La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reúne el perfil típico de las ministras que han pasado por este despacho en los últimos años. De hecho, en su caso, se trata de un regreso a la misma oficina que ocupó en dos oportunidades durante el gobierno de Alejandro Toledo, cuando el entonces Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes) era una cartera enorme a cargo de los programas sociales que ahora pertenecen al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Pero más notable que su perfil es el contexto en el que Ana María Romero-Lozada asume nuevamente este portafolio, en el que los casos de violencia contra la mujer han tomado relevancia tras la marcha #NiUnaMenos. ¿Qué puede hacer la ministra, además de estar evidentemente indignada?
¿Cómo fue su reencuentro con el ministerio después de tantos años?
Es el mismo cargo pero en un ministerio completamente diferente. En el pasado, esta cartera asumía labores que ahora son del Midis, con programas sociales; además, estaba el Parque de las Leyendas, la Beneficencia Pública… Era un ministerio más complejo, que estaba en plena reorganización. Hoy, en cambio, el ministerio se enfoca en la recuperación de derechos, con especial atención en la mujer, los adolescentes y los niños.
¿Es un ministerio menos complejo que otros?
No necesariamente, porque mientras que otras carteras miden su accionar por su nivel de ejecución, muchas veces en infraestructura, el Ministerio de la Mujer no construye nada. Antes repartíamos cien mil raciones de alimentos diarios, teníamos el Pronaa, Foncodes, así como un número considerable de pequeñas obras, con alcance rural.
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Ahora nuestra labor es de cambio de actitud, de coordinación con otros organismos del Estado. Es una labor más difícil de cuantificar.
Entonces, ¿cómo medir que este ministerio cumpla con su rol defensor de las poblaciones vulnerables?
De diez mujeres, siete han sufrido alguna vez en su vida un nivel de maltrato. Es una cifra que, desde el año 2002, se viene incrementando de forma significativa. Nuestro objetivo se verá cumplido cuando esta cifra caiga a cero.
El ministerio puede incrementar el número de albergues, el número de centros de atención a la mujer para casos de maltrato o abrir la Línea 100 a más regiones, pero siempre será insuficiente si la Policía Nacional, la Fiscalía y el Poder Judicial no cumplen su rol, y esto no depende de su cartera.
No depende del Ejecutivo, pero como ministerio poseemos la rectoría de las políticas públicas, que incluyen al gobierno y a todas sus instancias. A mi regreso, la primera reunión que tuve fue con el presidente del Poder Judicial; después fue con el fiscal de la Nación. El objetivo fue preguntarles qué más podemos hacer juntos para que las víctimas tengan justicia.
MEDIDAS Y POSTURAS
¿Le indignaron las palabras de la jueza María Pacheco, presidenta del Colegiado del Juzgado Penal que falló a favor del agresor en el caso de Arlette Contreras, al considerar que las lesiones eran leves?
Indignación, siento total indignación cada vez que veo que las personas que deben valorar estos casos no lo hacen con propiedad. Por ese motivo nos hemos reunido con Cooperación Internacional, que desarrolla programas de capacitación en el Poder Judicial, para incluir en las actualizaciones a los magistrados el enfoque de género.
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Porque muchas veces no solo es ignorancia o desconocimiento de la ley, sino también machismo y falta de sensibilidad. No en vano somos el tercer país con los índices de violencia contra la mujer más elevados, debajo de Etiopía y Bangladesh.
¿Conoció a Arlette Contreras?, ¿qué le puede decir una ministra de Estado a una mujer que no encuentra justicia?
(La ministra suspira, se pone nerviosa, sus ojos enrojecen. Está emocionada) Recordarla me conmueve, podría ser mi nieta. (Su voz se quiebra nuevamente, toma un vaso de agua). Uno ve, día a día, a personas que podrían ser sus hijos en situaciones incomprensibles, como ocurre con esta niña de 15 años, que fue violada por un grupo de jóvenes en Ayacucho. ¿Dónde estaba la madre? ¿Dónde estaban los profesores? ¿No hubo un alma que la extrañara los tres días que esa niña desapareció? Hubo negligencia de parte de la comisaría, porque no es el primer caso que se presenta en ese colegio, y de las autoridades de esa escuela. Pero también de parte de la sociedad. Cuando entro en contacto con estos casos no dejo de conmoverme.
El juez Javier Villa Stein, presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, dictaminó que estar obligada a beber con los clientes en una cantina no es explotación laboral ni trata de personas. ¿Qué puede hacer el ministerio frente a eso?
En ese caso estamos evaluando las acciones que tomaremos.
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Estamos molestos. Nos preocupa el fallo porque sienta un precedente nocivo para abordar casos de trata con fines de explotación sexual y laboral de niños, niñas y adolescentes. Nosotros hemos expresado una gran preocupación porque este fallo menciona que debe exigirse como condición para acusar a la tratante que haya hecho explícita a la adolescente que esa era su voluntad. Cada día entiendo menos la justicia.
Después de la marcha #NiUnaMenos, a la que usted acudió, no han parado de presentarse más casos de violencia contra la mujer. ¿Qué cree que ha pasado?
Por un lado, que las mujeres y los medios, conscientes de la gravedad del problema, están visibilizando más este tipo de casos, que eran más frecuentes de lo que creíamos. Por eso considero que no somos los mismos desde el 13 de agosto. Esa marcha representa un punto de quiebre que debe servirnos como sociedad para cambiar de actitud. Son muchas las cosas que puede hacer el ministerio, pero este es un tema de cambio de actitud de la sociedad. Todos debemos de poner nuestro grano de arena. El Gabinete Ministerial, salvo por los ministros que estaban de viaje, acudió en pleno a la marcha. Todos estamos comprometidos.
Por Luis Felipe Gamarra
Foto de Javier Zea
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