Multinacionales españolas han puesto sus conflictos con el Estado Peruano en manos de una instancia del Banco Mundial para poder resolverlos a la brevedad posible ante el temor de que la política económica peruana se vuelva contra el libre mercado.
Por Redacción COSAS
Pedro Castillo asumió la Presidencia el pasado 28 de julio del 2021.
El reciente cambio de gobierno en el Perú, que colocó a Pedro Castillo, el candidato de izquierda, como mandatario, ha obligado a las multinacionales españolas a centrar sus energías en resolver los millonarios conflictos que tienen con el gobierno de nuestro país.
¿La razón? El giro que podría dar la política económica del Perú en manos del gobierno de Perú Libre y el temor a que esta se vuelva contra el libre mercado.
Los problemas de las empresas españolas con el gobierno peruano derivan de administraciones anteriores, pero es ahora cuando estas buscan acelerar procesos para llegar a un veredicto final y obtener el pago por reparaciones que, justifican, debe hacerles el Estado Peruano.
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ACS, FCC, Telefónica y Enagás son las transnacionales que han confiado sus expedientes en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el organismo de arbitraje internacional del Banco Mundial, para que esta entidad medie a su favor y se evite un conflicto con el gobierno que preside Castillo.
Una nota del diario El País de España, señala que actualmente el Estado peruano está demandado en aproximadamente veinte procesos por vulnerar derechos de inversiones extranjeros.
El conflicto del Metro de Lima
La concesión de la Línea 2 del Metro de Lima pertenecía a las multinacionales ACS y FCC.
En el 2017, las multinacionales ACS y FCC presentaron una demanda contra el Estado en compañí de sus socios “Cosapi” e “Impregilo y Ansaldo” por las obras del Metro de Lima, específicamente por la línea 2.
Según los demandantes, el Perú había incumplido parte del contrato firmado por dicho proyecto, pues la entrega de los terrenos presentaba condiciones distintas a las que se habían pactado.
Ello ocasionó un año de retraso en las obras pero, tras la demanda, las transnacionales lograron la victoria.
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Sin embargo, ahí no acaba el problema. Según indica el diario El País, el pasado 20 de agosto, este mismo grupo de empresas presentaron otra demanda contra el Estado Peruano.
La última acusación buscaría concretar las indemnizaciones que se solicitan al Gobierno del Perú, que podrían aproximarse a los 700 millones de dólares.
El asunto Telefónica y Enegás
Otra de las empresas que ha decidido incluir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) como árbitro en conflictos con nuestro país ha sido Telefónica.
La operadora de telefonía, internet y cable indica que organismos estatales peruanos como la SUNAT incumplen obligaciones establecidas en el acuerdo de inversiones recíprocas entre España y Perú de 1994.
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Por aquella acusación, Telefónica reclama una indemnización que aunque no se ha revelado el monto, se presume sería millonaria.
Por último, en el caso de Enegás, se plantea una negociación con el Ejecutivo de Castillo para llegar a un acuerdo amistoso al conflicto por el Gasoducto Sur Peruano (GSP), paralizado desde el 2017.
Las conversaciones que se sostendrían con el nuevo gobierno serán paralelas al proceso arbitral que la multinacional ya le abrió en el Ciadi y en la que se reclama casi 400 millones de euros como indemnización.
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