La Audiencia de Barcelona dijo que ve serios indicios de que el futbolista abandone España a pesar de que se le retenga la documentación.
Por Walter Chunga
Este martes, la Audiencia de Barcelona decidió que el futbolista brasilero Dani Alves continúe en prisión preventiva a la espera del juicio que se le sigue por supuestamente haber violado a una mujer en una discoteca de esta ciudad. Esta decisión se sustentó en el elevado riesgo de fuga del acusado.
El tribunal considera lo siguiente: «Concurre un elevado riesgo de fuga vinculado por una parte a la elevada pena que puede serle impuesta en la presente causa, los severos indicios de criminalidad contra el mismo y la capacidad económica abultada que le permitirían, como hemos dicho, abandonar España en cualquier momento», informó la justicia en un comunicado.
Según la teoría del tribunal, retirarle el pasaporte al exjugador del FC Barcelona, de 39 años, no sería impedimento para que Dani Alves pueda fugar fuera del territorio español, ya sea por vía terrestre o marítima.
Si llegara a Brasil, «no sería entregado a España ni a través de órdenes internacionales de detención o extradición», prosiguió el comunicado, dado que el país sudamericano no suele extraditar a sus ciudadanos.
Según el tribunal, “nada impediría” que Alves saliera de España por “vía aérea o marítima o incluso terrestre sin documentación”.
Dani Alves en el banquillo de los acusados
La abogada de la mujer que acusa al futbolista de violación dijo que darle la libertad condicional a Alves sería un riesgo latente para que el deportista evite la justicia. En ese sentido, recordó el caso del exfutbolista Robinho, condenado a nueve años de cárcel en Italia por una violación en grupo a una joven en el año 2013, quien actualmente reside en su país tranquilamente.
Asimismo, el tribunal estimó que la imposición de una fianza cuantiosa no serviría de disuasión al lateral derecho, ya que dispone de un abultado patrimonio.
Por otro lado, la defensa de Dani Alves propuso que se le colocara algún dispositivo electrónico de seguimiento, pero la justicia consideró que estos artilugios «no tienen como finalidad geolocalizar a aquel que la lleva instalada, sino proteger a la víctima y evitar el incumplimiento de una orden de alejamiento». Tanto la Fiscalía como la acusación particular se opusieron a su liberación.
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