Una reciente investigación advierte que la burocracia estatal consume 283 días laborales al año, mientras el 99.2% de empresas siguen siendo pequeñas y la inestabilidad política frena la inversión.
Por Camila Costa*
En el Perú, emprender un negocio formal es casi un acto heroico. Según el nuevo Índice de Burocracia 2025, elaborado por la Asociación de Contribuyentes junto al Adam Smith Center, una empresa mediana dedica 6,802 horas al año —equivalente a 283 días laborales— solo a cumplir con trámites estatales. Abrir una compañía requiere 139 días de papeleo. Operarla, otros 145. En conjunto, la burocracia le roba casi un año entero a los empresarios peruanos.
Detrás de cada trámite, permiso o inspección se esconde un costo de oportunidad: tiempo y recursos que podrían destinarse a producir, innovar o contratar. Pero el sistema parece diseñado para castigar al que quiere crecer. No sorprende que el 99.2% de las empresas sean micro o pequeñas, y apenas 0.2% medianas. En Perú, crecer es un castigo: más regulaciones, más impuestos, más fiscalización.
La ecuación es perversa. A un sistema tributario costoso y complejo, se suma una rigidez laboral que encarece la contratación y un salario mínimo que equivale al 68% del sueldo promedio, uno de los más altos de la región en proporción. Todo esto ocurre en un contexto de inestabilidad institucional —siete presidentes en nueve años— que erosiona la confianza y frena la inversión.
El resultado es predecible: un país con alto espíritu emprendedor, pero bajo nivel de formalización. Según Ipsos, el Perú es el tercer país con mayor deseo de emprender en el mundo. Pero cuando abrir una empresa toma más de 3,000 horas de trámites, muchos optan por operar fuera del sistema. La informalidad no es solo una elección económica, sino una respuesta racional a un Estado que complica más de lo que ayuda.
Ejemplos abundan. El Ministerio de Trabajo, por ejemplo, prohibió la tercerización de actividades del “núcleo del negocio”, sin definir con claridad qué significa. La medida encareció los costos laborales y redujo la eficiencia, al impedir que empresas especializadas ofrezcan servicios competitivos. El Indecopi tuvo que intervenir para declarar ilegales partes del decreto por atentar contra la libertad de empresa. Sin embargo, aún no se deroga esta ley.
El principal obstáculo para la formalidad no es la falta de recursos, sino el propio Estado. Las normas ambiguas, los vacíos legales y la discrecionalidad fomentan corrupción y sanciones arbitrarias. La carga burocrática no solo reduce la productividad, sino que destruye confianza.
Si el Perú quiere volver a crecer, necesita un cambio de enfoque: menos trámites, más libertad. No se trata de eliminar la regulación, sino de hacerla eficiente, predecible y al servicio del ciudadano. Porque mientras el Estado siga actuando como un obstáculo y no como un aliado, la formalidad seguirá siendo un privilegio y no una meta alcanzable.
*Camila Costa, Directora de la Asociación de Contribuyentes
