La neutralidad electoral establecida por la Resolución N.º 0112-2025-JNE impide que el programa televisivo que preparaba la mandataria salga al aire. Su entorno no lo habría previsto.

Por Daniel Crespo Pizarro

El programa de televisión que alistaba TV Perú para la presidenta Dina Boluarte, bajo el título tentativo Cada domingo a las ocho, ha quedado suspendido debido a los límites establecidos por la Resolución N.º 0112-2025-JNE, emitida por el Jurado Nacional de Elecciones en el contexto del proceso electoral de 2026.

Aunque se trata del canal del Estado —no del gobierno—, la emisión de este espacio semanal con presencia directa de la mandataria plantea cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos. De acuerdo con la resolución vigente, no toda aparición oficial es considerada publicidad estatal, pero existen restricciones claras.

En su Artículo 17, inciso e, se señala que no se consideran publicidad estatal:

“Otras publicaciones que no se enmarcan en la definición de publicidad estatal, como por ejemplo, comunicados, saludos institucionales o por efemérides, convocatorias de trabajo, transmisión de eventos en vivo, programas o microprogramas informativos, webinars.”

Sin embargo, el Artículo 33, inciso b, indica que hay infracción cuando:

“La conducta infractora de la autoridad, funcionario o servidor público, sin tratarse de una actividad oficial, invoca su condición como tal e intenta influenciar en la intención del voto de terceros o se manifiesta en contra de una determinada opción política.”

El programa de Dina Boluarte se iba a financiar con fondos del Estado.

Aunque el formato del programa presidencial podría haber calificado como microprograma informativo, no se definió una agenda institucional clara. El riesgo de que se convirtiera en un espacio de opinión o de defensa del gobierno —sin control externo y con uso de fondos públicos— lo colocó en una zona de posible infracción.

El proyecto venía gestándose desde mediados de 2023, pero quedó paralizado tras la convocatoria a elecciones generales, firmada por la propia presidenta el 26 de marzo de 2025. A partir del día siguiente, tanto ella como cualquier otra autoridad, como funcionario o servidor público, están sujetas a las reglas de neutralidad electoral.

La resolución permite únicamente mensajes informativos relacionados con salud, educación y seguridad ciudadana, y prohíbe expresamente cualquier manifestación que pueda ser percibida como proselitista o que favorezca una opción política. El entorno de la mandataria no habría previsto esta limitación, por lo que el programa no avanzó más allá de la etapa de planificación.

Tras 8 meses el silencio llegaría a su fin

El prolongado silencio ante los medios de comunicación que está por alcanzar los 250 días, estaría por terminar. Su última participación fue en una conferencia, el 22 de octubre de 2024, donde incluso preguntó el nombre y medio de los periodistas presentes. 

Sin embargo ha llamado la atención un detalle, según su abogado Juan Carlos Portugal, la mandataria tiene previsto romper ese silencio antes del 28 de julio, cuando debe pronunciar su mensaje a la Nación. “Seguramente en las próximas semanas declarará”, señaló en una entrevista con Canal N. Aunque aclaró que no integra el equipo de comunicaciones de Palacio, dijo haber percibido esa voluntad tras reunirse con ella. “Está con el deseo de conversar con la prensa. Esa es la impresión que he tenido a partir de nuestras conversaciones”, afirmó.

el 22 de octubre, la mandataria tuvo un altercado con un periodista en Palacio. «No estoy debatiendo contigo», le dijo.

La falta de contacto directo con periodistas ha sido defendida por integrantes del Ejecutivo. El ministro de Educación, Morgan Quero, sostuvo que la presidenta “se comunica con la población a través de sus actividades institucionales”, y que “no es indispensable un diálogo permanente con la prensa”. A su vez, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, afirmó que los mensajes de Boluarte “son claros” y que “los medios ya no deberían insistir tanto”. En algunos casos, las respuestas a temas polémicos se han canalizado a través de comunicados o declaraciones legales, como señaló Portugal al referirse a los archivamientos fiscales: “También responde con los casos que se han cerrado, que eran meras cortinas de humo”.

El Consejo de la Prensa Peruana, en su informe presentado ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), alertó sobre el deterioro de la libertad de expresión en el país y ubicó a Boluarte como una de las autoridades que más limitaciones ha impuesto al trabajo de la prensa. Se menciona la exclusión de reporteros de coberturas oficiales, la ausencia prolongada de conferencias y una narrativa constante de deslegitimación. “La hostilidad hacia el periodismo no es nueva, pero se ha institucionalizado”, advierte el documento. La presidenta comparte este estilo con su antecesor Pedro Castillo, quien también evitaba responder preguntas en público. Mientras tanto, el retorno de Boluarte a una conferencia abierta sigue siendo una expectativa sin fecha confirmada.

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