La Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, aprobadas por el Congreso y la PCM durante la gestión de Sagasti, permiten soñar con un Perú distinto, en el que las ciudades puedan convertirse en verdaderos focos de inclusión y desarrollo. Pero ¿qué ha ocurrido con políticas similares en otros países de la región? ¿De qué manera la generación de vivienda de interés social puede contribuir a mejorar el nivel de vida de los más pobres en el Perú? Tres expertos internacionales nos revelan su mirada sobre las políticas de planificación urbana y promoción de la vivienda de interés social en Latinoamérica en las últimas décadas.
Por Edmir Espinoza
Ilustración de Erick Baltodano
La reciente aprobación de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y de la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo (PNVU) marca un hito histórico en el intento de fomentar la vivienda de interés social para los sectores más vulnerables y cambiar la dinámica insostenible de crecimiento de las ciudades en el Perú. Sin embargo, la aparición de estos importantes instrumentos para la gestión del suelo y el territorio abre diversas interrogantes.
¿Cuál debe ser el enfoque para la generación de nuevas viviendas de interés social en el país? E incluso más importante, ¿qué ejemplos aplicados en otros países de la región deberíamos replicar o evitar para generar una verdadera inclusión urbana de los sectores menos favorecidos de la sociedad? CASAS conversó con tres expertos urbanistas del Perú, Argentina y Chile sobre los grandes desafíos que enfrenta la región para garantizar el acceso a una vivienda digna a las familias menos favorecidas del continente, y sobre cómo el diseño de estas políticas puede generar dinámicas urbanas que nos permitan ser países más justos e inclusivos
Proyecto de urbanización de viviendas de bajo costo en Ica, Perú, realizado por Mario Lara en colaboración con Jesús Pérez (2011). Las unidades, construidas con uno o varios módulos prefabricados, se diseñaron a la usanza de las casas tradicionales de la costa. Foto de Alex Kornhuber.
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Luis Rodríguez, director del Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad (CIAC), no puede ocultar su entusiasmo. Tras décadas impulsando la planificación urbana en nuestro país, hoy celebra la aprobación de dos instrumentos esenciales para la planificación, la gestión urbana y del suelo, y la producción de vivienda de interés social en el Perú. “Hasta ahora, el único instrumento con el que se impulsaba la planificación y la gestión urbana en el país era el reglamento de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano.
No existía una ley que contara con mecanismos normativos y legales para poder emprender una verdadera planificación de nuestras ciudades, y por ello la aprobación de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo (PNVU) marca un hito en la forma en que podremos, en adelante, diseñar y reconfigurar nuevas ciudades de una forma más justa y sostenible”.
Rodríguez explica que, más allá de lo importante de contar con una ley y una política nacional que permita al Estado gestionar el territorio de manera articulada e integral, ambos instrumentos –ley y política– identifican como un problema medular una gestión, producción y ocupación del suelo absolutamente ineficiente e insostenible en el país, y a partir de este diagnóstico despliegan distintos mecanismos para revertir esta situación. “Tanto la ley como la política entienden que los tres grandes problemas de la vivienda en el Perú son: primero, el bajo impacto que hoy tiene la planificación urbana para frenar las ocupaciones informales de viviendas y la especulación urbana; segundo, que la actual gestión, producción y ocupación del suelo en el Perú es absolutamente ineficiente, y promueve que las ciudades se expandan infinitamente, haciéndolas incontrolables. Por último, ley y política ordenan el tema de la vivienda, buscando direccionar y focalizar los esfuerzos, tanto los recursos económicos, humanos, financieros y demás, a la vivienda de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad social”, explica el urbanista y arquitecto.
El arquitecto chileno Alejandro Aravena, Premio Pritzker en 2016, ha realizado viviendas sociales en su país, como Quinta Monroy (2003) y Villa Verde (2013). En ambos proyectos desarrolló la discutible teoría de la “vivienda incremental”: la mitad de la casa, financiada por el Estado, podía ser completada más adelante gracias a la prosperidad de los habitantes. Fotos de Elemental.
La disyuntiva entre vivienda y ciudad
Pero ¿cómo garantizar que el esfuerzo desplegado en el diseño y aprobación de estos instrumentos no termine por generar grandes guetos que, lejos de incorporar a un sector de la sociedad a la ciudad, los segreguen aún más y expulsen de las metrópolis? Al respecto, Francisco Sabatini, sociólogo chileno y doctor en Planificación Urbana por la Universidad de California, explica que las nuevas políticas de vivienda en Latinoamérica deben desmarcarse de un enfoque histórico de producción de habitáculos y de casas en cualquier lado, que no resuelven el problema de fondo de los sectores más pobres de la población. “Pareciera que en las ciudades latinoamericanas sigue existiendo una disyuntiva perversa: si usted es pobre, o accede a la ciudad o accede a la vivienda. Si quieres acceder a una vivienda formal, y relativamente bien construida, olvídate de la ciudad, porque será una vivienda aglomerada y segregada. Y si lo que quieres es ciudad, solo podrás acceder a una vivienda precaria en una barriada o campamento informal”, refiere Sabatini.
Consultado por el modelo chileno de vivienda, que en su momento logró reducir de forma dramática el déficit de acceso a vivienda por parte de los más pobres, Sabatini es contundente. “Si todavía existe la idea de que Chile ha llevado la delantera en vivienda social es por el hecho de que aquí se organizó una suerte de mecanismo financiero bastante productivo y eficiente de producción de unidades de vivienda económica para los hogares más pobres. Una especie de fábrica de casas baratas que subsidia a la demanda directamente, que fue ejecutada con algunas variantes en México y en Brasil, pero que a la larga lo que produjo fue una vivienda social de una calidad muy mala en términos urbanos, en términos de calidad de vida y de integración a la sociedad de los grupos más pobres. Y además, son viviendas que suelen estar muy segregadas, que no ofrecen oportunidades ni laborales ni de acceso a servicios ni de equipamiento”.
En su reciente edición de 2020, el Premio Oscar Niemeyer contó, entre sus finalistas, con algunos notables proyectos de vivienda social, como la vivienda en Ocuilan, de Rozana Montiel Estudio de Arquitectura. Foto de Jaime Navarro.
Para Sabatini, la razón por la que Chile hoy está inmerso en una crisis de vivienda, a pesar de ese “éxito” que tuvo con las políticas anteriores, responde a dos causas principales: “Por un lado, el deterioro social que han generado estos conjuntos de vivienda social, pero sobre todo porque hoy el suelo tiene siempre un uso potencial más rentable que la vivienda social. Para frenar eso, es esencial que el Estado se haga cargo y gestione el suelo de forma más inclusiva”.
Por su parte, Damián Sanmiguel, experto en vivienda social, doctor en Arquitectura y profesor de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, cree que, más allá del gran desafío latinoamericano de garantizar una vivienda digna para los sectores más empobrecidos de la región, es esencial combatir la despiadada especulación inmobiliaria que hoy enfrenta el continente. “El crecimiento de las ciudades deja en manifiesto que las metrópolis son focos de atracción natural. En una ciudad tienes más posibilidades. Para trabajar, para educarte, para acceder a los servicios, para tener un estándar de vida que uno anhela. Y en este sentido, las políticas de vivienda deben atender la necesidad de la gente por formar parte de esta dinámica de oportunidades”, comenta Sanmiguel, quien refiere como un ejemplo de lo que no se debe hacer en materia de vivienda la política implementada en Argentina en la década del setenta. “Con la idea de liberar a la ciudad de Buenos Aires y algunas otras ciudades importantes de asentamientos o villas miseria, se construían conjuntos de una escala importante (cuatro o cinco mil viviendas) que funcionaban como dispositivos contenedores de toda esta gente, pero sin dar más respuesta a sus problemas que la de darle sencillamente un techo. Y, claro, el problema social no se resuelve simplemente con dar una vivienda. Hay, además, que dar trabajo y oportunidades, generar inclusión desde todo aspecto, y eso es algo que recién en los últimos años se ha intentado hacer”, explica Sanmiguel.
La Casa Melani, de BiosArqs, también fue finalista del Premio Oscar Niemeyer. Foto de Fabio Chacón.
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Los expertos consultados coinciden en la necesidad de que las nuevas políticas de vivienda en Latinoamérica no pueden seguir pretendiendo solucionar las grandes desigualdades sociales de nuestros países con la mera construcción de viviendas baratas, donde los más pobres cumplan el sueño de la casa propia. Hay, además, que buscar un enfoque que considere a la vivienda de orientación social como un instrumento que permita incluir a la población más vulnerable en las dinámicas urbanas que ofrecen oportunidades de desarrollo.
Solo así, con políticas inclusivas, que atiendan a las particularidades de cada zona y región, nuestras ciudades podrán convertirse en verdaderos polos de transformación social, donde las diferencias sociales y económicas no condenen a las familias más pobres a una inexorable precariedad.
Artículo publicado en la revista CASAS #295
