo afecta la percepción externa, sino que también reduce el margen interno de maniobra para responder ante crisis, financiar servicios públicos o impulsar inversión en infraestructura.

El Perú no puede darse el lujo de normalizar el incumplimiento fiscal. Tampoco puede seguir apelando a cambios oportunistas de la regla solo para cumplirla formalmente, sin una verdadera voluntad de ordenar las finanzas públicas. El contexto global es complejo y competitivo y son los países que transmiten confianza los que atraen inversión. Por otro lado, aquellos que muestran señales de desorden tienden a estancarse.

Esto puede traducirse en un mayor costo de financiamiento, menor disposición por invertir en el país y, eventualmente, en una pérdida de la calificación crediticia.

El compromiso con la responsabilidad fiscal no debe ser solo un principio técnico, sino una apuesta política de largo plazo. Por todo ello, es fundamental que el Ejecutivo recupere el rumbo y actúe con responsabilidad. No se trata de recortar el gasto de manera indiscriminada, sino de priorizar, planificar bien y gastar con eficiencia. Preservar el orden fiscal es también proteger la estabilidad económica y el bienestar de los ciudadanos. El Perú ha sabido destacarse por su buen manejo macroeconómico durante las últimas décadas; es momento de reafirmar ese compromiso y no dejar que la inercia del corto plazo y malas decisiones políticas pongan en riesgo todo lo avanzado.

* Asesor parlamentario en el Congreso de la República.

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