El presidente Pedro Castillo y el primer ministro, Aníbal Torres, enviaron la observación de la autógrafa de ley al Congreso, para que evalúen las sugerencias o si es que la promulgan por insistencia.

Por Walter Chunga

El presidente Pedro Castillo, observó la ley que fue aprobada por el Congreso que establece los procedimientos para elegir a ministros y viceministros. De esta manera, el texto fue devuelto al Parlamento, para que las sugerencias sean atendidas o rechazadas, caso contrario que se apruebe por insistencia.

En el oficio firmado por el presidente y por su primer ministro, señala lo siguiente: “Vulnera el principio de separación de poderes y desborda los parámetros de constitucionalidad”. En ese sentido, el Gobierno considera que la norma se contrapone a la potestad del mandatario de “dirigir y aprobar la política general del Gobierno y restringe el derecho a la presunción de inocencia”.

El oficio lo firmó el presidente Pedro Castillo y por su primer ministro Aníbal Torres.

Además, cuestiona que se plantee incorporar a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo que el presidente del Consejo de Ministros es responsable de verificar el contenido de la declaración jurada e informar al Congreso en un plazo no mayor de cinco días.

Sin justificación constitucional argumenta el Gobierno de Castillo

Otras de las observaciones del Gobierno, indica que no hay justificación constitucional de esta norma, y que no se evaluó de manera proporcional. Esta ley que vulnera el derecho de presunción de inocencia de futuros ministros y viceministros, argumentó el Gobierno.

Asimismo, el Ejecutivo señala que se debe usar un test de proporcionalidad al momento de aprobar una norma de este tipo en la cual se evalúen tres aspectos. Estos son la idoneidad, la necesidad y finalmente el principio de proporcionalidad.

En ese sentido, el oficio dice lo siguiente: “Al no contar los dictámenes referidos a la autógrafa de ley con el respectivo test de proporcionalidad que permite determinar la constitucionalidad de la restricción del derecho fundamental a la presunción de inocencia. Se puede afirmar que la misma no se encuentra adecuadamente sustentada”.

Primer ministro Aníbal Torres, en contra de la ley.

Lo que el Legislativo aprobó fue la norma que exige que todos los aspirantes a ser ministros presenten una declaración jurada. En esta deben detallar que cumplen los requisitos y puntualizando el estado de investigaciones fiscales y procesos judiciales que los involucran. Esta declaración debe ser presentada a la presidencia del Consejo de Ministros y al presidente de la República, antes de los nombramientos oficiales.

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