Tras más de dos semanas de clausura, Larcomar reabrió parcialmente, aunque varias zonas siguen inhabilitadas por observaciones que especialistas independientes consideran menores y técnicamente discutibles.
Por Alejandro Saldaña
La disputa entre Larcomar y la Municipalidad Distrital de Miraflores (MDM) escaló a mediados de junio, cuando la comuna ordenó la clausura temporal del icónico centro comercial. La medida se fundamentó en un informe municipal que señalaba fallas en la infraestructura de las áreas comunes, zonas de tránsito de visitantes, instalaciones eléctricas expuestas y una “inadecuada implementación de medidas de seguridad”. A raíz de estas observaciones, la MDM revocó el certificado ITSE de Larcomar, argumentando daños estructurales que, según la empresa, no existían.
Por su lado, Larcomar calificó la clausura de arbitraria. Según acreditaciones emitidas por ingenieros civiles expertos, las supuestas fallas no comprometían la estabilidad del edificio ni ponían en riesgo la vida de los visitantes. “Las deficiencias detectadas no constituyen daños estructurales”, afirmó un vocero del centro comercial. El equipo de Larcomar intentó presentar un nuevo certificado ITSE de manera presencial para levantar las observaciones, pero denunció que la Municipalidad impidió el ingreso de los documentos, obligándolos a tramitarlo de forma virtual.
La Municipalidad otorgó un plazo de 30 días para que Larcomar presente estudios técnicos sobre estabilidad estructural y geotecnia para zonas aún cerradas tras la reapertura parcial.
El 28 de junio, fiscalizadores municipales regresaron al centro comercial para una segunda inspección. Aunque evaluaron las observaciones iniciales, encontraron nuevos incumplimientos que, a juicio de Larcomar, podrían considerarse menores o irrelevantes. Esta situación reabre la pregunta más obvia: ¿por qué no se detectaron en la primera fiscalización?
Frente a la detección de supuestas faltas menores, la clausura total aplicada inicialmente parece desproporcionada, especialmente considerando que tras la segunda inspección Larcomar fue autorizado a reabrir parcialmente, aunque algunas áreas aún permanecen cerradas. Además, la revocación del ITSE debería reservarse para casos que representen un verdadero peligro para la seguridad pública.
Existen 43 fallas relacionadas con rutas de evacuación, sistemas eléctricos y pequeñas grietas que la administración considera resueltas o fácilmente subsanables.
La controversia se enmarca en un contexto de denuncias previas contra la gestión del alcalde Alberto Canales. Diversas acciones de la MDM, desde cierres de restaurantes hasta exigencias de requisitos para vendedores ambulantes, han sido declaradas ilegales por Indecopi. Un ejemplo recurrente es el hostigamiento contra Malala Restobar o las trabas impuestas a los heladeros del distrito.
En todos estos casos, el organismo de defensa de la competencia comprobó que la municipalidad ejercía barreras burocráticas fuera de su competencia, desacatando incluso resoluciones dictadas en su contra.
Desde su anuncio, Larcomar afirmó que cumplió “los más altos estándares de seguridad estructural y operativa” para obtener la autorización municipal de reapertura.
Aunque las municipalidades gozan de autonomía política, económica y administrativa, esa independencia no es ilimitada. Deben respetar los principios de legalidad, el debido procedimiento y la proporcionalidad en sus sanciones. Cuando clausuran un local, la sanción debe guardar congruencia con la gravedad de la falta. De lo contrario, incurren en arbitrariedades que afectan no solo a los comerciantes, sino también al tejido comercial y cultural de la zona.
En paralelo, la MDM ha presentado al Congreso un proyecto de ley para modificar la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. Según la propuesta, busca reducir la corrupción y dotar de más herramientas de fiscalización y clausura a los municipios, alegando que sus facultades han sido recortadas.
Indecopi ya declaró ilegales varias exigencias de la MDM, incluyendo requisitos para licencias, aislamiento acústico y horarios, calificándolos como barreras burocráticas.
Sin embargo, si hoy la comuna de Miraflores ya abusa de sus competencias con los instrumentos actuales, podríamos preguntarnos: ¿qué pasaría si les otorgaran aún más margen de acción? Cabe recordar que, la Municipalidad ha otorgado un plazo de 30 días para que Larcomar presente estudios especializados que determinen la viabilidad de reabrir áreas críticas como las terrazas y miradores frente al acantilado.
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