El reconocido abogado constitucionalista, expresidente del Tribunal Constitucional y exministro de Justicia, analiza desde lo técnico el complejo escenario poselectoral y la labor de un ente que aún se mantiene en el ojo de la tormenta: el Jurado Nacional de Elecciones.

Por Carlos Hidalgo Foto Omar Lucas

Al momento de esta entrevista, han pasado tres semanas desde que concluyó la segunda vuelta electoral y no hay un presidente proclamado. ¿Cuál es la mirada que tiene de este escenario?

(De) mucha duda e incertidumbre ciudadana, porque creo que el proceso electoral nos ha llevado varias sorpresas desagradables. De las dieciocho candidaturas que participaron, sin contar aquellas que el Jurado Nacional de Elecciones excluyó, creo que gran parte de los ciudadanos no se sintieron reflejados en ninguna de ellas. Y prueba de lo que digo es que hubo no solamente voto blanco y voto nulo sino también mucho ausentismo. Además, entre los que votaron, el reparto de votos fue de tal naturaleza que ingresaron a la segunda vuelta dos candidatos con un porcentaje de aceptación muy, muy bajo, uno con cerca de 18% de votos y el otro con 13%. Entonces, hemos ido a la segunda vuelta ya ni siquiera para votar por el menos malo, sino con la resignación de tener que votar por alguien y con una fractura desde el punto de vista ideológico, étnico, etc. Y luego el tristísimo papel que está cumpliendo el Jurado Nacional de Elecciones, que de acuerdo con el artículo 176 debería ser el garante, el depositario del voto ciudadano, pero que de manera clara y evidente ha tratado de rehuir su responsabilidad a través de triquiñuelas y trapacerías administrativas que se heredan desde el Poder Judicial. Finalmente, lo que se busca es una proclamación rápida, que va a generar que el 28 de julio tengamos a un presidente o presidenta llevando la mochila de la falta de legitimidad, porque sobre este proceso se ha cernido y se va a seguir cerniendo un manto de sospecha.

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Esa trapacería a la que usted alude en relación con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pasa por el hecho de que no ha querido pronunciarse sobre el fondo respecto al supuesto fraude propugnado por Fuerza Popular y, más bien, derivar todo eso al Ministerio Público. ¿Se refiere a eso?

Sí, pero además por cosas como que es insólito derogar una norma que no ha estado publicada, pero cuyos efectos eran conocidos por las partes y fueron utilizados por estas para presentar nulidades en ese periodo de tiempo. Puede haber una discusión respecto a que si esa norma no publicada surtió o no efecto en ese lapso (de tiempo), pero lo cierto y lo raro es por qué se deroga a las pocas horas. El presidente del JNE sostiene recordar que hay una resolución del Tribunal Constitucional (TC) que impide a las partes interrumpir las etapas preclusivas, pero, curiosamente, el TC ha aclarado cuáles son esas etapas preclusivas: la convocatoria, que efectivamente ya concluyó, la etapa del proceso sufragial que también concluyó con los resultados que dio la ONPE, pero en el momento en el que tanto Fuerza Popular como Perú Libre presentaron sus nulidades no se había iniciado la etapa de proclamación, que incluso todavía no ha concluido. Entonces, esa coartada para retroceder nos da muestras de que en realidad hay un temor de ingresar al fondo, un temor a lo desconocido, a ver qué se encuentra. Están tratando de cumplir con los aspectos formales mínimos para, dentro de una semana, seguramente, proclamar al que sea y ya salir del embrollo sin tomar en consideración que eso le genera al país una carga muy pesada para los próximos meses.

Victor Garcia Toma (1)

Victor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional y exministro de Justicia

Pero las misiones internacionales han señalado que las elecciones han sido limpias. Incluso Ipsos ha presentado un informe que señala que, si bien ha habido cuestiones para puntualizar, estas en modo alguno habrían afectado el resultado final.

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Los observadores toman mucha atención en el papel y en el comportamiento, fundamentalmente, de los operadores electorales. En este caso, y hasta donde sabemos, la ONPE ha cumplido con su labor y, en consecuencia, los observadores dicen bien cuando señalan que el proceso se ha llevado con corrección. El problema no está ahí, el problema está en que existen indicios razonables de que, en algunas zonas del país, probablemente personeros o algunos miembros de mesa habrían logrado alterar el sentido del voto ciudadano y se mencionan lugares específicos: Chota, Puno, etc. Entonces, los lugares en donde se han producido estas irregularidades están identificados, aparentemente, por la parte impugnante; y eso no lo pueden observar estas misiones que ven una situación más plenaria.

¿El hecho de que los jurados electorales especiales hayan resuelto las impugnaciones no nos da una idea de que la cosa no se trata de un fraude a nivel macro?

No. Bueno, la palabra fraude no ha sido utilizada por la parte impugnante y muchos de los que están pidiéndole un rol diferente al JNE. Se habla, en este caso, de un conjunto de irregularidades en mesas y en actas. No se está hablando de un acto de malversación masiva, generalizada, institucional, del voto del elector. Se habla de situaciones concretas. Si detrás de estas capturas de mesas o detrás de estas transgresiones al llenado correcto de las actas había una voluntad organizada, eso se tendría que probar solo a través de una investigación fiscal. Eso es imposible que lo pueda hacer el propio jurado.

Encuentra la entrevista completa en la nuestra edición 701. 

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