La reciente ola de incendios y accidentes como el del cerro de San Cristóbal revelan la falta de una autoridad metropolitana que se ocupe de fiscalizar y sancionar el incumplimiento de las normas más básicas en términos de seguridad y defensa civil. Marisa Glave, presidenta de la Comisión de Vivienda del Congreso, señala que el problema de gestión de la capital no solo depende del alcalde, sino también de los políticos.
Por Luis Felipe Gamarra / Retratos de Javier Zea
La congresista Marisa Glave conoce bastante bien la Municipalidad de Lima. Entre los años 2007 y 2014 fue integrante del Concejo Metropolitano de la capital. La primera vez llegó como regidora de la oposición. La segunda, como promotora del programa de Susana Villarán. Ahora, desde el Parlamento, intenta promover distintos proyectos para una mejor gestión de la ciudad, aunque su testimonio revela también que es poco lo que se puede hacer por falta de consenso entre los diferentes actores políticos, porque a ningún partido parece interesarle la ciudad.
–Da la impresión de que el Congreso, pese a que existen treinta y seis congresistas electos por Lima, la masa más importante de parlamentarios en términos de representatividad, no hace nada por Lima. La ciudad posee un alcalde que, en la práctica, hace lo que quiere, y nadie lo fiscaliza.
–Lima posee un gran obstáculo para su desarrollo: la Ley Orgánica de Municipalidades. Lima es territorio metropolitano, pero comparte jurisdicción equivalente con el Callao, como si se tratara de dos territorios diferentes, pese a pertenecer a una misma trama urbana.
–¿Qué sentido tiene eso?
–Ninguno. Súmale a eso que existen cuarenta y tres distritos, y cada uno posee competencias propias
–Es decir, cuarenta y tres alcaldes, cuarenta y tres presupuestos, cuarenta y tres direcciones de transporte, cuarenta y tres direcciones de seguridad, cuarenta y tres cuerpos de serenazgo diferentes…
–Hay cosas que se pueden hacer a nivel distrital y que tiene sentido hacerlo así, pero otras no. En Lima, ni las ratas ni los “choros” respetan las fronteras distritales, pero las autoridades locales sí. Por eso, el recojo de basura es eficiente en los distritos que tienen plata e ineficiente en los que no, y el serenazgo no puede perseguir a un “choro” si este ya pasó a otro distrito. Por ese motivo, como sucede con Trujillo, Arequipa y Cusco, Lima debería tener una ley metropolitana especial. Seguimos con las normas que aprobó Fujimori para golpear a Alberto Andrade, en 1995.
–¿Qué caminos legales se pueden tomar desde el Congreso?
–Primero, desde la Ley Orgánica de Municipalidades, otorgarle a Lima un título metropolitano especial, para que el territorio adquiera una visión metropolitana, propia del tejido urbano, y se enfoque en el transporte, la seguridad y los servicios de forma integral. No puede ser que sigamos con conflictos de competencias absurdos, que limitan la gestión del territorio. Segundo, aprobar la ley de suelos y la ley de desarrollo urbano sostenible. Cada vez que se concentra el desarrollo urbano en un distrito, el único que se beneficia es el desarrollador inmobiliario, pero el costo en términos de reducción de espacios públicos, de sobrecarga de las redes de servicio de agua y saneamiento, recojo de basura, entre otros, lo pagamos los ciudadanos.
–Entonces, tenemos treinta y seis congresistas por Lima, sumados a los diecinueve del Frente Amplio, y al voto del congresista de Fuerza Popular Miguel Torres –postuló en 2014 a la Municipalidad de Surco y seguro le preocupa Lima–, quien podría convencer, por lo menos, al treinta por ciento de los setenta y dos congresistas de Fuerza Popular. Con eso ya tienen todas esas leyes aprobadas para Lima, ¿no es así?
–Pero, ojo, esto no solo pasa en Lima, sino también en Arequipa, Trujillo, Cusco y, cada vez más, Piura.
–Mejor, todavía, si pasa en otras partes del Perú, seguro suman más de ciento veinte congresistas.
–No es tan fácil. El problema, creo, es que son temas poco conocidos en el Congreso, que además han estado invisibilizados. Ningún congresista habla de uso o gestión del suelo. Me sorprende que, en la Comisión de Vivienda, hayamos sido los primeros en promover que se lleve a cabo el primer seminario sobre ley de suelos. Pero me sorprende y me motiva que haya iniciativas, desde la sociedad civil, por reclamar planificación para la ciudad, como la Unión de Estudiantes de Arquitectura de Lima (Udeal), entre otras agrupaciones.
El alcalde de Lima Luis Castañeda, a decir de la congresista, no posee una visión de ciudad.
–¿Y qué se puede hacer en términos de fiscalización? Recordemos que Susana Villarán, como alcaldesa, acudió decenas de veces durante su gestión, y Luis Castañeda, hasta ahora, solo una vez, para hablar por el incendio de Cantagallo. Pero motivos sobran para que acuda más veces.
–Recordemos que, a insistencia de varios parlamentarios y de la sociedad civil, que se expresa a través de las redes sociales, se está trayendo a Luis Castañeda a la Comisión de Fiscalización. Le corresponde, ahora, al presidente de esa comisión, Héctor Becerril, fijar la fecha de la visita. A los ministros los convocan hasta ochenta veces, pero a los alcaldes de Lima o de los distritos casi nunca.
–Pero la citación será todavía para agosto, en la próxima legislatura, y encima, podría mandar a su teniente alcalde, como otras veces.
–Se verá cuánto realmente le importa la ciudad. Pero recordemos que un colectivo ciudadano, llamado Habla Castañeda, ha reunido hasta veinticinco mil firmas para solicitar respuestas del alcalde, que serán presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones, para hacerlo hablar.
–Pero sus respuestas no serán vinculantes en términos de sanción.
–Es verdad, pero la sanción de la ciudadanía puede ser peor para un político. Mira lo que le pasó a Alan García en las últimas elecciones. Me entusiasma ver que existe, cada vez más, gente solicitando, desde diferentes colectivos, planificación, derecho a la ciudad, pensar en los peatones, más espacios públicos, ley de suelos. En el año 2007, cuando fui regidora metropolitana por primera vez, nadie hablaba de estos temas, pero ahora vienes tú y me preguntas por esto, o salen los vecinos de Barranco a reclamar por la playa Los Yuyos, o los vecinos de Comas por el parque Manhattan, o los vecinos de San Juan de Lurigancho por Montenegro, o los vecinos de Lince por el parque Castilla. Gente de diferente nivel socioeconómico, pero atravesada por el mismo problema.
El proyecto de espigón en la playa Los Yuyos, en Barranco, revela que la Autoridad del Proyecto Costa Verde no cumple su verdadero objetivo, por lo que se necesita repensar un nuevo formato de institucionalidad que haga viable el respeto del espacio público y el mar, dice Glave.
–La Autoridad de la Costa Verde no ha funcionado. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso?
–La Autoridad de la Costa Verde, tal como está conformada, tiene un directorio integrado por los alcaldes, pero que poseen solo poder de veto. Este, versus las competencias autónomas, no significa nada. La Costa Verde necesita un ente autónomo, como el del tren eléctrico.
–En enero de 2014, cuando pasó el accidente de la Costa Verde, donde le cayó una piedra a un niño, varios congresistas propusieron la creación de un ente autónomo para la Costa Verde. Pero el tema dejó de ser popular, llegaron otras noticias y quedó en el tintero.
–Es que también se necesita que los mismos municipios tengan aprobados sus planes de desarrollo urbano, que es una herramienta fundamental para saber hacia dónde va la ciudad, cuál es la visión de Lima que queremos, y muchos municipios, empezando por Lima, están desactualizados.
–¿No sería mejor que el Poder Ejecutivo fiscalice o sancione a los distritos que no aprueban su plan de desarrollo urbano, y evalúe si es viable o no?
–Creo en la municipalización. No creo que deba existir un poder centralizado. Mira el caso del ‘zar de la reconstrucción’ y los problemas que va a tener por ser una persona que toma las decisiones desde arriba. Se necesita urgente concertación y planificación. El reto, más que técnico, es político.
–No tiene sentido que haya cuarenta y tres distritos…
–Como tampoco tiene sentido que haya veinticinco regiones ni más de mil ochocientos distritos.
–¿Es verdad que desde el Congreso es imposible repensar el rediseño de los poderes regionales y locales, porque ningún partido posee suficiente peso político para comprarse ese pleito, ni el fujimorismo?
–Es que es más fácil dar competencias que quitar. Es difícil que las autoridades acepten soltar las competencias que les han otorgado, para volver a recentralizar los poderes. Pero el problema va más allá del Congreso. No tenemos una visión del Perú, menos de Lima. Los miraflorinos poseen una visión de su distrito, lo mismo que los barranquinos, los de Chorrillos, Surco, San Juan de Lurigancho, Rímac. Cada uno pelea por su propio espacio público, pero ninguno porque se trata de un espacio de Lima. Nos falta, como habitantes de Lima, sentirnos parte de la ciudad.
–¿Cuántos proyectos hay en el Congreso para la creación de nuevos distritos?
–Decenas. Solo en Lima, Huaycán quiere independizarse de Ate. El centro poblado de Santa María de Huachipa ahora quiere ser distrito. Y, a nivel nacional, existen decenas de proyectos que, en vez de consolidar una visión compartida de desarrollo, pulverizan el país en microidentidades que no tienen posibilidad de trabajo colectivo ni intereses comunes. Todos velan por tener su pequeña autoridad, su pequeño presupuesto, su decisión autónoma, fraccionando el país en vez de unirlo.
Artículo publicado en la revista CASAS #247
