La caída del puente Solidaridad, que unía a los distritos de El Agustino y San Juan de Lurigancho, se convirtió en noticia internacional rápidamente. A la BBC de Londres no solo le llamó la atención el porqué una infraestructura construida en pleno siglo XXI se “desplomó” –para utilizar el término exacto del gerente de infraestructura vial de EMAPE, José Luis Justiniano–, mientras que puentes edificados en los siglos XVII (Puente de Piedra) y XIX (Puente Balta) siguen de pie. Pero, probablemente, lo que más sorprendió a los periodistas londinenses es que, pese a la enorme inversión –más de 1,1 millones de dólares–, se haya previsto para un puente sobre un río una vida útil menor a las dos décadas. Es decir, bajo ese estándar, se trataba de una obra de ingeniería descartable, cuya duración terminó reduciéndose a menos de la mitad de lo previsto.
El ejemplo de lo realizado en Máncora debería copiarse en todo el litoral peruano.
A fines de 2015, tras una lluvia sin precedentes, ciudades como Londres, Manchester, York, Rochdale y Leed, en diferente medida, fueron afectadas. No obstante, el orden quedó restablecido menos de setenta y dos horas después de las lluvias. Ninguno de los puentes sobre los ríos Támesis, Foss y Ouse se cayó, y tampoco hubo víctimas que lamentar. “La ingeniería hidráulica no evita una desgracia, pero sí minimiza y mitiga el daño”, dice el ingeniero ambiental Jorge Abad.
Director de la carrera de Ingeniería Ambiental en la UTEC, y Ph.D. en Ingeniería Civil y Ambiental, Abad señala que la ingeniería civil que se aplica en el Perú para las construcciones próximas a las cuencas no toma en cuenta aspectos básicos de la ingeniería hidráulica. Los números le dan la razón: 159 puentes colapsados confirman que no se construyeron pensando en el comportamiento de las aguas. “En La Atarjea, el río tiene 175 metros de ancho, pero a la altura del Puente Solidaridad se reduce a 20 metros. Tampoco se preguntaron qué pasaría con el cauce si La Atarjea deja de funcionar, como pasó, y todos los sedimentos se desplazan a velocidad a través de la cuenca, erosionando más rápidamente el lecho del río. Hasta el ingeniero más ingenuo se da cuenta de esos detalles”, afirma Abad, quien considera que para un país como el Perú, con corta distancia entre las quebradas y el mar, existen pocos ingenieros especializados en manejo de cuencas.
Los Países Bajos, en lugar de intentar contener el agua de los ríos, han decidido devolverles el espacio que les habían quitado.
Según la arquitecta Ruth Alvarado, en Lima estamos ante la oportunidad no solo de repensar las obras de ingeniería hidráulica al nivel que se requiere en una metrópoli de diez millones de habitantes que viven a los dos lados del río Rímac –y que está cercada por dieciséis peligrosas quebradas que se pueden activar con cada lluvia–, sino de hacer planificación urbana en serio.
En Londres, ninguno de los puentes sobre el río Támesis se ha caído a pesar de las fuertes lluvias.
EJEMPLOS A SEGUIR
El proyecto G-Cans, también conocido como Canal de Descarga Subterránea Exterior del Área Metropolitana, es el mayor complejo subterráneo de protección contra inundaciones del mundo. Se ubica entre los ríos Showa (Tokio) y Kasukabe (Saitama), dentro del Área del Gran Tokio, en Japón. Consiste en la canalización de las aguas desbordadas de los ríos dentro de Tokio, a través de túneles por debajo de la ciudad. El agua es recogida en un gran tanque de almacenamiento, bombeándose hacia el río Edogawa, situado a una altitud inferior en las afueras de la capital. El objetivo es proteger a la ciudad de Tokio de inundaciones durante las fuertes lluvias y tifones, e incluso de las subidas del nivel del agua ocasionadas por tsunamis. La construcción de esta obra, considerada la más importante en términos de ingeniería hídrica, tomó diecisiete años.
El Canal de Descarga Subterránea Exterior del Área Metropolitana, en Japón, es el mayor complejo subterráneo de protección contra inundaciones del mundo.
MÁNCORA A LA VANGUARDIA
Para Abelardo La Torre, jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), esos niveles de planificación exigen una institucionalidad que no tenemos. En el Perú, gracias a la Ley de Recursos Hídricos (2009), se creó la ANA como la máxima instancia en manejo de aguas, pero se la minimizó desde un principio como órgano asignado al Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). Como la ANA no posee actualmente poder de fiscalización ni de sanción sobre los 1841 alcaldes que existen en el país, ninguno cumple con la normativa técnica que exige la ANA en el manejo de cuencas y prevención.
Por Luis Felipe Gamarra
La nota completa fue publicada en la edición impresa de Cosas 616
