Las secuelas de ser rehén
Cuando la conversación con los sobrevivientes del Sodalicio pasa a ser un debate entre ellos, no queda más que callar y escuchar. Tras el impacto de las denuncias periodísticas, quedan las vidas que buscan un sentido y ese reclamo elemental de justicia que es un rasgo elemental del ser humano convertido en víctima.
El Sodalicio los separó de sus familias y esto ahora se manifiesta de manera palpable y dolorosa. Un testimonio revelador es el de Patricia Murguía, hermana de Daniel, el protagonista de aquel horrendo caso de pederastia que puso al SVC en la picota hace cinco años. Ella se mantiene crítica sobre el papel del Sodalicio, no solo por el pasado, sino también por sus esfuerzos presentes para separar el caso de su hermano de la imagen del SVC a través de la contratación del abogado José Pflucker, a quien acusa de continuar con el lavado de cerebro para salvar la reputación de la organización. “Cualquier cochinada y porquería la acató mientras estaba en el Sodalicio”, lamenta Patricia sobre su hermano. Otro caso notorio es el de los hermanos Scheuch Pool. Erwin, exvocero de la organización, está entre los denunciados por secuestro y lesiones por los cinco exsodálites protagonistas de esta nota, mientras que su hermano radicado en Alemania, el teólogo Martín, denuncia en su blog los pecados del SVC desde 2012.
A los denunciantes les afecta que hoy no sean dos los bandos en pugna, sino tres. A la sociedad y ellos se suman otros ex sodálites que los critican severamente por lo que consideran exa geraciones e incapacidad para darle vuelta a la página. En el centro de esta discusión está el presunto señalamiento al Sodalicio como una asociación criminal que hicieron los denunciantes durante una conferencia de prensa el pasado 12 de mayo.
La denuncia admitida a trámite por la Fiscalía no apunta al SVC como institución, sino a personas individuales. Aun así, en una carta del 1 de junio, 47 exsodálites se solidarizaron con las posibles víctimas de abusos, pero a la vez se opusieron “rotundamente” a ser señalados como exmiembros de una organización criminal. “Durante nuestra pertenencia al SCV, nuestra labor no tuvo relación alguna con actividades ilícitas de ningún tipo”. Los firmantes también remarcan: “Hemos ingresado al Sodalicio de Vida Cristiana de manera libre y consensuada”, y señalan que el revuelo mediático “nos está afectando de manera personal, familiar y laboral al ser víctimas de un señalamiento o juzgamiento por haber sido exintegrantes del Sodalicio”.
Dios perdona el pecado pero no el escándalo.
Germán Doig (segundo desde la derecha) en un retiro espiritual del SVC.
Encubrimiento (en nombre de Dios)
Otro es el conflicto más íntimo. La fe es terreno de batalla. De los cinco denunciantes, solo Osterling se declara aún creyente. Los demás han dejado de creer en Dios. En su nombre se cometieron los abusos y se convirtieron en prisioneros durante lustros y décadas. La liberación, en ese orden de ideas, pasaba por desmontar la estructura espiritual sobre la que se edificó la cárcel de la mente.
Aunque su fragilidad se manifieste de tanto en tanto, ellos son los fuertes de la historia. Otros permanecen agazapados. Algunos fuera del Perú. Enfermos, empobrecidos, dañados. Quebradizos ante la mínima mención de los hechos, como la mujer de Lot convertida en estatua de sal por mirar hacia atrás. El sistema parece diseñado para dejar cabos sueltos que favorecen a los abusadores.
El Sodalicio de Vida Cristiana es una sociedad de vida apostólica de derecho pontificio que fue aprobada definitivamente por el papa Juan Pablo II en 1997. Esto le confiere una forma canónica por la que se encuentra bajo la égida del Vaticano. De ese modo, el destino judicial de Figari se encuentra más cerca de Roma que del Palacio de Justicia de Lima.
En su declaración a la fiscal, Víctor Luis Huapaya Quispe, vicario judicial del tribunal interdiocesano de Lima, reconoció haber recibido cuatro denuncias contra Figari y el Sodalicio entre 2011 y 2013. Huapaya le explicó a la Fiscalía: “No corresponde a ninguna autoridad religiosa conocer de dichas causas”, precisando que hubiese sido distinto si el hecho hubiese sido cometido por un clérigo, toda vez que le hubiera correspondido conocer el caso al obispo competente.
Lo absurdo es que las denuncias tampoco fueron presentadas al fuero judicial, según Huapaya, porque las víctimas pidieron reserva. Desde la estructura eclesiástica, la pieza de información más relevante es la que aporta el “visitador” del Vaticano, Fortunato Pablo Urcey, obispo de Chota. Urcey reconoce la tremenda incongruencia entre la doctrina de Figari y sus acciones, pero concluye su informe señalando que no ha podido determinar “fehacientemente” responsabilidad alguna sobre abusos físicos, psicológicos o sexuales.
A sus excentricidades y sus salvajes métodos disciplinarios, los califica como “caprichos y desórdenes”, mientras que mostrar a los jóvenes fotografías de sodálites en ropa interior y pedirles “que lo toquen”configura, para el visitador, una conducta “imprudente”.
Para Urcey, todo esto se explica porque Figari se dejó influir “por técnicas orientales”.
De Lima a la Santa Sede
Según Andrés Beltramo, corresponsal del “Vatican Insider” –suplemento del diario italiano “La Stampa”–, un informe enviado por Urcey, y que hace más de dos meses está en manos de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, será la pieza principal para la decisión que la Santa Sede tome sobre Figari.
La congregación también tiene en sus manos el reporte de la comisión de ética para la justicia y reconciliación, integrada por cinco personas de notable trayectoria, convocadas por el mismo SVC, y un informe preliminar elaborado por la exagente del FBI, Kathleen McChesney, y el consultor irlandés Ian Elliot, quienes ahora asesoran al Sodalicio para la creación de una oficina de protección al menor.
“De estos tres reportes, la Santa Sede dará mayor peso al de Urcey, por ser obispo y su propio delegado”, señala Beltramo. Si es así, y el testimonio del visitador está en línea con lo que declaró al Ministerio Público Peruano, puede adelantarse que Figari recibirá apenas unas palmadas eclesiásticas, un castigo acorde con sus “desordenados” e “imprudentes” métodos de formación del carácter.
Sin embargo, en mayo pasado, el Vaticano anunció el nombramiento de un nuevo “visitador”, el arzobispo de Indianápolis (Estados Unidos) Joseph William Tobin. “Mientras culmine la investigación en el Vaticano, el delegado (es decir, Tobin) guiará al gobierno del Sodalicio en las decisiones a adoptar en el caso de Luis Fernando Figari”, informó el superior del SVC, Sandro Moroni, luego de conocerse el nombramiento. Tobin, a diferencia de Urcey, es un prelado con experiencia en casos de abusos sexuales que involucran a miembros del clero, pues la Santa Sede ya le encargó anteriormente ver denuncias similares en Irlanda.
Un grupo de jóvenes adoctrinado por Pedro Salinas en el campamento Dios y Naturaleza.
Otro testimonio revelador que contiene la ampliación fiscal es el del religioso Jaime Baertl Gómez, de las pocas figuras que perviven en la organización desde las épocas de Figari, aunque en la actualidad no tenga ningún cargo nominal. El papel clave de este sacerdote va más allá del organigrama. Es él quien comanda el brazo empresarial e inmobiliario del Sodalicio, cuyo cuartel de operaciones es Inversiones San José.
Baertl entra en una abierta contradicción cuando señala que no tomó conocimiento de abusos sexuales “contra algún menor o mayor de edad miembro del Sodalicio” –la puntualización de la edad siempre es mencionada por los involucrados– hasta que en 2011 se enteró de “algunas denuncias presentadas ante el Tribunal Eclesiástico de Lima”. Reconoce que supo que algunas de ellas eran contra Figari, pero no se enteró de su naturaleza. Lo que llama la atención es que Baertl revela que fue él quien investigó a Germán Doig –el número dos de Figari que falleció en 2001– entre 2008 y 2010 debido a “al menos tres” denuncias de abusos sexuales en su contra. Además, según los testimonios del libro de Pedro Salinas, fue la misma persona que investigó a Doig –es decir, Baertl– la que en ese contexto demandó que Figari dejara su cargo de superior general debido a las denuncias en su contra. Figari adujo motivos de salud para retirarse y, desde entonces, vive en Roma.
No puede ser cierto, entonces, que Baertl supiera de la existencia de las denuncias de abusos sexuales reciéndesde 2011. El religioso decidió no colaborar en la elaboración de este artículo, al igual que Moroni, actual superior del SVC, y el abogado de Figari, Armando Lengua Balbi.
El futuro
La cantidad y la crudeza de los testimonios ponen en cuestión la continuidad del Sodalicio. Cabe preguntarse qué es lo que quedará del movimiento, además de los negocios y los edificios, luego de renegar de sus orígenes ideológicos de tintes fascistas y esconder en el desván de la memoria a su líder y fundador, en torno al cual se construyó un culto a la personalidad que ha dejado secuelas en mucha gente. La situación de Figari es una nueva prueba para la Iglesia y para una sociedad que tiene el derecho a defenderse por encima de espacios de impunidad que no corresponden a un Estado laico. El pasado 16 de junio, el diario británico “The Guardian” publicó un artículo que refleja escepticismo por que finalmente Figari responda a la justicia.
En setiembre, se sabrá el alcance de la investigación fiscal y si se justifica que continúe su vida romana de recogimiento. O si, como piden las cinco víctimas que han dado el paso de denunciarlo, deberá regresar al Perú para responder ante la justicia. No la canónica sino la terrenal.
