“Como estaban las cosas, el Perú era un limbo. Nadie prevalecía. Seguíamos entrampados”.
Por Gonzalo Zegarra Mulanovich, Director Ejecutivo de Azerta Perú
La fricción constante entre los poderes Legislativo y Ejecutivo ha conducido al país a un callejón sin salida. Entre todo el bullicio que se ha generado en los últimos meses, se escuchan algunas voces extremistas que señalan al presidente Martín Vizcarra como un dictador y otras que pretenden excluir para siempre de la deliberación política a las representaciones apristas y fujimoristas. En ese contexto, la iniciativa presentada en el reciente mensaje a la nación del presidente Vizcarra propone adelantar las elecciones generales como una salida a este entrampamiento.
Estamos ante una crisis política, no ante una crisis constitucional. La propuesta del Poder Ejecutivo está dentro del marco normativo. Otra cosa es si nos gusta, a quién favorece o perjudica y si conviene al país.
El Perú es un sistema presidencialista, por lo que mecanismos como la cuestión de confianza y la disolución del Congreso han sido diseñados para que termine prevaleciendo el Ejecutivo cuando se presentan este tipo de disputas. Nos guste o no. Cuando no existían estas salidas, ocurrían quiebres democráticos como consecuencia del enfrentamiento de poderes.
Que lejos quedaron los días en los que Vizcarra, Kuczynski y Aráoz formaban parte del mismo equipo.
Haciendo un poco de historia, la última vez que sucedió una situación similar fue en abril de 1992, y antes de eso, en 1968, cuando regía la Constitución de 1933, la cual no contemplaba la cuestión de confianza ni la posibilidad de disolver constitucionalmente el Congreso. Hoy nos regimos por la Constitución de 1993, que sí contempla estos mecanismos.
Discusión constitucional
El Congreso no cumple lo solicitado bajo la cuestión de confianza, aunque tampoco de una manera que permita al Poder Ejecutivo aplicar la consecuencia natural de su negativa, es decir, disolver constitucionalmente el Congreso. Ello porque sería muy discutible que el Ejecutivo interpretara que le negaron la confianza cuando nominalmente sí se la dieron. Eso abriría una discusión –ahí sí– constitucional que paralizaría (más) al país. Pero el Ejecutivo tampoco tiene por qué resignarse a que desnaturalicen el voto de confianza.
Así, pues, cuando el Congreso otorga nominalmente el voto de confianza al Ejecutivo, pero luego aprueba una norma –la de inmunidad parlamentaria– que desanaturaliza la esencia de lo sometido a voto de confianza, es muy discutible que se haya cumplido la finalidad del mecanismo constitucional, que es destrabar el entrampamiento. En un régimen parlamentarista, el desenlace comunmente favorece al Parlamento; en uno presidencialista, al Ejecutivo. Pero, como estaban las cosas, el Perú era un limbo. Nadie prevalecía. Seguíamos entrampados.
En este escenario, deviene en una salida creativa la propuesta de adelantar elecciones vía modificación constitucional. No sabemos si el Congreso aceptará la propuesta o qué pedirá a cambio de aceptarla. Ciertamente hay espacio para la negociación.
Sin embargo, si todos se van, tendremos un panorama poco deseable, dado que nuestra clase política, salvo los gobernadores regionales, será casi totalmente novata. Seguramente habrá algunos políticos con carrera que no han formado parte de este último congreso y querrán regresar, pero, en líneas generales, tendremos una clase política renovada que irá aprendiendo en el camino.
Por lo expuesto, considero que la solución más saludable es que ambas partes recapaciten y se den cuenta de que tienen que llegar a un consenso que permita una salida a este entrampamiento.
