La subasta convocada por la municipalidad de Barranco, para rematar un terreno de 105,08 metros cuadrados que una constructora usurpó ilegalmente en zona intangible para levantar un edificio, revela las consecuencias de la falta de una visión de la Costa Verde como espacio de uso urbano.

Por Luis Felipe Gamarra

Para subastar en convocatoria pública una propiedad, se debe cumplir un requisito fundamental: competencia. Sin embargo, la Municipalidad de Barranco pretende redefinir las leyes de la oferta y la demanda al subastar un terreno –de propiedad del distrito– en el que existe un solo interesado: la empresa El Ancla Group.

Después de una década, en la que los vecinos de Barranco fueron mudos testigos de decenas de irregularidades cometidas por las últimas cuatro gestiones ediles, que permitieron la construcción de edificios en zonas intangibles del acantilado, la subasta del terreno de 105,08 metros cuadrados –que El Ancla Group se apropió ilícitamente para construir parte de la torre Aquamarina– parece haberse convertido en la única solución que encontró el polémico alcalde Antonio Mezarina –el mismo que autorizó en 2009 la construcción del controvertido edificio– para que los propietarios de los once pisos logren inscribir su propiedad en los Registros Públicos.

Pese a que la subasta, convocada para el pasado viernes 1 de julio, fue suspendida esa misma tarde debido a las protestas de indignados barranquinos, probablemente esta se terminará ejecutando, tal como pasó con los proyectos La Quebrada de Barranco, Bresciani, D’María, Infinity, entre otros, que se construyeron gracias a silencios administrativos, permisos indebidos o acciones de amparo avaladas por el Poder Judicial y los fallos del Tribunal Constitucional.

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La trama legal

En 1994, la Ley 26306, aprobada por la mayoría fujimorista en el Congreso, delegó las facultades metropolitanas de la Municipalidad de Lima en cada uno de los 43 distritos de la capital, y debilitó el poder rector del ente metropolitano. Esa misma norma declaró los terrenos del acantilado como propiedad de cada distrito costero en forma de espacio público para fines recreativos o turísticos. Más tarde, en 2010, la Ordenanza 1414 declaró intangibles los acantilados para evitar la construcción de proyectos inmobiliarios en los riscos, precisamente como los que se desataron en Barranco.

Sin embargo, hoy, la comuna barranquina pretende formalizar un acto delictivo disfrazándolo de subasta, porque en el fondo se trata de una compra/venta entre la constructora que se apoderó ilícitamente del terreno y la municipalidad que consintió la polémica construcción. “En una subasta, se pueden presentar varios interesados. Pero, en este caso, ¿quién se podría interesar en una propiedad construida, que encima le pertenece a un grupo de vecinos que ya construyeron sus departamentos?”, se pregunta el abogado Hugo Sarria, experto en derecho administrativo y municipal del Estudio Muñiz. Para este especialista, no solo se va contra la ley al subastar un inmueble que carece de fines turísticos o recreacionales, sino que, si se logra subastar, se deberá esperar la aprobación de la Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV), entidad en la que participa el resto de distritos ribereños.

Costa Verde

Vista desde la playa, durante la construcción del proyecto, en 2014. Foto de “La República”.

Triste final

Este es el último capítulo de una telenovela que parece no tener fin, que empezó en los años setenta con la conquista de la llamada Costa Verde, pero que, después de catorce gestiones metropolitanas, aún no logra responder una simple pregunta: ¿para qué sirve? Son muchas las iniciativas que han existido en los últimos veinte años para poner en valor la Costa Verde como espacio público, y la verdad es que ninguna gestión ha tenido el coraje político para llevarlas a cabo más allá de los mapas o los renders en 3D.

Para el urbanista Angus Laurie, director de Llama Urban Design, lo que acaba de pasar en Barranco es el resultado de la falta de una entidad que asuma la responsabilidad de desarrollar una visión estratégica del acantilado. “Tienes la visión de la APCV, a la que se suman las visiones individuales de los cinco distritos que la conforman, así como los proyectos de la Municipalidad de Lima, de Emape, del Ministerio de Trasportes, de la Marina de Guerra, todos con visiones encontradas, sin capacidad de coordinación”, señala Laurie, y recuerda que existen proyectos que se contraponen, como el aprobado en 2009 por la APCV, liderado por el arquitecto Raúl Flores, y la propuesta del arquitecto Jorge Ruiz de Somocurcio, actual asesor de la gestión del alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio. “Cada funcionario llega para hacer a un lado el proyecto de su predecesor, y así hemos estado los últimos doce años. La subasta de este terreno es una de las tantas consecuencias de la falta de gestión pública”, subraya Laurie.

Esta falta de autoridad no solo ha convertido a un grupo de constructoras en autoridades de facto, a las que la municipalidad beneficia por encima de las normas, sino que ha promovido casos de vecinos que afectan el acantilado sin ninguna consecuencia. En 2013, mientras se cuestionaban los permisos municipales de las constructoras que levantaron las controvertidas torres en las calles Paul Harris, 28 de Julio, Sáenz Peña y Malecón Castilla, Jacobo Said, vecino de Barranco, contrató una grúa para bajar una mesa de mármol hasta su propiedad, un departamento en el edifico Infinity. El peso de la máquina destruyó la vereda de la parte superior del acantilado y causó el hundimiento de doce metros de calzada, lo cual debilitó parte del talud. El hecho no pasó de una multa.

Para el arquitecto Sergio Guzmán, director de Méctamo, no solo le hemos dado la espalda al mar, sino que no nos ponemos de acuerdo en algo tan simple como unir “lo de arriba con lo de abajo”. “No me explico cómo un sitio como Larcomar no tiene una escalera que salga a la playa. Si es por culpa de la municipalidad, es otro ejemplo de cómo la política va en contra de la realidad. ¿Cómo es posible que no haya un malecón? La zona del Morro Solar se debería repensar. ¿Por qué es intangible? Los muros de la Costa Verde, ¿por qué son intangibles?”, se pregunta Guzmán con respecto a la necesidad de repensar las ordenanzas metropolitanas en función del vecino, de la sostenibilidad, del futuro. Pero, sobre todo, del sentido común.

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