Un informe revela que entre enero de 2024 y mayo de 2025, representantes de la minería informal acudieron al Congreso al menos 158 veces, especialmente durante el debate por la prórroga del Reinfo. Las reuniones con congresistas del Bloque Magisterial, APP y Podemos Perú evidencian la creciente influencia del sector en el ámbito legislativo.
Por Daniel Crespo Pizarro
La minería informal ha logrado posicionarse como un actor con capacidad de presión dentro del Congreso de la República. Así lo evidencia un informe de El Comercio, que documenta al menos 158 visitas de dirigentes de asociaciones vinculadas a esta actividad entre enero de 2024 y mayo de 2025.
La mayor concentración de ingresos al Parlamento se produjo entre septiembre y noviembre del año pasado, en plena discusión sobre la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), el principal mecanismo que permite operar a quienes aún no han culminado su proceso de formalización.
Entre los dirigentes más activos se encuentra Máximo Franco Bequer, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Cofemin Perú), quien acumuló 82 ingresos al Congreso. Franco mantuvo reuniones con al menos cinco congresistas, destacando sus 11 visitas a Paula Gutiérrez (Bloque Magisterial), 9 a Luis Kamiche (APP), 8 a Elizabeth Medina (Bloque Magisterial), 6 a Segundo Quiroz (Bloque Magisterial) y 5 a Guido Bellido (Podemos Perú).
Máximo Franco Bequer, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal.
Otro dirigente con fuerte presencia fue Celso Cajachagua, también presidente de una organización de nombre similar (Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú), con 48 ingresos. De ellos, 13 fueron dirigidos a Paula Gutiérrez (Bloque Magisterial), 5 a Jorge Marticorena (APP), y 4 a Raúl Doroteo (Acción Popular). Además, sostuvo reuniones con asesores como Guillermo Quiroz (asesor principal de Marticorena) en 8 ocasiones, y con Rafael Rojas, asesor de la Comisión de Energía y Minas, en 3 oportunidades.
Celso Cajachagua, dirigente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú.
José Torrealva, presidente de la Asociación de Mineros Artesanales de Pataz (AMA Pataz), figura con 28 ingresos, entre los que destacan 6 visitas a Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial), 4 a Segundo Quiroz (Bloque Magisterial), 3 a Guido Bellido (Podemos Perú) y 2 a María Contreras, asesora de Quiroz.
José Torrealva, presidente de la Asociación de Mineros Artesanales de Pataz.
Reuniones coinciden con debate del REINFO
Las visitas se alinearon con el debate legislativo sobre la ampliación del REINFO, finalmente aprobado a fines de noviembre de 2024. Este tipo de gestiones muestra una estrategia deliberada de los sectores mineros informales para influir en la formulación de leyes que les beneficien y posterguen su obligación de cumplir con los requisitos de formalización.
En el centro del debate están iniciativas como la nueva Ley Mape, impulsada desde la Comisión de Energía y Minas que preside Paul Gutiérrez, así como proyectos que buscan extender el Reinfo hasta 2026 o incluso 2027, y debilitar mecanismos de control como la fiscalización de la tenencia de explosivos.
Si bien una visita al Congreso no implica necesariamente una reunión directa con legisladores —puede tratarse de encuentros con asesores o participación en eventos—, los patrones detectados permiten identificar redes de influencia política que colocan a la minería informal en una posición de poder en la toma de decisiones legislativas. Todo esto ocurre en un contexto nacional marcado por episodios de violencia en zonas mineras, como la reciente masacre en Pataz, y por un escenario preelectoral donde el respaldo de ciertos sectores puede marcar la diferencia.
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