Gino Costa no comprende cómo es posible que con más de 120 mil efectivos policiales, en una encuesta elaborada por el INEI la población responda, en su mayoría, que siente más la presencia en las calles del serenazgo, que apenas reúne a 30 mil agentes. Eso, para él, tiene un nombre: ineficiencia. Desde el Congreso, espera garantizar que el partido de gobierno cumpla con la agenda con la que se comprometió en campaña el presidente Pedro Pablo Kuczynski, para reducir los índices de victimización que ubican al Perú entre los países más inseguros de América Latina.
“De parte del gobierno existe un compromiso de distribuir el personal policial más equitativamente, reduciendo los policías dedicados a labores administrativas”, dice Gino Costa.
¿El ministro del Interior no se ha adelantado innecesariamente a los resultados sobre la existencia de un escuadrón de la muerte?
El ministro no se adelantó, él ha comprometido al gobierno a investigar este tema, porque la evidencia que le llegó, apenas asumió el ministerio, era lo suficientemente grave como para constituir una comisión para saber la magnitud del problema. Si no hubiera sido porque el ministro llamó la atención sobre la gravedad de los hechos, las investigaciones, tanto en el ámbito fiscal como en el administrativo, se hubieran mantenido congeladas. Recordemos que esos hechos se conocen desde principios de 2015, y desde entonces no se ha hecho nada.
¿Podría perder liderazgo el ministro Basombrío de no hallarse pruebas en contra de los presuntos integrantes del escuadrón de la muerte?
No creo que eso vaya a ocurrir, la evidencia con la que se cuenta es contundente.
Pero se dijo que eran casi cien efectivos implicados y ahora son menos de diez.
En Inspectoría de la Policía existe una investigación que involucra a 97 miembros de la policía. Lo que ha dicho la comisión creada por el ministro es que existe la certeza de que por lo menos había nueve agentes involucrados en estas ejecuciones extrajudiciales, pero probablemente hay muchos más. No es posible que opere un grupo irregular de esta naturaleza sin que lo sepan los mandos de la institución y probablemente las autoridades a otro nivel.
¿Podría haber responsabilidad del presidente Humala, como dice Carlos Tubino, presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso?
La comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso ha pedido facultades para investigar las compras realizadas durante el gobierno de Ollanta Humala en el ámbito de Defensa e Interior, e investigar los hechos de este grupo dentro de la policía. Me parece bien que se investigue desde el Legislativo si hubo responsables políticos, si los hubiera.
¿Qué puede decirnos sobre las facultades legislativas solicitadas en seguridad ciudadana?
Se trata de hacer ajustes a la legislación penal y procesal penal, sobre todo en términos de plazos para investigar y mantener detenida a las personas mientras se hacen las investigaciones. En segundo lugar, ajustes en el ámbito penitenciario, para tener un régimen de máxima seguridad que permita aplicar la ley con la mayor severidad posible a los cabecillas de bandas condenados. En tercer lugar, fortalecer el sistema de seguridad ciudadana, para que haya un trabajo compartido de prevención entre municipios y policía nacional. Finalmente, medidas referidas a política migratoria y fronteras, y redefinir la estructura organizacional del ministerio.
¿Qué promesas de campaña se van a materializar con esto?
En el plan de gobierno estaba previsto garantizar que los barrios estén adecuadamente vigilados. Hoy, de cada cuatro barrios, solo uno está vigilado a nivel nacional. Lo que tenemos que hacer es sacar a la policía a las calles, para que trabaje con los municipios, a través del serenazgo. Esta coordinación requiere ajustes en las normas de seguridad; se debe garantizar, primero, que la policía, a nivel regional, provincial y municipal, opere bajo un solo comando, que trabaje de la mano con el alcalde o gobernador, según el ámbito. También necesitamos un marco legislativo para crear un gran programa de prevención de la violencia en los barrios, para evitar que nuevos jóvenes se incorporen a las pandillas.
¿Qué se hará en el ámbito penitenciario?
Debemos crear un régimen de máxima seguridad de verdad, con más capacidad de albergue. Segundo, aislar a los delincuentes más peligrosos y asegurarnos de que no cometan delitos desde el penal.
Por Luis Felipe Gamarra
Foto de Javier Zea
Lee el texto completo en la versión impresa de Cosas 601
