La reducción del área protegida de las Líneas de Nazca para facilitar la minería ilegal revela el desprecio del gobierno por la historia, la ley y el patrimonio cultural del Perú.

Por José Ignacio Beteta*

Tenía nueve o diez años cuando, en un viaje familiar a las Líneas de Nazca, conocí a María Reiche. Ella aún daba conferencias acompañada de su hermana. Escucharla era algo espiritual. La arqueóloga y matemática mostraba en su rostro y en su andar esa grandeza que pocas personas poseen. Su presencia emanaba historia, amor, sacrificio y nobleza; todo aquello que hoy escasea en los personajes que lideran las carteras de Cultura y Energía y Minas.

Y es que el contraste es así de contundente. En 1998 nos dejó María Reiche, la legítima guardiana de las Líneas de Nazca; y hoy, 27 años después, tenemos a un par de burócratas descartables poniendo en riesgo una de las obras arquitectónicas y de ingeniería más enigmáticas del mundo.

La Reserva Arqueológica que protege esta maravilla abarcaba un territorio de 5,600 kilómetros cuadrados, y su amplia extensión se justificaba por la existencia de una gran zona de amortiguamiento, necesaria en un país en el que casi todo lo sagrado se profana y lo valioso se pervierte. Su reducción, innecesaria, tendría que haber pasado por un proceso transparente, prudente y técnico. Pero no fue así.

Las denuncias de operaciones de minería ilegal en la Reserva tienen larga data y el Ministerio de Cultura (MINCUL), en una anterior gestión por supuesto, había planteado que este era el problema más crítico del sector. La ley prohíbe actividades mineras de forma absoluta en tierras agrícolas intangibles, áreas naturales protegidas y monumentos arqueológicos o históricos.

“Las personas que están actuando allí, tienen que poner a derecho sus actividades mineras, ahora que la zona ya no es patrimonio y ya no están en un supuesto de ilegalidad”, dice el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero.

Pero la minería ilegal no perdona. Controla y supera cualquier institución, norma o tradición. Así que el gobierno de turno encontró la solución más afín a su esencia y escala de valores. Sobre la base de una coordinación oscura con el Ministerio de Energía y Minas, el MINCUL redujo en un 42% el área que protegía el Santuario de las Líneas de Nazca para permitir la minería ilegal. Según el ministro Valencia, esta actualización no afectará la zona que fue reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO, pero las excusas solo intentan tapar la maniobra perversa.

Las palabras de su par de Energía y Minas completan perfectamente la explicación de esta treta: “Las personas que están actuando allí, tienen que poner a derecho sus actividades mineras, ahora que la zona ya no es patrimonio y ya no están en un supuesto de ilegalidad”.

Lo que nos “dicen” sonriendo y sin vergüenza a la cara estos dos personajes es lo siguiente: dado que hay ilegales tomando un espacio protegido e intangible, eliminemos la protección de esta zona para que los ilegales puedan trabajar tranquilos. Listo. Solucionado el problema.

Montero y Valencia igualan con esta insensibilidad calculada el perfil de la mayoría de políticos y funcionarios que secundan a Dina Boluarte. Esta cúpula hará lo que les da la gana con el país en este último año, y por supuesto, permitirá que la minería ilegal crezca y se estabilice.

Poner en riesgo las Líneas de Nazca son una muestra preclara de que este gobierno ha cruzado líneas que no debe cruzar y que nos espera un año de caos, impunidad, populismo, corrupción, indignación, impotencia y abandono. No los para nadie. Ni un lugar sagrado. Ni el misterio. Ni lo más valioso que tenemos: nuestro legado histórico.

*Presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú

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