La denuncia de la fiscal Benavides acusa al expresidente Castillo de los delitos de rebelión y conspiración.
Por Sergio Herrera
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó la mañana de este lunes una nueva denuncia constitucional contra el expresidente de la República, Pedro Castillo. Benavides presentó la misiva mediante un escrito ingresado esta mañana a la mesa de partes del Congreso de la República.
La denuncia constitucional incluye los presuntos delitos de rebelión, y alternativamente conspiración. Esto se planteó como consecuencia de que el expresidente intentara un fallido golpe de Estado el último 7 de diciembre. La denuncia también alcanza a los exministros Betssy Chávez (Presidenta del Consejo de Ministros), Roberto Sánchez (Turismo y Comercio Exterior) y Willy Huerta (Interior) por su posible complicidad en el acto de sedición.
La fiscal Benavides presentó este documento luego de que la madrugada de este lunes, el Pleno del Congreso aprobara la resolución que autoriza levantar el fuero al expresidente Pedro Castillo. Esta medida evitaría que el ex mandatario tenga que pasar por un antejuicio político, lo que abre el camino para que la Fiscalía amplíe la detención preventiva por rebelión.
La detención preliminar de Castillo
La resolución fue aprobada por 67 votos a favor y 45 en contra. Esta propuso levantar la prerrogativa de antejuicio político a Castillo e incitar una causa penal, en vista a que el destituido presidente tiene vigente una detención preventiva por flagrancia por siete días. Este plazo vence el próximo miércoles.
El pleno extraordinario fue bastante problemático e incluso, el parlamentario Pasión Dávila (Bloque Magisterial) agredió a su colega no agrupado Juan Burgos. Pero finalmente, el Congreso puso a debate el oficio del Ministerio Público en el que se informaba sobre las diligencias preliminares contra Castillo. Los cargos también alcanzan a Chávez y a Huerta.
Con esta resolución se suprime el antejuicio. Este es un procedimiento político-jurídico mediante el cual se levanta la inmunidad a los altos funcionarios por la presunta comisión de delitos de función, con el fin de que sea la judicatura ordinaria la que determine la responsabilidad penal de los funcionarios acusados.
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