El Equipo de Fiscales contra la Corrupción en el Poder solicitó la medida contra el círculo íntimo de Castillo.
Por Sergio Herrera
El juez Víctor Zuñiga, a solicitud del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, ha ordenado la detención por diez días del «gabinete en la sombra» del presidente de la República, Pedro Castillo. Hasta el momento, los detenidos son Abel Cabrera, Salatiel Marrufo, Auner Vásquez, Biberto Castillo y Eder Vitón. Mientras que Alejandro Sánchez, dueño de la casa del pasaje Sarratea, se ha dado a la fuga. Los personajes mencionados son investigados por los presuntos delitos de organización criminal, colusión, tráfico de influencias y encubrimiento personal.
¿Cómo operaba el «gabinete en la sombra» de Castillo?
Alejandro Sánchez Sánchez, hoy prófugo, es el dueño de la casa del Pasaje Sarratea, lugar de reuniones clandestinas entre el presidente Castillo y su séquito. Sánchez también acompañó al mandatario en su primera gira a Estados Unidos.
En la estructura del «gabinete en la sombra», Sánchez, Cabrera y Medina eran los financistas de la organización. Por su parte, Marrufo y Vásquez eran los coordinaros. Finalmente, Biberto Castillo cumplía el rol de operador. Según la investigación fiscal, el grupo delictivo se originó a raíz de la segunda vuelta electoral del 2021. Su primer objetivo fue la captación de dinero desconocido para financiar la campaña del entonces candidato Pedro Castillo. De esta forma, se buscaba obtener ganancias ilícitas «una vez que se obtenga el poder político».
A continuación, la segunda etapa inició cuando Castillo asumió la presidencia. Esta consistió en el copamiento de instituciones públicas clave para generar activos ilegales. Un tercer nivel, de acuerdo a la fiscalía, destaca por los actos colusorios en las contrataciones públicas donde jugó un rol importante el entonces ministro de vivienda, Geiner Alvarado y la emisión del Decreto de Urgencia 102-2021. Posteriormente, la cuarta etapa de los objetivos de esta organización era la captación de congresistas por medio de acuerdos ilícitos como la entrega de direcciones y ministerios a cambio de votos favorables en el Pleno. Finalmente, el quinto nivel consistía en establecer redes de protección y encubrimiemto.
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