Con el súbito nombramiento de Nadine Heredia, investigada por lavado de activos, como funcionaria premunida de inmunidad diplomática, la FAO pasó a convertirse, peligrosamente, en la piedra en el zapato de su propia matriz, la ONU, cuyas resoluciones, irónicamente, ayudan más bien a muchos estados del mundo en su lucha contra la impunidad.
De pronto, la FAO contra la FAO, la ONU contra la ONU, a causa de la concesión de un puesto internacional fuera de concurso, por debajo de la alta valla de calificaciones especializadas requeridas, y en abierta confrontación con una causa penal que pone a la señora Heredia con un pie en el Perú y el otro en Ginebra, mientras su inmunidad diplomática puede ir y venir con ella de donde y a donde quiera.
Desde que sus agendas la pusieron en el ojo de la tormenta, Heredia movió todos los resortes del poder político a su alcance para eludir las investigaciones fiscales por lavado de activos.
Además de los títulos y grados que no se tienen que declarar sino exhibir, ocupar la dirección de enlace de la FAO en Ginebra, Suiza, requiere más experiencia que haber sido embajadora de la quinua en un país, el Perú, sobrepasado por Bolivia en estándares de producción y calidad de ese producto, y más pergaminos de competencia que solo haber sido primera dama en un gobierno, el de Ollanta Humala, con el más bajo índice de aprobación de las últimas décadas.
En este controvertido contexto laboral internacional, el reclamo de la señora Heredia contra todo aquello que le impida ejercer su derecho al trabajo, en este caso en Ginebra, no tendría que estar dirigido a los fiscales y jueces que de acuerdo a las leyes peruanas deben determinar citaciones, restricciones, cauciones y hasta detenciones, sino a las propias fuentes de origen del problema, en este caso la propia señora Heredia y la FAO, por un nombramiento que no tendría nada de malo si no colisionara con el proceso penal que ella enfrenta ante el Ministerio Público.
BÚSQUEDA ENCUBIERTA
Pocas veces como ésta la inmunidad diplomática y la solapada búsqueda de impunidad se confunden alrededor de funciones laborales internacionales y exigencias de investigación fiscal por un delito nada común: lavado de activos. Un organismo de la talla de la FAO no solo tiene que evaluar el derecho a la presunción de inocencia de sus postulantes a un cargo, sino también procesos en curso que eventualmente pueden terminar en sentencias durante el ejercicio del cargo. La propia señora Heredia ha puesto en juego el prestigio de la FAO y el suyo propio al colocar en una situación límite la inmunidad diplomática que le ha sido concedida juntamente con el puesto.
La ex primera dama regresó al Perú desde Suiza en medio de la polémica por su nombramiento en la FAO.
Más claramente, antes de que existiera este nombramiento ya estaba en curso la investigación fiscal. O sea, que no es que la investigación fiscal emerge de pronto para detener el nombramiento. ¿Acaso el nombramiento, por la inmunidad diplomática que contiene, no vendría a perturbar las aún imprevisibles consecuencias del proceso fiscal, entre ellas, por ejemplo, el dictado de una detención preventiva o definitiva o el hecho previo de un impedimento de salida del país?
Claro que nada pasaría si, por el contrario, sobreviniese el archivamiento total del caso. De ahí que el Estado peruano no salió a protestar contra el derecho de la señora Heredia a trabajar en la FAO, sino por las razones de que su nombramiento se diera a contracorriente de la causa penal que se le sigue en el Perú y con el agravante de que los procedimientos podrían entrar en conflicto con las prerrogativas de inmunidad diplomática de la procesada.
En principio, la FAO parece ser consciente del problema, al haber aplazado la entrada en funciones de la señora Heredia, aunque de inmediato se ha prodigado en precisiones sobre su continuidad como funcionaria, en medio de un crispado e incómodo clima de recelos y especulaciones al interior de la estructura internacional laboral de las Naciones Unidas.
Por Juan Paredes Castro
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