Por Alejandro Saldaña
Esta semana, la publicación de unas grabaciones confidenciales e inédita del excomisario español José Manuel Villarejo ha acaparado la atención mediática, al reavivar la controversia en torno a los negocios de saunas y prostíbulos que, durante varios años, estuvieron vinculados a la familia de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.
En esos audios, traspasados al PSOE por el empresario Javier Pérez Dolset, Villarejo detalla la colocación de micrófonos y microcámaras en espacios privados para capturar imágenes y conversaciones de líderes políticos, jueces y altos ejecutivos. Lo que a simple vista parecía un conjunto de locales de ambiente y pensiones por horas, funcionaba en realidad como una compleja red de espionaje y extorsión. Con esta nueva evidencia, se reabre la polémica sobre el uso indebido de esos establecimientos para maniobras de chantaje político.

Sabiniano Gómez constituyó la empresa San Bernardo 36 S.L. a principios de los 80 para gestionar sus negocios de saunas.
La red empresarial arrancó a principios de los años ochenta cuando Sabiniano Gómez constituyó San Bernardo 36 S.L. y adquirió el antiguo Cine Mundial de la calle Alcalá, transformado primero en salón de celebraciones y más tarde en la sauna Adán, un local de dos pisos con bar, cabinas privadas y cuarto oscuro. “Los espacios estaban diseñados para el público gay, pero en realidad recibían a todo tipo de clientes”, relata Villarejo. El padre de Begoña Gómez pagaba a Muface rentas “irrisorias” por un total de 483 m² que hoy superarían los 1,2 millones de euros en valor de mercado.
En 2006, justo cuando Pedro Sánchez y Begoña Gómez se casaron, Sabiniano dejó el timón en manos de su hermano Enrique Francisco. Aquel relevo fue puramente formal: “Ella no estaba dando un servicio —asegura el exjefe de la UDEF, José Luis Olivera—, sino que estaba en una sociedad del padre como autorizada”. De hecho, en uno de los audios inéditos, Villarejo comenta con sorna que “es un negocio muy honorable… es como una pensión por horas”.
Mientras tanto, la familia amplió su cartera: abrió la sauna Azul en Concepción Arenal, la Princesa junto a Gran Vía y un prostíbulo —rebautizado Roses— en el Paseo de la Castellana 180. Según Villarejo, esos locales “eran el escenario perfecto para tender trampas”, instalando micrófonos ocultos para grabar a jueces, empresarios y periodistas en pleno acto.

Uno de los locales más emblemáticos fue la sauna Adán, ahora clausurada, ubicada en la calle San Bernardo y en suelo propiedad de la mutualidad pública Muface.
Los documentos del tribunal de cuentas y varias solicitudes de transparencia revelan que Muface nunca hizo público el expediente de arrendamiento ni revisó los contratos pese a varias advertencias sobre condiciones abusivas. El Tribunal Escolar denunció contratos “muy ventajosos” para San Bernardo 36 S.L., con rentas mensuales que rondaban los 850 € por el ático y apenas 1.200 € por la sauna Adán, cifras que contrastan con el mercado actual en el centro de Madrid.
La pandemia sirvió de punto de inflexión: la sauna Adán cerró sus puertas poco antes de marzo de 2020 y el ático se transformó en alojamiento turístico. Sin embargo, siguen en pie las dudas sobre cuántas de esas grabaciones permanecen archivadas y quién tendría acceso a ellas. El propio Villarejo alude a “cintas que todavía se mueven por despachos oscuros”.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez se casaron en 2006 con una ceremonia civil celebrada por Trinidad Jiménez, ex concejala de Madrid.
Hoy, la sombra de aquella red toca de lleno al entorno de Moncloa. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya investiga posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias —incluyendo la vinculación de Begoña Gómez en la gestión contable— y España espera un pronunciamiento claro que determine responsabilidades. Mientras tanto, Madrid sigue preguntándose cómo una serie de saunas y prostíbulos se convirtieron, durante décadas, en el epicentro de una operación de chantaje político.
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