La iniciativa del parlamentario reaviva el debate sobre la confianza en el Poder Judicial en conflictos de legitimidad democrática, mientras crecen las discusiones en torno al proceso electoral peruano 

Por: Redacción COSAS

El congresista Edward Málaga Trillo ha puesto en agenda una propuesta de acción constitucional que busca abrir una ruta legal para ciudadanos que consideren afectados sus derechos políticos en el actual proceso electoral. Bajo el nombre de “Amparo Electoral”, la iniciativa plantea la posibilidad de presentar demandas de amparo con el objetivo de frenar la proclamación oficial de resultados, solicitar la nulidad del proceso y la convocatoria de nuevas elecciones, siempre que un juez constitucional determine que existió vulneración de derechos fundamentales.

“No podemos normalizar una elección viciada”, señaló Málaga en una reciente publicación difundida en sus redes sociales, donde sostuvo además que “cualquier ciudadano afectado en sus derechos puede presentar un amparo para frenar la proclamación, declarar la nulidad e ir a nuevas elecciones”. En ese mismo mensaje, remarcó que el procedimiento sería gratuito y de presentación online, buscando facilitar el acceso ciudadano a mecanismos constitucionales de tutela judicial.

Como parte de la propuesta, el legislador puso a disposición pública una plantilla de demanda de amparo, acompañada de una guía paso a paso para su llenado y presentación. “Atendiendo diversos pedidos ciudadanos, pongo a disposición una plantilla de documento que puede ser usada como texto base para ayudarte a preparar tu demanda”, escribió y recomendó, además, que el documento sea revisado por “un abogado de tu confianza” antes de su interposición.

La propuesta se enmarca en un contexto de fuerte polarización y de cuestionamientos públicos al proceso electoral por parte de diversos sectores políticos y ciudadanos. Sin embargo, especialistas en derecho constitucional recuerdan que una demanda de amparo no implica automáticamente la suspensión de un proceso electoral ni la nulidad de sus resultados, sino que requiere demostrar, ante el Poder Judicial, una afectación concreta y verificable de derechos constitucionales.

Con hashtags como #DemandaDeAmparo, #NoALaProclamación, #NulidadTotal y #NuevasEleccionesPerú, la iniciativa de Málaga busca canalizar institucionalmente el descontento ciudadano hacia la vía judicial y traslada al terreno constitucional un debate que hoy domina la esfera política y pública del país. Su planteamiento, más allá de la controversia que genera, coloca sobre la mesa una discusión de fondo: qué mecanismos ofrece el Estado de derecho cuando una parte de la ciudadanía pierde confianza en la legitimidad de un proceso electoral.

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¿Que es lo que principalmente anima tu iniciativa?

En primer lugar, mi obligación, como congresista de Lima, de dar voz a muchos ciudadanos que se sienten impotentes ante un JNE que hoy los ignora y se apresura a pisotear la voluntad popular con una proclamación ilegal. El riesgo de que el país se incendie es muy alto si no resolvemos bien esto.

En segundo lugar, mi propia indignación. Yo tuve que esperar más de 4 horas para poder votar y vi cómo cientos de ciudadanos en mi local de votación clamaban “queremos votar”. Y no puedo creer que ante tantas y tan graves irregularidades, el JNE y sus aliados se apresuren a “pasar la página”, como si nada hubiera pasado.

El principal objetivo tras ella

Empecemos con el problema: Lo que ha pasado es tan grave e inimaginable, que no está contemplado en la ley electoral, y como el JNE es autónomo, entonces ellos se lavan las manos y dicen que no se puede hacer nada.

Pero la solución está la Constitución. Al haberse vulnerado derechos fundamentales como el derecho al libre sufragio y el derecho a vivir en un Estado democrático de Derecho, cualquier ciudadano puede presentar una demanda de amparo, con tres objetivos: 1) frenar la proclamación de un resultado que no refleja la voluntad popular 2) declarar la nulidad de la elección en virtud al artículo 31 de la Constitución y 3) ir a nuevas elecciones.

El trámite es gratuito, online y, para facilitarle las cosas a los ciudadanos, hemos puesto a disposición un modelo de demanda muy bien fundamentado, que puede ser rápidamente revisado y adaptado a cada situación con cualquier abogado de confianza. Quiero llamar a la ciudadanía a utilizar esta herramienta para defender la base misma de nuestra democracia. Es su derecho, y no hay excusa para no hacerlo.

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