La cantante colombiana no la pasa nada bien. Shakira enfrenta una acusación por seis delitos contra la Hacienda Pública española.
Por Walter Chunga
Shakira enfrenta uno de los momentos más complicados en su vida personal, ya que luego de su tan comentada ruptura con Gerard Piqué, que involucró una aparente infidelidad del jugador del FC y la disputa por la tenencia de Sasha y Milan, se suma una acusación por parte de la justicia española.
La Fiscalía pide una condena de ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros para Shakira.
Este martes 27 de setiembre, un juez ordenó la apertura del juicio oral para que la cantante sea juzgada en la Audiencia de Barcelona. A la artista se le acusa de defraudar a la Hacienda Pública española por 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, donde habría simulado que no residía en España, de acuerdo a la versión de la Fiscalía.
A pesar de que Shakira ya pagó más de tres millones de euros que la Agencia Tributaria de España le exigía, no impide que tenga que sentarse en el banquillo a instancias de la Fiscalía.
Como se hizo público, el pasado mes de mayo, la Audiencia de Barcelona avaló la decisión del juez de enviar a juicio a la intérprete de “Me enamoré”, ante fuertes indicios de que residía en España “de manera habitual” entre los años 2012 y 2014: primero en la capital catalana y después en una vivienda de la cercana localidad de Esplugues de Llobregat que compró con Piqué mediante una sociedad.
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La hipótesis de la Fiscalía española
Según la hipótesis del ministerio público, esa residencia constituyó el domicilio familiar de la artista, cuyas estancias fuera de España durante ese tiempo lo fueron por “motivos profesionales, con una duración muy corta”, a excepción de la temporada en que participó en el programa estadounidense “The Voice” (61 días en 2012, 118 en 2013 y 117 en 2014).
La acusación mantiene que, al haber residido en España más de 183 días al año, la artista colombiana “era residente fiscal en España y tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial”, tanto respecto al IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) como al impuesto del patrimonio.
De acuerdo a la Fiscalía, con el fin de evitar tributar “utilizó un entramado societario”, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo.
Asimismo, la Fiscalía sostiene que el plan de la cantante se basaba en que sus empresas figurasen formalmente como titulares de las rentas, mientras que ella solo constaba “en último lugar y algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales” a las que fueron a parar la mayor parte de sus ingresos.
En ese sentido, Shakira asesorada por varios profesionales en los años 2008, 2012 y 2013, logró llegar a un acuerdo con las autoridades de Luxemburgo, los denominados Tax Ruling, “para fijar unas condiciones específicas y privilegiadas de tributación”, mantiene el Ministerio Público español.
Shakira rechazó acuerdo con la Fiscalía
Esos acuerdos, según la Fiscalía, dieron pie a una “mínima tributación fiscal”, de tan solo el 2 % de la renta bruta generada, lo cual le permitió transferir a sociedades o cuentas de la artista el total de sus ingresos.
Los últimos acuerdos Tax Ruling los suscribió cuando ya vivía de manera habitual en España, pero “en ningún momento puso en conocimiento de las autoridades tributarias españolas dichos acuerdos”, afirma el Ministerio Público.
El equipo legal de Shakira quiso llegar a un acuerdo con la Fiscalía, sin embargo, la intérprete de “Te Felicito” rechazó las ofertas.
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