El Ministerio Público ha alertado sobre el incremento de casos en los que adultos emplean a menores de edad para pedir limosna, fingiendo ser sus padres. Las denuncias se concentran en distritos como San Borja, La Molina, Miraflores y San Isidro.
Por María Jesús Sarca Antonio
Somos parte de una estadística que en el mundo alcanza a 137 millones de niños. El delito de compra y alquiler de niños con fines de mendicidad forzada se expande en el Perú, con un impacto que debe indignarnos mientras las autoridades responsables se enfrascan en polémicas ideológicas.
Mientras las fiscales Delia Espinoza y Patricia Benavides se enfrentan públicamente por el control del Ministerio Público, las redes que captan, trasladan y explotan a menores siguen operando sin mayor fiscalización. Pese al incremento de casos, no hay esfuerzos visibles dedicados a la desarticulación.
Crecen las denuncias por alquiler de menores para mendicidad forzada en Lima. En lo que va del año, 24 víctimas fueron identificadas.
Zonas más afectadas
Los distritos donde se concentran los casos son zonas acomodadas, donde los tratantes encuentran mayores oportunidades de lucro. “Al ser lugares de un estrato social más alto, les resulta más atractivo a los explotadores. Ven que allí pueden obtener mejores ingresos”, añadió Romero. La presencia de niños acompañados por adultos sin vínculo parental se ha vuelto habitual en espacios concurridos como parques, avenidas y zonas turísticas.
Niños de entre 1 y 5 años son alquilados por horas para pedir limosna.
Uno de los patrones detectados se produce entre diciembre y marzo, cuando menores de regiones andinas migran temporalmente a Lima para buscar ingresos. Si bien algunos llegan acompañados de sus padres, otros son contactados por adultos que los trasladan a viviendas desde donde los distribuyen a distintos puntos de la ciudad.
“En una oportunidad encontramos inmuebles en el Cerro El Pino y Ate Vitarte. Sin embargo, estas personas se ocultan muy bien y cuando la policía quiere hacer el allanamiento, ya no da con ellos. Los niños ya se regresaron a su lugar de origen”, explicó Romero.
Modalidades y consecuencias penales
El director ejecutivo de Capital Humano y Social Alternativo, Ricardo Valdés, precisó que esta modalidad de explotación se enmarca legalmente como trata de personas. “Cualquier circunstancia que se orienta a captar a una mujer embarazada con la finalidad de la venta de niños, o bien captar a un menor de edad con la finalidad de tenerlo en una situación de mendicidad forzosa, es considerado trata de personas. Y por lo tanto, dependiendo de la escala de agravantes, puede tener de 10 a 12 años de cárcel».
Valdés también alertó sobre el uso de sustancias para adormecer a los menores. “Es un tercero, que no forma parte de la red familiar, quien los narcotiza”.
Radiografía del crimen organizado detrás de la trata
Las estadísticas del Ministerio Público reflejan un aumento sostenido de víctimas de trata en todas sus formas. En 2023 se reportaron 1.229 víctimas; en 2024, la cifra subió a 2.809; y en lo que va de 2025 ya suman 3.203. Las denuncias también aumentaron: de 827 en 2020 a más de 2.000 en 2024. Solo entre enero y junio del 2025 se presentaron 942 denuncias.
La modalidad con mayor crecimiento fue la explotación sexual: pasó de 285 víctimas en 2023 a 1.954 en 2024. En comparación, la explotación laboral muestra una ligera disminución, mientras que los casos en investigación se redujeron este año, lo que, según Romero, obedece a que las fiscalías ahora formalizan más rápidamente los casos.
Algunos adultos simulan un vínculo familiar con los menores, pero en realidad los rentan por tiempo determinado para pedir limosna.
Lima y Callao siguen siendo las principales zonas de operación del delito. El análisis de 275 sentencias emitidas entre 2023 y marzo del 2025 revela que el 55% de las víctimas fueron retenidas en zonas urbanas de la capital. Además, el 70% de los casos involucraron transporte terrestre, muchas veces con documentación falsificada. El 25% de las víctimas fueron captadas por conocidos o familiares, y el 15% mediante redes de tráfico de migrantes.
Por el momento, solo el 80% de las investigaciones concluyen con sentencias condenatorias. Desde el 2021, estas pasaron de 67 a 181 en 2024, y ya suman 97 en lo que va del 2025. La duración promedio de un proceso por trata es de 14 meses.
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