El columnista invitado Alfredo Thorne, director principal de Thorne & Associates y ex ministro de Economía y Finanzas, opina sobre el inexplicable distanciamiento entre el gobierno de Martín Vizcarra y el gremio empresarial.
El distanciamiento entre el gobierno y el sector privado es bastante evidente y no deja de sorprender. Un ejemplo reciente fue el discurso del primer ministro Walter Martos en el Congreso, que le dio apenas unos párrafos al rol del sector privado. Martos dijo, más bien, que la recuperación económica se iba a basar en la inversión pública, la que había retrocedido 35% en el primer semestre.
Alfredo Thorne
La sorpresa fue mayor cuando se compara con el discurso que había dado el ex primer ministro Pedro Cateriano solo una semana antes, donde le daba un rol protagónico al sector privado. Muchos analistas explican este distanciamiento como resultado del escándalo Lava Jato, donde algunas empresas se coludieron con las compañías brasileñas para conseguir las concesiones del Estado, o simplemente negociaban las subastas de obras públicas, como en el caso del Club de la Construcción.
Otros justifican esta desconexión por la inclinación hacia la izquierda del gobierno del presidente Vizcarra. Finalmente, hay un grupo que la justifica por puras razones oportunistas y la necesidad de mantener altos niveles de aprobación aprovechándose del descrédito que sufrió la clase empresarial por el escándalo Lava Jato. Desde una perspectiva puramente económica, resulta contraproducente por parte del gobierno alejarse del sector privado, particularmente en medio de una pandemia, cuando el objetivo debería ser unir esfuerzos para, primero, enfrentar la pandemia y, segundo, sacar exitosamente al país de la grave recesión en la que se encuentra.
Uno se pregunta si es posible concebir una recuperación económica sin la participación del sector privado. Por ejemplo, en 2019, la inversión privada representó el 17% del PBI o el 79% del total de la inversión; y el consumo privado, el 66% del PBI. El tema no solo es que el sector privado represente más del 80% del PBI, sino que la recesión y los 6,7 millones de puestos de trabajo perdidos hasta junio de este año se explican por la caída del gasto privado; y el objetivo de la recuperación es, precisamente, hacer que vuelva a crecer, pues es lo que ulteriormente sostendrá nuestro crecimiento y la creación de bienestar.
Jorge Baca, Alfredo Thorne y Luis Valdivieso, ex titulares del MEF, en la mesa redonda convocada por COSAS en julio de 2018.
Cierto es que el escándalo Lava Jato es un episodio oscuro en nuestra historia: compite con otros escándalos de corrupción que abundan en la era republicana y que nadie está dispuesto a defender. La mayoría está a favor de que el peso de la justicia caiga sobre los culpables. Pero con igual energía habría que concentrarse en reponerse de este oscuro episodio y salir adelante como país. El Perú no ha sido el único país que ha caído en estos escándalos: los experimentaron Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, los países del Sudeste Asiático… En economía se conoce como ‘crony-capitalism’, es decir, capitalismo corrupto.
Lo que hace más grandes a los países no es que algunas empresas hayan caído o no en estas prácticas, sino su capacidad para reponerse, que depende de la integridad de sus instituciones y, sobre todo, de sus sistemas de justicia. El rol de sobreponerse debe ser compartido por el gobierno y la clase empresarial. Las instituciones públicas tienen que ser fortalecidas, algo que solo ha ocurrido de manera parcial, pues siguen sorprendiendo los escándalos, como los llamados Lava Juez o los Cuellos Blancos. La corrupción aún no se ha extirpado. De la misma manera, la clase empresarial no debería dejarse identificar con estas prácticas.
Sorprende que muchos de nuestros empresarios, en vez de realzar los beneficios de la integridad y la transparencia en el desempeño empresarial, hayan optado por el silencio. A algunos nos gustaría verlos más proactivos, explicando los beneficios de una clase íntegra dispuesta a transparentar sus prácticas. Jamie Dimon, presidente del JPMorgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos, sostiene que el rol del empresario ha cambiado y es su responsabilidad cumplir una labor social.
Algunos, con poco tino, argumentan que es parte intrínseca del modelo neoliberal. Nada más alejado de la realidad. Aquellos que nos hemos formado como economistas sabemos que la libre concurrencia de empresas, que los precios sean determinados libremente por el mercado y la libertad del consumidor para elegir, son las bases de una economía de mercado. El surgimiento de monopolios de concertaciones de precios o de conductas mercantilistas es, quizá, lo que más daño le podría hacer al buen funcionamiento de una economía, y se debe evitar.
También es parte de esta doctrina el buen funcionamiento de la justicia, pues la economía de mercado y, fundamentalmente, la innovación, se basan en el derecho de propiedad del capital, en la capacidad de enajenar la propiedad y convertirla en capital financiero, que se pueda usar para financiar nuevos emprendimientos. Y esto no puede suceder sin un sistema de justicia imparcial.
Lo que más sorprende con este distanciamiento es la falta de conocimiento por parte del Gobierno de nuestra clase empresarial. A pesar de que se haya tratado de desacreditarla, hay que reconocer que los que delinquieron fueron unos pocos y que la gran mayoría está formada por empresarios que arriesgan sus ahorros y todo lo que tienen en nuevos emprendimientos. Son las pequeñas empresas (alrededor del 95% de empresas son pymes) las que quisieran convertirse en grandes, pero las trabas gubernamentales les impiden prosperar.
Son las empresas que contratan a la gran mayoría de nuestros trabajadores, muchos de ellos informales, pero que ambicionan convertirse en formales, para que sus hijos no pasen por las penurias que pasaron ellos para progresar. El gobierno tiene mucha responsabilidad en que muchos de estos empresarios y trabajadores hagan realidad sus sueños. Sin justificarlo, hay que reconocer que el mejor aliado de la corrupción son los excesos en los procesos administrativos del Estado, que cada vez se han hecho más engorrosos, que inducen a la informalidad y que finalmente han estimulado la corrupción y la ilegalidad.
Solo hay que hacer un recuento del gran número de normas que se han publicado estos dos últimos años. Para muchos, el Estado se ha convertido en disfuncional porque no solo no logra ejecutar su propio presupuesto, sino que impide que el sector privado se desarrolle. El reto consiste, precisamente, en no seguir viviendo de espaldas al pueblo.
Fotos: Sanyin Wu y Semana Económica
