Las atrocidades cometidas por miembros del Sodalicio no se limitaron al abuso sexual. Igual de grave y mucho más generalizada fue la manipulación psicológica, concebida para despojar de su libre albedrío a cientos de personas. En un giro inesperado, la Fiscalía acaba de admitir una denuncia ampliatoria a siete altos cargos de la organización por secuestro y asociación ilícita. Es el resultado de la valiente denuncia de cinco víctimas, quienes aquí cuentan cómo les robaron la libertad más preciada: la libertad de pensar.
Escribe: Enrique Chávez Durán
Investigación: Josefina Miró Quesada
(Publicado originalmente en Revista h 57, junio de 2016)
Óscar Osterling. El 29 de febrero de1992, entró a vivir formalmente a una comunidad sodálite. Se retiró voluntariamente en 2012. De los cinco denunciantes, es el único que se reconoce aún como creyente.
“¡Obedece!”, fue conminado. “Vas a estar bien”, le dijo Moroni. Como si fuese el latigazo de un electroshock, Carlos Paredes fijó los ojos en su interlocutor y se quedó callado. Paredes era sodálite y había viajado a Arequipa para participar en un Convivio, un congreso de jóvenes católicos provenientes de diversas escuelas. Había sido el encargado de organizar todo lo referido a la espiritualidad del evento. La misa, la liturgia, la fogata. Fue un accidente aparentemente absurdo. Iba manejando a poca velocidad por la avenida Del Ejército cuando se estrelló contra un poste. Pero estaba sin cinturón de seguridad y su cabeza se golpeó duramente contra el timón del carro.
Llegó a la Clínica San Juan de Dios con un traumatismo encéfalo craneano severo. Hablaba incoherencias y nada lo tranquilizaba. Avisado del accidente, el superior sodálite en Arequipa, Sandro Moroni, llegó a verlo y le dio la última orden de su vida. Paredes acató. Minutos después, murió debido a la hemorragia interna.
Obediencia hasta el fin
Veintiún años más tarde están sentados en una mesa los hermanos Martín y Vicente López de Romaña Jenkins, Óscar Osterling Castillo y Pedro Salinas Chacaltana. Aunque no está en ese momento, el grupo lo completa José Enrique Escardó Steck. Los cinco son exsodálites y, en mayo último, interpusieron una denuncia penal ampliatoria contra ocho personajes claves del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) encabezados por su fundador, Luis Fernando Figari Rodrigo. En la reunión, los acompaña su abogado, el penalista Héctor Gadea. El recuerdo de Paredes, un sodálite que demuestra su obediencia incluso cuando está ad portas de la muerte, lo desempolva Osterling, un hombre delgado, de facciones afiladas y barba cuidadosamente recortada. Sus ojos son azules, un patrón inquietantemente recurrente entre los sodálites. Como comenta Vicente, por alguna razón ese pequeño porcentaje de elegidos, considerados dignos de enrolarse en filas del SVC y atrincherarse “contra mundum”, eran casi todos blancos.
Es bien sabido que las denuncias públicas contra el SVC vienen de tiempo atrás. Escardó fue el primero, y el Sodalicio lo combatió frontalmente. Pero luego se hicieron públicas en la prensa las denuncias de abusos sexuales cometidos por Germán Doig –el lugarteniente de Figari, fallecido en 2001–, y Daniel Murguía fue detenido en un hostal del Centro de Lima cuando le estaba tomando fotos a un menor de 11 años. Fue un gran escándalo: Murguía fue a la cárcel, pero solo durante un año y medio. El SVC lo expulsó, pero costeó su defensa legal. La ola de denuncias se convirtió en un tsunami con la publicación del libro “Mitad monjes, mitad soldados”, escrito por Salinas en colaboración con la periodista Paola Ugaz. Se trata de un extenso e inquietante catálogo de abusos físicos, psicológicos y sexuales que muy poco tiene que ver con los valores preconizados por el catolicismo. Las humillaciones narradas en el libro van desde obligar a un joven a tomar sopa de su zapatilla hasta hacer que otro “fornique” con una silla. Hay violaciones sexuales propiamente dichas, pero sobre todo encuadradas en una cultura de supuesta disciplina que termina siendo de violencia transversal, donde un líder como Figari ostenta características mesiánicas, sádicas y abiertamente racistas.
El secuestro no se configura solamente cuando te encierran en una celda o en una habitación. Básicamente, es una privación de la libertad. Y a los cinco les arrebataron la libertad de pensar.
Hasta ahora, sin embargo, las denuncias públicas no se habían traducido en una acusación sólida ante las autoridades judiciales peruanas. Los cargos por violación por los que, en octubre del año pasado, fueron denunciados Figari y Murguía –además del fallecido Doig– ya prescribieron. Pero sobre la base de los testimonios de los cinco denunciantes, el abogado Héctor Gadea ha elaborado un andamiaje jurídico que justifica ampliar la denuncia penal contra Figari y compañía por otros delitos: secuestro, lesiones graves y asociación ilícita para delinquir. Osterling, Escardó, Salinas y los hermanos López de Romaña fueron, todos, rehenes del Sodalicio.
Septiembre de 2001.De izquierda a derecha: Óscar Osterling, Jorge Olaechea (miembro del consejo superior del SVC), monseñor Salvador Piñeiro (actual residente de la Conferencia Episcopal Peruana) y Luis Fernando Figari, en un acto oficial del SVC.
Lavandería de cerebros
La obediencia es el gran paraguas. El formateo, el apostolado.
Según explica Gadea, las víctimas de Figari y otros miembros de la cúpula del SVC eran escogidas luego de un proceso de reclutamiento cuando aún eran menores de edad –la selección planificada, otro concepto clave de la articulación de la denuncia–, y de allí, como paso previo a su internamiento en la casa que el Sodalicio tiene en San Bartolo, eran sometidas a un cuidadoso y brutal proceso para desmontar su libre albedrío, condición que configuraría un secuestro.
Todo empezaba con la captación de adolescentes y jóvenes vulnerables, provenientes en su mayoría de hogares disfuncionales. La truculenta obsesión homofóbica de los superiores, que ponían en permanente cuestionamiento la orientación sexual de los enrolados, es una paradoja solamente en apariencia, pues respondía a otro fin: imponer un ambiente de dominación y disolución de la voluntad individual. Bajo el manto de supuestos valores cristianos, Luis Fernando Figari armó un movimiento inspirado en la falange española y en ciertas vertientes orientalistas, un combo muy peculiar que no es bien visto por sectores menos conservadores de la Iglesia Católica. Consultado, el padre Gastón Garatea, expresidente de la Mesa de Concertación de la Lucha Contra la Pobreza, dice: “Prefiero no hablar, ya que tengo problemas con el cardenal Juan Luis Cipriani. El Sodalicio ha hablado mal de mí, no se imagina lo mal que me interpretan ahora”.
Julio de 1990 El joven Óscar Osterling, durante un viaje de misiones en Majes, Arequipa.
Derecho penal (no canónico)
Cipriani, quien no renovó la licencia pastoral a Garatea y ha tenido con él una larga saga de enfrentamientos, será citado a declarar por la Fiscalía con relación al supuesto conocimiento que habría tenido de las denuncias pre-
sentadas ante el Tribunal Eclesiástico contra los sodálites, y que debieron llegar antes a la justicia civil. Tras la publicación del libro, en octubre del año pasado, el Ministerio Público abrió una investigación de oficio a Figari, Germán Doig y Daniel Murguía por violación sexual. La denuncia penal ampliatoria presentada posteriormente incluye, además, a Jaime Baertl Vega, Virgilio Levaggi Vega, José Ambrozic Velezmoro, José Antonio Eguren Anselmi, Eduardo Regal Villa, Óscar Tokumura Tokumura y Erwin Scheuch Pool.
Ampliar la investigación a delitoscomo el secuestro, las lesiones psicológicas graves y la asociación ilícita fue un giro inesperado por parte de los denunciantes. Pero, el 31 de mayo, la 26a Fiscalía Provincial Penal de Lima admitió a trámite la ampliación de la denuncia por los tres nuevos delitos y otorgó un nuevo plazo de 120 días para realizar pesquisas. Además, la fiscal amplió la investigación de oficio contra Jeffery Stewart Daniel por violación, y excluyó a Eguren de todos los delitos en primera instancia. A diferencia de la violación sexual, los delitos de secuestros no prescriben aún, por lo que la investigación fiscal no corre riesgo de ser archivada.
