Aunque parezca increíble, el Perú cuenta con un solo Reglamento Nacional de Edificaciones, que dicta las normas sobre los componentes mínimos y materiales para los espacios públicos y vías. Un solo reglamento para cientos de ciudades con un insondable diversidad y particularidades culturales, demográficas y climáticas. A propósito de ello, CASAS conversó con urbanistas de distintas regiones para entender hasta qué punto esta única mirada de la planificación urbana, concebida e inspirada en la capital, afecta el resto de ciudades del territorio nacional.
Por Edmir Espinoza
Ilustración de Erick Baltodano
En el Perú somos 33 millones de personas, repartidas en un inmenso territorio con 1874 distritos en 196 provincias, en 24 departamentos, en costa, sierra y selva. Un país que alberga ocho regiones naturales y ocho tipos de clima, de los 32 existentes en el mundo. Sin embargo, y a pesar de la insondable y promocionada diversidad geográfica y cultural de nuestro país, en el absurdo mundo de las normas urbanas y reglamentos, en el Perú pareciera haber solo una forma de planificar una ciudad. Una única manera de concebir el espacio público, las vías, veredas y edificaciones en cada una de nuestras ciudades, y que pareciera estar imaginada a partir de las endémicas características de la capital.
Que el poder económico, político y cultural del país se concentra en Lima es un dato antiguo, pero por antiguo no deja de ser real. Sin embargo, sí sorprende que la lógica de nuestras ciudades continúe siendo dictada por normativas concebidas desde la mirada sesgada del centralismo limeño. ¿Cómo pretender construir ciudades singulares y adaptadas a sus propias características culturales y geográficas cuando la norma manda el diseño monocorde de una misma ciudad, una misma Lima, multiplicada en diversas escalas por todo el territorio nacional?
Aunque son varias las normas que limitan a las ciudades a decidir sobre su propio desarrollo urbano, la madre del cordero pareciera ser el Reglamento Nacional de Edificaciones, en específico, la norma GH.020, que determina los componentes mínimos y materiales para los espacios públicos y vías, y que guía el diseño y funcionalidad del espacio público en todas las ciudades del Perú.
Este reglamento, que evidencia una lógica urbanística triste, en la que la función del espacio público es el tránsito, y en el que se prioriza a los vehículos motorizados antes que a los peatones y a cualquier otra forma de movilidad, revela también un problema mayor.
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Si bien hace mención a la topografía y la lluvia como factores a tomar en cuenta para el diseño de vías, aceras, habilitaciones urbanas y mobiliario urbano, no considera otros tantos aspectos, como las particularidades culturales, sociales, geográficas o climáticas de las ciudades, ni hace diferencia alguna respecto al tamaño de las urbes o su densidad poblacional.
Un elefante en la habitación
Localidades como Maca, en Arequipa, han sido objeto de propuestas inaplicables porque no se tuvieron en cuenta las características culturales y geográficas del lugar. Especialmente en el caso de soluciones para desastres naturales.
A pesar de lo evidente de este absurdo normativo, las ciudades del Perú continúan creciendo y planificándose bajo el mismo esquema cuadriculado y unidimensional de siempre. Ante ello, cabe preguntarse de qué manera esta normativa genérica y desligada de toda particularidad afecta a las grandes ciudades del interior del país.
El arquitecto y urbanista arequipeño Carlos Zeballos cuenta una historia que, de alguna forma, responde estas interrogantes. Hace algunos años, en el valle del Colca, una erupción en el volcán Sabancaya produjo un terremoto que afectó a gran parte de las viviendas de la localidad de Maca. La solución propuesta por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)
fue la aplicación de dos intervenciones: evacuar a la población asentada en zonas de alto riesgo y la colocación de viviendas prefabricadas. “A priori son buenas ideas, pero, al final, inviables. No vas a erradicar a un pueblo colonial del valle del Colca, como Maca, de un día para otro, cuando ahí vive gente que ha convivido con erupciones y terremotos por siglos, sin cambiar su relación con el paisaje, la labor comunitaria y la tierra. Por otro lado, tampoco los vas a obligar a vivir en una vivienda prefabricada, cuando ellos tienen una concepción de vivienda distinta, con usos y costumbres muy particulares. Al final no funcionó ni lo uno ni lo otro. Solo se convirtió en un caso más que grafica cómo en el urbanismo una buena intención puede al final ser contraproducente para
la gente”, explica el también doctor en Diseño Urbano y Paisaje por la Universidad de Kioto.
Para Zeballos, la evidencia es clara.
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“Este problema sucede en muchos sitios donde tienes que tomar decisiones a un nivel macro. Se asumen muchas cosas sin conocimiento de causa y sin interpolar estos conocimientos a un nivel nacional, y se dictan normas inaplicables, porque no recogen ni las características del lugar ni la idiosincrasia de los pueblos a los que van dirigidos, sino que simplemente multiplican una especie de receta universal. Esto, sumado a la idea de que no existen cuadros profesionales capacitados en provincias, termina alimentando esta suerte de soluciones vacías, que a la larga no se concretan en la realidad”, explica.
Selva de cemento
En Iquitos, la planificación urbana no tiene en cuenta el clima, la idiosincrasia ni las costumbres.
Aunque las diferencias geográficas son inmensas, los problemas que sufre el pueblo de Maca en Arequipa no son muy diferentes a los que padece Iquitos, la ciudad más grande de nuestra Amazonía
Al igual que en el resto de ciudades, cualquier calle secundaria de uso comercial en la capital de Loreto debe considerar por lo menos 8,40 metros para las pistas y estacionamientos, y apenas 2,40 metros para veredas. En el caso de zonas residenciales, el espacio para el tránsito de peatones se reduce a un metro con veinte centímetros. Todo esto en una ciudad donde los automóviles no superan las cuatrocientas unidades y donde, sin embargo, transitan diariamente setenta mil motocicletas y otros setenta mil motocars.
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Y donde, a diferencia de nuestra desconfiada y hermética capital, la gente suele utilizar las veredas para colocar mesas y sillas para sentarse a “tomar el aire”.
Gabriela Vildósola, exdecana del Colegio de Arquitectos del Perú Regional Loreto, explica otras particularidades de su ciudad. “En Iquitos, como en todo el Perú, los proyectos se desarrollan bajo el entendimiento de que la calle es el espacio de circulación que conecta un punto con otro en la ciudad. Se siguen construyendo calles bajo un criterio de diseño homogéneo, sin tomar en cuenta sus características particulares y los usos y actividades que en ella los vecinos desarrollan. El resultado son calles sin alma y peligrosas, que destinan más del 75% de la sección de la vía a la pista, y donde rápidamente desaparecen los niños jugando o los partidos de vóley los fines de semana”, explica Vildósola, quien pone como ejemplo del absurdo de las normas aquella que limita las veredas a un metro con ochenta centímetros de ancho. “En una ciudad como Iquitos, donde llueve a cántaros, y siempre necesitas abrir un paraguas, una vereda de esas dimensiones es inviable”, refiere.
En Iquitos, más de noventa mil personas viven en zonas inundables, y la respuesta del Gobierno ha sido tratar de reubicarlos en lugares alejados de sus modos de vida y de su economía.
Para el arquitecto y urbanista limeño Aldo Facho, la ausencia de una mirada nacional sobre la realidad urbanística y ambiental en cada ciudad, y el hecho de que la norma se genere desde una entidad central, han hecho que a la fecha no exista ningún mecanismo que permita el aterrizaje de propuestas más locales. Para Facho, es necesario que el MVCS genere marcos normativos, y que se apoye en sedes descentralizadas para aterrizar la norma y llevarla al detalle en cada zona. “Estos estándares nacionales deberían ser un marco para todas las provincias, pero, al mismo tiempo, ser adaptables a la realidad de cada una. Si la región decide tomar como referencia la norma general y aplicarla, perfecto. Pero también debe tener la posibilidad de adaptar la normativa, y para eso necesitamos que el MVCS se descentralice de verdad. Que cuente con una oficina descentralizada del ministerio en cada región por lo menos, analizando, adaptando y generando la normativa adecuada para que estas ciudades se desarrollen de forma coherente con su cultura y con su ambiente”, explica Facho.
Ante toda esta evidencia, sería una buena idea olvidar las normativas de diseño urbano monodimensionales y, en cambio, empezar entendiendo cómo nos movemos y cómo es la realidad urbanística de cada una de nuestras ciudades. Tras ello, tal vez podamos comenzar a pensar en una norma marco que siente la base a estándares de confort, calidad y seguridad urbanísticos en el país, y que bajo este paraguas sean las ciudades las que generen sus propios reglamentos y determinen sus estándares urbanísticos, adaptados a sus realidades.
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