¿Por qué el tren del alcalde de Lima llega más rápido que los documentos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)?

Por Isabel Miró Quesada

Como se esperaba, la llegada de los 43 vagones y 11 locomotoras desde California ha marcado la agenda noticiosa del fin de semana. La prensa ha hecho lo suyo: criticar los costos de traslado e implementación, cuestionar la concesión, denunciar los vacíos en el expediente, hacer preguntas incómodas y buscar las grietas en el discurso del alcalde de Lima. Ésa es su labor.

Pero hay preguntas que van más allá de este tren y de cualquier obra puntual. El Perú tiene un déficit de más de US$ 100 mil millones en infraestructura. Carencias en transporte, comunicaciones, educación, salud y un interminable etcétera. Es este déficit el que mantiene a millones de peruanos desconectados del Estado, de la educación, de la salud, de los mercados y del futuro.

¿Por qué nos cuesta tanto cubrir ese déficit de infraestructura? Por la misma razón por la que nos cuesta tanto hacer un simple puente para acceder al nuevo aeropuerto: un puente que no se caiga, como el de Chancay, o que no esté incompleto, como el del Armendáriz.

Hay demasiadas denuncias de corrupción. Hay mucha corrupción en el Estado, sí. Pero hay aún más denuncias de corrupción. No son lo mismo, ojo. Porque hay que partir del principio de que no hay compra o licitación perfecta. Cada elección tiene sus pros y contras.

Un ejemplo fue la reciente compra de tablets: una marca tenía un mejor cargador, otra tenía una mejor pantalla y una tercera ofrecía repuestos más accesibles. Y así sucesivamente. La compra del Minedu se cayó varias veces a punta de periodicazos. Y es que, cuando una empresa pierde una licitación con el Estado, al día siguiente busca un medio para denunciar por corrupción a la empresa ganadora.

De forma análoga, cuando un candidato pierde las elecciones, al día siguiente compra un kit de revocatoria.

«Hay que cuestionar por qué el ministro de Transportes se contenta con decir ‘no’ en lugar de buscar una forma de implementar este tren y apresurar la tramitología necesaria».

Es por eso que, en el Estado, hay mucho temor a terminar en prisión, sobre todo después del Caso Lava Jato y la proliferación de prisiones preventivas y lawfare que trajo la judicialización de la política. Un ministro o alcalde tiene a la Contraloría haciendo control concurrente, a la prensa encima y a los rivales políticos complotando en su contra. A eso se suma una burocracia engorrosa, como la del Estado peruano, con una “permisología” kafkiana y funcionarios mal acostumbrados a ponerle trabas a todo.

Por eso muchos ministros y alcaldes se mueren de miedo de firmar. Son muy pocos los que se atreven a formalizar una compra o un concurso público. Y son aún menos los que no terminan presos por denuncias de corrupción.

Quizás por eso, muchas autoridades han pasado del «roba pero hace obra» al «roba y no hace nada». Porque para cualquier alcalde o gobernador regional, es más fácil no hacer una gran obra, no ejecutar el canon minero y no usar el presupuesto municipal. Igual cobran su sueldo. Y les trae menos problemas y enemigos.

Ese quizás sea el mayor problema del país: la indolente inacción ante la falta de infraestructura de salud, educación y transporte. El ejemplo es la línea 2 del Metro, que en 10 años solo se ha construido al 66%.

En comparación con el Metro de Lima, el tren se ha traído un poco a caballazo, pasando por encima de tecnicismos, normativas burocráticas y especificaciones técnicas. Un poco como se hizo la Vía Expresa Sur, que generó muchísimas quejas pero que ahora ha abierto una ruta para aliviar el tránsito limeño. Ya es sabido que ése es el estilo del alcalde de Lima: el de pedir perdón antes que pedir permiso. Y eso le ha provocado muchas críticas, algunas de ellas justificadas.

Pero colocando todo en perspectiva, la prensa haría bien en abordar este problema en toda su complejidad, desde la necesaria reforma del Estado hasta las sanciones administrativas a funcionarios que no ejecutan su presupuesto. De lo contrario, solo sería una prensa reactiva, un ejercicio que se limita a encontrar los impases formales y vacíos legales de una obra o compra. Porque indirectamente, este periodismo reactivo solo terminaría favoreciendo a las autoridades que no hacen obra ni invierten su presupuesto.

Por eso no basta con hacer eco de las válidas quejas de la ATU, Ositrán y el MTC. No es suficiente con denunciar los árboles de corrupción, las ramas de la burocracia y las hojas mal presentadas. Hay que despolitizar la mirada y ver el bosque del Estado peruano en toda su complejidad. Hay que cuestionar por qué el ministro de Transportes se contenta con decir ‘no’ en lugar de buscar una forma de implementar este tren y apresurar la tramitología necesaria. Un tren que seguramente se ha saltado especificaciones técnicas y marcos normativos, pero que finalmente ya está aquí y podría ayudar a cientos de miles de peruanos en el corto plazo.

Hay que preguntarse por qué un tren puede llegar más rápido en barco, desde California, que un documento enviado desde la sede del MTC en Lima.

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