Acusada de lavado, colusión y liderar una red criminal, la exalcadesa de Lima será juzgada desde el 23 de septiembre. Finalmente, se formalizó la medida tras revelarse aportes de US$11 millones de Odebrecht, OAS y Graña y Montero.
Por Fiorella Ramírez Menacho
El caso de los presuntos aportes ilícitos de constructoras brasileñas a las campañas municipales de Susana Villarán ha dado un nuevo giro. Este jueves, el Poder Judicial dictó 36 meses de impedimento de salida del país contra la exalcaldesa de Lima, en el marco del proceso penal que afronta por delitos de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir, colusión y otros vinculados al financiamiento de sus campañas de 2013 y 2014.
La medida fue ordenada por el juez Víctor Chávez Tamariz, del Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, quien además rechazó un pedido de la fiscalía para que Villarán tenga prohibido comunicarse con testigos, coacusados y funcionarios públicos vinculados al caso. Esta decisión se basó en una ley aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo que limita la imposición de restricciones de esta naturaleza, a pesar de la gravedad de los hechos imputados.
La audiencia se realizó de manera presencial, aunque tanto la exalcaldesa como su abogada, Merly Edquen, solicitaron participar de manera virtual, lo cual fue autorizado por el juez. Durante la sesión, la defensa adelantó que se opondrán formalmente a las medidas solicitadas por el Ministerio Público.
Un pedido postergado desde 2022
El requerimiento de la fiscalía data de agosto del 2022, cuando el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial del caso Lava Jato, solicitó al juzgado medidas restrictivas contra Villarán y otros 15 imputados. Según el documento, el Ministerio Público requería que se imponga impedimento de salida del país y comparecencia con restricciones, incluyendo reglas de conducta que reforzaran el cumplimiento del proceso judicial.
Sin embargo, el juez Chávez Tamariz no resolvió esta solicitud en su momento. En mayo pasado, al concluir el control de acusación y disponer el pase del caso a juicio oral, el magistrado omitió pronunciarse sobre las medidas solicitadas. Fue el Tercer Juzgado Colegiado Penal de la Corte Superior Nacional, encargado del juicio, el que detectó la omisión y devolvió el expediente al juez original, solicitando que se resuelva “en el plazo más breve, entendiéndose la importancia del desarrollo de este proceso penal”.
Solo entonces, tres años después del pedido fiscal, se convocó a una audiencia para evaluar el requerimiento. La fiscalía argumentó que las restricciones son necesarias para garantizar la sujeción de los acusados al proceso penal y evitar riesgos procesales, como la fuga o la obstrucción de la justicia.
La acusación contra Villarán
La exalcaldesa enfrenta una acusación fiscal que solicita 29 años de prisión por su presunta participación en una estructura criminal que habría recibido más de 11 millones de dólares de las constructoras Odebrecht, OAS y Graña y Montero. Estos fondos habrían servido para financiar dos campañas políticas: la del “No a la revocatoria” en 2013 y la de su fallida reelección en 2014, mientras se encontraba al frente de la Municipalidad de Lima.
Según la fiscalía, los aportes no fueron declarados y se encubrieron a través de un esquema de lavado de activos que incluyó contratos ficticios y el uso de empresas fachada. El caso también involucra a otros 15 acusados: para 14 de ellos se ha solicitado impedimento de salida del país, para uno se pidió comparecencia con restricciones, y solo en el caso de Mario Ruas Nogueira, empresario residente en México, se ha planteado prisión preventiva, debido a su presunto rol clave en la creación de una empresa ligada al lavado de dinero.
En lo que respecta a Susana Villarán, la fiscalía también solicitó una serie de reglas de conducta adicionales: informar sus actividades cada 15 días, abstenerse de comunicarse con testigos, peritos y otros involucrados en el proceso, no dar declaraciones a medios de comunicación ni en redes sociales, no ausentarse de su residencia, no salir de Lima y pagar una caución de S/ 500,000. Sin embargo, el juez solo accedió al impedimento de salida del país.
La defensa niega delito
Si bien Susana Villarán ha reconocido públicamente que sus campañas recibieron fondos de las constructoras brasileñas, no lo ha admitido en sede judicial. Su defensa sostiene que los aportes fueron un “error político”, pero niega que se trate de un acto delictivo o de corrupción. La abogada Merly Edquen ha insistido en que no existen pruebas suficientes para justificar medidas tan severas y cuestiona el tiempo transcurrido desde que se solicitó la imposición de restricciones.
En paralelo, el Ministerio Público argumenta que Villarán lideró una red delictiva enquistada en la gestión municipal que favoreció de manera ilícita a empresas contratistas. Estas posiciones serán confrontadas en el juicio oral programado para el 23 de septiembre, donde se determinará la responsabilidad penal de la exalcaldesa y los demás acusados.
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