La fiscal Marita Barreto Rivera dispuso una investigación preparatoria contra el expresidente y cuatro exmilitares por presuntos delitos cometidos en 1992 en la base militar Madre Mía, en el Alto Huallaga.
Por: Mery Jiménez Heredia
La Fiscalía de Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, encabezada por la fiscal provincial Marita Barreto Rivera, formalizó una investigación preparatoria contra el expresidente Ollanta Humala Tasso y cuatro exmilitares, en el marco del caso Madre Mía. A los implicados se les atribuyen presuntos delitos de homicidio calificado y desaparición forzada, ocurridos en 1992 en la zona del Alto Huallaga.
Ollanta Humala enfrenta una nueva investigación mientras cumple una condena de 15 años por lavado de activos.
De acuerdo con la disposición fiscal N.º 22, emitida el 24 de septiembre de este año, la investigación se centra en los asesinatos de Edgardo Isla Pérez y Némer Acuña Silva, así como en la desaparición de Luis Alberto Izaguirre Prieto, Nelson Hoyos Sagástegui, Hermes Estela Vásquez y Yandel Leandro Zúñiga. Los hechos son evaluados dentro del marco de posibles crímenes de lesa humanidad.
El documento de la Fiscalía incluye a los exmilitares Tobías Huaringa (alias Huaringa), Nicanor Guerra (alias Rambo), Amílcar Gómez (alias Chicho) y Russel Vela (alias Livio), quienes habrían operado bajo el mando de Humala, conocido entonces con el alias de Capitán Carlos. En ese periodo, el exmandatario se desempeñaba como jefe del Batallón Contrasubversivo 313, con base en Madre Mía, en la región San Martín.
La investigación incluye presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en la base militar Madre Mía, en el Alto Huallaga.
Como parte de las medidas judiciales correspondientes, el juez Jorge Chávez Tamariz ordenó que los investigados sean inscritos en el Registro Nacional de Procesados por el delito de desaparición forzada. Además, otorgó un plazo de ocho meses para el desarrollo de esta investigación, que declaró como “compleja”. Este culminará el 24 de mayo de 2026.
Ollanta Humala enfrentará este nuevo proceso desde la cárcel, donde cumple una condena de 15 años por el delito de lavado de activos. La Fiscalía informó que continuará con diligencias como la recolección de testimonios, peritajes forenses y análisis documentales, con el objetivo de determinar el grado de participación de cada implicado. No se descarta que en el transcurso de la investigación se soliciten medidas coercitivas adicionales.
Con esta formalización, el Ministerio Público retoma un expediente que fue archivado en 2009, época en que se consideró que no había méritos suficientes para un juicio oral. No obstante, el proceso judicial será determinante para definir la eventual responsabilidad de Humala y de los oficiales bajo su mando en los hechos ocurridos en Madre Mía, durante uno de los años más duros de la violencia interna en el país.
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