Solangel Fernández, ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Gobierno de Transición y Emergencia, conversa con CASAS y revela detalles del que puede ser el principal legado de su gestión: una ley que busca agilizar el acceso al suelo y promover proyectos urbanos e inmobiliarios con una visión más sostenible e integral.
Por Edmir Espinoza
Ilustración de Erick Baltodano
Solangel Fernández no es, ni por asomo, una ministra rockstar. En Google, su nombre solo muestra su perfil de LinkedIn, Wikipedia y Andina, el portal del Estado peruano, y algunas noticias que registran eventos e inauguraciones. Consecuencia o no de la crisis sanitaria y política, el nombre de la hoy encargada de la cartera de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Gobierno de Transición y Emergencia se ha mantenido lejos de los reflectores.
Para Fernández, sin embargo, esta poca exposición ha sido también una gran oportunidad.
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“Lo más importante no es que el ciudadano conozca a la ministra, sino que tenga el beneficio del trabajo que estamos haciendo para poder acercarle los servicios que necesita”, explica la ministra, quien hoy se da tiempo para hacer un balance de su gestión y explicar los alcances de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que el ministerio viene empujando desde hace meses, y que finalmente podría ver la luz en los próximos días.
Solangel Fernández es arquitecta egresada de la Universidad Nacional de Ingeniería y tiene dos maestrías en University of Cambridge y Oxford Brookes University.
–El Perú lleva décadas en una profunda crisis de acceso a la vivienda. Gran parte de la población carece de servicios de agua y desagüe, y la expansión urbana de nuestras ciudades, lejos de estar planificada, parece estar manejada por operadores inmobiliarios informales. Con tantos problemas estructurales, ¿cuál ha sido el rol de su cartera en un gobierno de apenas ocho meses de gestión?
–Este es un gobierno de transición y emergencia, y desde el principio sabíamos que nuestra gestión sería muy corta. Eso ha hecho que estemos 24/7 pisando el acelerador para poder avanzar con la mayor agilidad posible en la atención de las brechas y las necesidades que observamos en el Perú en ciertos ámbitos. En nuestro caso, nos hemos enfocado en los temas de vivienda, agua y saneamiento, y en ese sentido hemos impulsado al máximo el trabajo del Fondo Mivivienda con distintos bonos para las familias de bajos recursos. En estos cortos meses, hemos logrado el récord histórico de colocación de bonos, con cuarenta y cinco mil bonos entregados.
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Sin embargo, todo este esfuerzo llega solo a atender al 18% de las familias de bajos recursos a nivel nacional. En nuestro país, 1,5 millones de personas no cuentan con vivienda o tienen una en mal estado. Cambiar esta realidad es un gran reto por el que debemos seguir trabajando.
–Más allá de los esfuerzos desplegados y de los resultados obtenidos en este periodo, ¿cómo sembrar las bases para un cambio sistémico en la política de vivienda y saneamiento en el país hacia el futuro?
–Como lo has señalado antes, en el Perú tenemos un universo de problemas relacionados con la vivienda y el saneamiento que necesitan un impulso que va más allá de las posibilidades que tenemos hoy a nivel de gobierno. Necesitamos una gestión más proactiva y más ágil. Por ello hemos promovido la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, para poder agilizar el acceso al suelo, la promoción de proyectos que tengan una visión más sostenible e integral. Y, en paralelo, estamos trabajando en la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo. Estos dos instrumentos trabajan juntos para poder generar un marco mucho más apropiado que nos permita tener mayores instrumentos para avanzar en la atención de las brechas, tanto de planificación como de agua, saneamiento y vivienda.
La ministra supervisa la entrega de las viviendas bioclimáticas Sumaq Wasi, que protegen a la población de las bajas temperaturas en Puno.
–Otro dilema histórico es el de la ampliación del tiempo para acceder a la formalización de la propiedad informal en el Perú, que ha terminado legalizando la especulación y el crecimiento informal de las ciudades en el país. ¿Cómo detener este círculo perverso sin perjudicar a miles de ciudadanos sin acceso a servicios básicos?
–La nuestra es una realidad muy compleja y particular, que nos enfrenta a dos grandes retos. Por un lado, las familias que ya cuentan con una vivienda en un asentamiento humano, y que necesitan servicios, tienen que ser atendidas, y para ello tenemos que seguir desarrollando mejores espacios públicos y llevar los servicios de agua y desagüe hacia esas zonas. Pero para las nuevas familias que están buscando una vivienda ya no podemos seguir impulsando este mismo patrón de crecimiento.
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Creemos firmemente que, ampliando la oferta de viviendas para los sectores de menos recursos, garantizando que el crecimiento y el desarrollo de la ciudad sea de forma planificada, y mejorando la gestión urbana con los instrumentos que nos va a generar la aprobación de la ley, vamos a poder impulsar que haya más oferta de vivienda accesible y digna, y vamos a poder enfrentar de manera más eficaz este tráfico de terrenos que se ha generado y que, lamentablemente, condena a las familias a años de precariedad y a la falta de servicios básicos.
–En los últimos años, muchas inmobiliarias privadas han mostrado interés en participar en proyectos de vivienda social, pero pareciera que los números no cierran, básicamente por el alto costo del suelo urbano. ¿Cómo promover la participación del sector privado en la política de vivienda social?
–Desde el ministerio, y a través de la Sociedad de Bienes Nacionales, estamos presentando una cartera de terrenos para promover que los privados puedan desarrollar proyectos de vivienda social. Hace pocos días hemos lanzado una convocatoria para trabajar con los operadores privados y socializar los terrenos que dispone el Estado para que se pueda conectar el suelo con la inversión de forma más activa. Ya no esperar que el privado venga y busque el terreno y haga la gestión para ver si puede acceder al mismo, sino que desde el Estado se genere un padrón con los terrenos disponibles para nuevas iniciativas de habilitación de viviendas.
Adicional a ello, en el marco de la nueva ley, hemos incluido instrumentos que dan incentivos al privado para poder hacer viviendas sociales, como bonificaciones de mayor edificabilidad o altura si haces vivienda social o si generas espacios públicos de calidad. Confiamos en que estos instrumentos van a despertar un mayor interés en el sector privado.
La ministra Solangel Fernández y el presidente Francisco Sagasti inspeccionan las obras de agua y alcantarillado destinadas a beneficiar a los habitantes de asentamientos humanos en el distrito de Sabandía, provincia de Arequipa.
–Más allá de las enormes brechas de vivienda y servicios, la pandemia también ha evidenciado la necesidad de cambiar nuestra forma de movilizarnos y reunirnos. ¿Cómo promover nuevos espacios públicos y formas de movilidad en una sociedad acostumbrada a las rejas y los autos?
–Es evidente que pandemia y reactivación económica son temas que tenemos que ver de manera integral, y los espacios públicos tienen un rol fundamental en este proceso, porque es ahí donde se pueden realizar diversas actividades sociales y económicas en un entorno seguro y donde podamos guardar las distancias y mantener protocolos.
Por otro lado, y esto es algo que se ha mantenido por décadas, nuestras ciudades han priorizado siempre la movilidad vehicular. Creo que hoy es mucho más claro para todos que, por una cuestión de salud, es necesario redistribuir el espacio público de manera más democrática, para contar con veredas más amplias, mayores espacios de recreo, así como nuevas y mejores ciclovías y espacios exclusivos para los buses.
Sin embargo, pareciera existir la necesidad de explicar los beneficios de estas intervenciones. –Hace poco, la urbanista Gabriela Vildósola comentaba para CASAS el increíble rechazo de la población de Iquitos ante la habilitación de ciclovías temporales, pues estas quitaban espacio a los vehículos motorizados.
–Creo que el desafío es fomentar la cultura de movilidad sostenible en la ciudadanía para poder avanzar con infraestructura. Un ejemplo aquí son las Vías Activas, que permiten cerrar ciertas vías metropolitanas los días domingo para que la gente corra, monte bicicleta o utilice otros medios de micromovilidad.
Personalmente, creo que si la gente se anima a salir en bicicleta un domingo por alguna de estas vías (como la avenida Arequipa o la Costa Verde, en el caso de Lima), rápidamente verá beneficios en su salud y en su estado anímico.
Necesitamos generar cultura para poder avanzar más rápido con esta estructura, y entender que en un contexto de pandemia las bicicletas terminan siendo un transporte básico, ya no transporte alternativo, y por tanto, requieren de un espacio en la ciudad.
La ministra cree que hay que fomentar la movilidad sostenible de la ciudadanía. Por ello, llegó a su primera jornada como titular del sector en bicicleta, y ha impulsado proyectos como Vías Activas, que permite cerrar ciertas vías metropolitanas en los días domingo en favor de la micromovilidad.
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Solangel Fernández no es, ni por asomo, una ministra rockstar. Pero quizá, si las condiciones y la suerte se ponen –siquiera por una vez– del lado del Perú, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible puede convertirse no solo en su mayor legado, sino en un instrumento para imaginar un país de ciudades modernas y prósperas.
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