En el programa de la agrupación del candidato presidencial Roberto Sánchez se indica también que se revisarán los beneficios penitenciarios y otras formas de prisión para los criminales.
El candidato presidencial Roberto Sánchez presentó el último lunes su nuevo plan de gobierno con el que busca derrotar a Keiko Fujimori en la segunda vuelta que tendrá su final este domingo 7 de junio. Sin embargo, algunos pasajes del programa del líder de Juntos por el Perú (JP) llama poderosamente la atención.
En caso de llegar al poder, Sánchez y su agrupación JP tienen proyectado realizar modificaciones en torno a la sanción penal que se le aplican a las personas que participan en protestas. Así se tiene que plantean derogar el Decreto Legislativo 1589, promulgado en diciembre del 2023, que «criminalizó la protesta social al agravar los delitos de entorpecimiento del transporte y disturbios».
En esa línea, el heredero político del expresidente Pedro Castillo propondría ante el Parlamento que se pueda crear nuevos delitos de “colaboración” dentro del Código Procesal Penal para aplicar todo el rigor a quienes se ponen al margen de la ley para generar desmanes en la vía pública en escenarios de manifestaciones.
Plan de Juntos por el Perú sobre medidas en asuntos de protestas social.
Revisión de prisiones preventivas
Otra de las propuestas que también aparecen dentro del plan de Juntos por el Perú se refiere a solucionar el problema del hacinamiento de los penales que ya fue advertido en una sentencia del Tribunal Constitucional publicada en junio del 2020. Hablamos del expediente N.° 05436-2014-PHC/TC.
En ese fallo, el TC declaró que el hacinamiento carcelario crónico y las severas deficiencias en la infraestructura y servicios básicos a nivel nacional constituyen una violación masiva y sistemática de los derechos fundamentales de los internos.
Además, la institución dispuso un mandato sin precedentes: si para el año 2025 no se lograba revertir o superar este estado de cosas inconstitucional, se deberían cerrar progresivamente los seis penales con mayor nivel de hacinamiento en el país. Entre ellos Chanchamayo, Jaén, Callao, Camaná, Abancay y Castro Castro.
A raíz de este escenario, si Sánchez y JP llegan al poder buscarán la racionalización de la prisión preventiva y reformas en beneficios penitenciarios y medidas alternativas a la prisión. Esto también pasaría por sendas modificaciones al Código Procesal Penal a través de una iniciativa legislativa.
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