¿Cómo crecen y se expanden las ciudades del Perú? Un nuevo estudio de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y Grade, que analiza el área de expansión urbana creada en los últimos veinte años en las principales ciudades del país, generó interesantes hallazgos. A propósito de la publicación de este estudio, conversamos con Julio Calderón Cockburn, quizá el investigador peruano que con más profundidad ha estudiado las dinámicas internas del crecimiento urbano del Perú.

Por Edmir Espinoza

Crecimiento urbano

El avance de la pandemia en el Perú ha desnudado a la informalidad como un rasgo característico de nuestra sociedad y, al mismo tiempo, como un fallo del sistema que no permite que el brazo del Estado llegue a todos los ciudadanos. Al respecto, el último informe de Grade, elaborado por encargo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), titulado “Mapeo y tipología de la expansión urbana en el Perú”, no hace más que constatar que el fenómeno de la informalidad está enquistado, desde hace décadas, en el crecimiento y la expansión de nuestras ciudades.

El informe, elaborado a partir del análisis de imágenes satelitales, cifras del Censo Nacional de Población y Vivienda 2017 y encuestas representativas, reveló que las 43 ciudades peruanas con más de cincuenta mil habitantes se expandieron en promedio un 50% entre los años 2000 y 2018, y que, de este crecimiento, un 93% corresponde al mercado informal de vivienda. Cifras que nos muestran un país que se expande de forma descontrolada e ineficiente, y que nos alertan sobre la imperiosa necesidad de desarrollar, de una vez por todas, una verdadera política de expansión urbana en el país.

En un intento por entender las dinámicas perversas que han permitido esta expansión desbordada e informal de nuestras ciudades, conversamos con Julio Calderón Cockburn, sociólogo e investigador peruano, quien nos brinda algunas luces sobre el tema, al tiempo que alerta sobre la necesidad de incorporar a la vivienda social como uno de los componentes más importantes en la política social del país.

Crecimiento urbano

–Las cifras del estudio de Grade afirman que más del 90% del crecimiento de las ciudades peruanas en los últimos dieciocho años ha sido informal. ¿Cuáles son los problemas que genera a nuestras ciudades este mercado de vivienda informal?

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La principal desventaja es que se promueve una ciudad que crece de manera horizontal. No se promueve la densificación, así que la ciudad crece más allá de la carretera. Es entonces cuando surge un problema entre propietarios de tierra y el Estado. ¿Qué quieren los que compraron? Quieren título de propiedad y agua potable. Y, claro, resulta más caro habilitar agua potable a treinta kilómetros o por encima de la cuota de agua, que hacerlo en los límites de la ciudad formal. Esto quiere decir que la ciudad se perjudica al atender con mayores costos a los informales, que terminan esperando décadas para poder contar con servicios, por lo que son también perjudicados por este sistema perverso.

–¿Es el Estado el principal promotor de la informalidad en su intento por cerrar la brecha de viviendas en el país? ¿O acaso son otros los agentes que fomentan este mercado informal?

–Yo creo que, más allá del Estado, la informalidad es también generada por el mercado y por la necesidad, pero claramente el peso del Estado en este entuerto es relevante. En principio, el Estado genera informalidad en busca de legitimidad. Vivimos en una sociedad pobre, en la que el Estado no tiene muchos recursos y los mercados inmobiliarios son excluyentes, lo que genera que los pobres invadan o compren ilegalmente. Esto hace que el Estado no pueda contener la inmensa tasa de informalidad (no puedes meter a la cárcel al setenta por ciento de la población de Lima por ser informal) y aproveche esta situación. Así, a los políticos les conviene apoyar esta informalidad, porque a la larga pueden convertirse en votos, y a veces dinero. Esta búsqueda de legitimidad es, claramente, una de las bases de la ciudad informal.

–En un contexto tan apocalíptico como el que describe, ¿de qué manera la pandemia puede convertirse en una oportunidad para promover una verdadera planificación de expansión urbana?

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–En general, las grandes crisis son una falla y son también una oportunidad. Hoy la humanidad, en general, y el Perú, en particular, están en un momento en el que se deben revisar las políticas que se han implementado referentes a la vivienda social. Y, aunque el Estado debería ser el principal responsable de eso, la legislación peruana dice claramente que es el mercado y la empresa privada quienes tienen la responsabilidad de producir vivienda. El pensamiento que prima es: “Yo Estado puedo dar leyes o apoyo financiero, pero no voy a meterme en la construcción de viviendas para contener la informalidad”.

Invasión de tierras

Foto de Agencia Andina

–¿Qué obstáculos legales impiden que se promueva una política de desarrollo urbano formal en nuestras ciudades?

–A diferencia de políticas aplicadas en otros países de la región, como que el Estado ponga infraestructura al servicio del propietario de una vivienda, pero este, a cambio, dé una parte del terreno en pago, aquí la política es la idea del fondo perdido: el Estado invierte en infraestructura, en trenes y carreteras, los propietarios se benefician con el incremento del valor generado por el Estado, pero no pagan nada. Tampoco hay aquí impuesto a los terrenos sin construir, que fue eliminado en 1993. Entonces, vemos que las leyes en el Perú son demasiado liberales. Prácticamente no ponen ningún compromiso al propietario, lo que hace que no tengamos mecanismos de gestión del suelo.

–¿Es el mercado formal de vivienda una real alternativa a la acelerada expansión urbana informal de la ciudad?

–Soy un convencido de que la informalidad se combate planteando una alternativa en la formalidad, y no con represión. Felizmente, tenemos una única ventaja: hay una cantidad increíble de tierra pública en la costa del Perú que puede ser utilizada para hacer vivienda pública, pero para ello necesitamos promover asociaciones público-privadas en las que el Estado negocie con las comunidades campesinas de la costa para que, a cambio de servicios, infraestructura y del consecuente incremento en el valor de ese suelo, puedan ceder un porcentaje de estas tierras para la construcción de vivienda social.

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–¿Es la expansión urbana informal en el Perú un problema legal o tiene que ver sobre todo con un componente político?

–Creo que es más un tema de voluntad política. Aunque también hay problemas en la ley. En el Perú, todas las leyes prohíben nuevas invasiones, pero cada ocho años aparece una nueva, que da amnistía y reconoce a los invasores ya asentados, pero prohíbe invasiones futuras. Y así, con el cuento del “nunca más”, venimos desde 1961. Sin embargo, eso no quita que el problema de fondo sea la voluntad política, porque ahí, a pesar de que hay leyes, tampoco se respetan. Mientras al Estado no le interese la vivienda social, va a ser muy difícil que veamos cambios. El camino más fácil siempre será la informalidad.

Fíjate que ni siquiera existe una política de agua potable en Lima para nuevas zonas. Toda la inversión de agua es para cerrar la brecha. Entonces, siempre vamos a estar dando agua al que invadió en un cerro. Pero si alguien quiere urbanizar Carabayllo, tiene que instalar lagunas de oxidación o llevar el agua en camiones cisterna, porque no hay agua y porque la política de Sedapal desde hace dieciocho años no es expandir el servicio de la ciudad nueva, sino sencillamente cerrar la brecha.

Invasión de tierras

Foto de Agencia Andina

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Aunque la informalidad no es un fenómeno endémico del Perú, está claro que nuestro país cuenta con algunas de las tasas más altas de expansión informal en el mundo. Ello es fruto de décadas de políticas asistencialistas, populismo y gobernantes que, lejos de buscar condiciones dignas para la población, han promovido la informalidad como una herramienta para ganar votos y legitimidad. Será cuestión de tiempo conocer si quienes hoy manejan los destinos del país tienen una verdadera preocupación por cambiar este escenario y virar hacia una formalidad ordenada, eficiente y segura.

Artículo publicado en la revista CASAS #283