Elvia Barrios acaba de marcar un hito histórico. A 195 años de su fundación, la Corte Suprema la eligió como la primera presidenta del Poder Judicial. Desde enero, se encargará de trazar el camino para superar una grave crisis de credibilidad y el creciente descrédito de los poderes del Estado. A días de asumir el cargo, la jueza hace una distinción entre las recientes protestas registradas en el país, habla de resistencias vigentes hacia la mujer en el sistema de justicia y reconoce la deuda pendiente con la comunidad LGTBI.
Por Diego Chirinos Cané Fotos Ignacio Curi
“He quebrado esa voluntad de que la presidencia del Poder Judicial siempre esté en manos masculinas”. Esa corta y, a la vez, potente reflexión fue la primera que asaltó la mente de la jueza suprema Elvia Barrios, al conocer su designación como la próxima presidenta del Poder Judicial, el pasado viernes 4 de diciembre. Hasta ese momento, el liderazgo del principal órgano del sistema de justicia peruano –aquel que, paradójicamente, tiene como símbolo a la diosa griega Temis– había sido terreno exclusivo de hombres. Durante casi dos siglos, entre 125 presidentes del Poder Judicial, no figuró nunca una mujer.
“Siempre ha habido desconfianza en el Poder Judicial, pero el caso denominado ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ nos ha afectado. Por eso, nuestra obligación es demostrar que, en esos casos, la justicia va a ser severa y rápida, que es lo más importante”, afirma la flamante presidenta del Poder Judicial.
La elección de Barrios, por once votos favorables entre los quince miembros de la Sala Plena de la Corte Suprema, marcó así un hito histórico. “Tuve una intensa emoción y traté de pasar saliva para no llorar, porque tenía un nudo en la garganta. Me percaté de lo que representaba para miles de mujeres en el Perú y de la gran responsabilidad que tenía al asumir un cargo tan importante, para no defraudar no solo a todas las mujeres sino también a los hombres del país”, cuenta hoy, aún emocionada.
La presidenta de la Red Latinoamericana de Jueces, titular de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema y exfiscal de casos históricos, como las masacres de Accomarca (Ayacucho) y Pucayacu (Huancavelica), tendrá dos años, desde enero de 2021, para sentar las bases de lo que llama una “administración de justicia con enfoque de género”. En medio de un entorno convulso, marcado por un creciente descontento hacia los diversos poderes del Estado, la próxima presidenta del Poder Judicial dialoga con COSAS sobre las deudas pendientes que buscará saldar desde su institución.
¿Cómo lleva una mujer el trabajo diario en un Poder Judicial que, como reconoce, es predominantemente machista?
Las mujeres, poco a poco, nos hemos ido abriendo camino. Fuimos demostrando, con nuestro trabajo, que podemos desarrollar actividades severas y serias, de la misma forma que los hombres; que, en esos espacios intelectuales, de poder, somos tan competentes como ellos. Indudablemente, ha tenido un costo y es que el esfuerzo sea mayor para nosotras. Y cuando llegamos a un puesto o posición [de poder], como la oportunidad ha sido escasa, la obligación es mayor.
¿Siente que existe mayor expectativa sobre el trabajo que realizará en comparación con la expectativa que podría suscitarse si el presidente electo hubiese sido hombre?
Claro, y lo siento porque así me lo expresan. Y también siento la demanda femenina de que tengo que sentar los pilares y las bases para una transformación del sistema de justicia.
“Siento la demanda femenina de que tengo que sentar los pilares y las bases para una transformación del sistema de justicia”, dice la jueza.
¿Recuerda alguna situación o experiencia que pueda graficar esa mayor obligación con la cual carga una mujer que se desempeña en nuestro sistema de justicia?
Cuando fui fiscal trabajé en Tarapoto, Iquitos y Ayacucho; en este último, durante la etapa más cruenta del terrorismo, entre 1985 y 1987. La exigencia para mí era mayor. Tenía que demostrar por qué me encontraba en esa zona de emergencia. Recuerdo cuando me fui a Accomarca, donde desenterramos a 69 personas que fueron baleadas en siete fosas [comunes]. El entonces fiscal de la Nación llamó al fiscal decano de Ayacucho, porque me había quedado a pernoctar en las alturas, desenterrado fosas. El fiscal quería información, porque todos los medios hablaban de que una comisión de senadores y diputados había ido [a la zona], regresado el mismo día [a Lima] y tenía información.
El fiscal no la tenía porque yo me había quedado allá; mi trabajo no terminaba en la foto. Cuando el fiscal de la Nación se enteró de que yo había ido, le dijo al fiscal decano: “¿Cómo es posible que hayas enviado a una mujer a esa zona a investigar?”. Y el fiscal decano le respondió: “Despreocúpate, porque esa chica [tenía 26 años] es más valiente que todos los que estamos aquí”.
¿Todavía siente esas resistencias dentro del Poder Judicial?
Para mis pares, para mis colegas, sí hay resistencias. Ese constructo armado que tienen los hombres, porque están premunidos de machismo, es muy difícil de desarmar. Por eso es que hay que iniciar todo un proceso de sensibilización. Deconstruir eso lleva tiempo y demanda sensibilizar, capacitar y educar.
Desigualdad y derechos
Barrios habla de “deconstruir” un sistema de justicia que resulta machista no solo para quienes trabajan en este sino también para quienes interactúan con él. Hoy, el maltrato y la revictimización son moneda corriente para diversas mujeres denunciantes en infinidad de procesos judiciales.
Por eso, la espera resulta apremiante cuando, en ese camino a la “deconstrucción del machismo”, uno se topa con cuestionables fallos, como el de los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Ica, Ronald Anayhuaman Andina, Diana Jurado Espino y Lucy Castro Chacaltana. Los tres jueces absolvieron a un acusado de violación con el absurdo argumento de que el color de ropa interior que llevaba la denunciante “permitía intuir” su disposición a tener relaciones sexuales.
“Otra violencia invisibilizada, y en la que tenemos que poner fuerzas para erradicarla, es aquella derivada del delito de trata de personas; de esa trata que tiene como fin la explotación sexual, laboral u otras formas de explotación. La trata en el Perú tiene rostro de mujer”, explica la presidenta del Poder Judicial.
¿Cómo evitar el machismo reflejado en fallos de ese tipo?
Lamentablemente, el estereotipo está presente en varones y en mujeres, y desarraigarse de ello es muy complejo. Por eso es que nosotros, a través de la Comisión de Justicia de Género, realizamos un conjunto de actividades académicas para que no solo conozcan lo que es el enfoque de género y visibilicen la situación real en la que se encuentra la mujer frente al hombre, sino que también comprendan la dramática situación que viven millones de mujeres en el país. La violencia en el país tiene muchísimas expresiones y la expresión más letal es el feminicidio. Pero otra violencia invisibilizada, y en la que tenemos que poner fuerzas para erradicarla, es aquella derivada del delito de trata de personas; de esa trata que tiene como fin la explotación sexual, laboral u otras formas de explotación. La trata en el Perú tiene rostro de mujer.
¿Con qué instrumentos combatirá el Poder Judicial a ese tipo de decisiones o jueces?
Nosotros dictamos acuerdos plenarios que son precedentes vinculantes para todos los jueces del Perú. Son criterios rectores que orientan al juez sobre cómo aplicar la norma ante un caso en concreto. Tenemos uno importante, que es la valoración de la prueba en los delitos sexuales; otorgamos criterios a los jueces sobre cómo tienen que valorar la prueba en los delitos vinculados a la libertad sexual. Otorgamos, también, criterios para que puedan establecer cuándo se encuentran frente a un feminicidio o a una tentativa de feminicidio y no califiquen esto como un delito simple de lesiones.
Pero estos acuerdos ya estaban vigentes cuando fallos como el que le menciono se emitieron. Por eso le pregunto qué puede hacer el Poder Judicial.
Sensibilizar y capacitar, esa es nuestra línea de acción. Y también, si detectamos que hay arbitrariedad en una decisión de esa naturaleza, hay que sancionarla severamente. No podemos tener, en el Poder Judicial, juezas y jueces que no estén premunidos de ese enfoque de género necesario para administrar justicia. Tenemos que expulsar la discriminación: somos un país discriminador.
¿También hay una deuda por saldar con la comunidad LGTBI?
Indudablemente.
Porque si hablamos de derechos…
Todos y todas somos sujetos de derecho. Debemos tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. Nadie, absolutamente, en este país, puede ser discriminado por razón de su orientación sexual; nadie. Esa es la regla.
¿Eso incluye, por ejemplo, permitirles registrar en el país matrimonios suscritos en el exterior con parejas del mismo sexo?
El derecho no está escrito en piedra. El derecho responde a las necesidades sociales, a la realidad social, va cambiando… Dentro de cincuenta años, nos van a ver como retrógrados en el reconocimiento de derechos, así como cuando las mujeres reclamábamos nuestro derecho al voto. Por ahí un diputado arequipeño señalaba que nuestras pobres cabecitas no podían alterarse con pensamientos tan complejos, porque estábamos hechas para la paz y la dulzura, ¡imagínese! Ahora, eso nos causa gracia. Dentro de cincuenta años, vamos a pensar igual. Tenemos que orientar a reconocer iguales derechos a todas las personas y evitar la discriminación.
Escenario adverso para el Poder Judicial
El reto de Barrios es grande y el contexto, crítico. En tiempos convulsos para el país, la magistrada asumirá el liderazgo de un Poder Judicial al cual todavía le cuesta superar tanto los estragos del caso ‘Lava Juez’ (o ‘CNM Audios’) como el creciente descrédito de los poderes del Estado.
Frente a ello, la presidenta electa del Poder Judicial buscará consolidar un sistema de justicia capaz de transmitir confianza. Las aristas principales de su gestión –afirma– serán la transparencia, a través de un “control ciudadano de las actividades”, y la impostergable transformación digital del poder del Estado con mayor consumo de papel.
La responsabilidad asumida es mayor, porque el Perú atraviesa un periodo convulso, en el cual se evidencia un sentimiento de falta de justicia desde diversos sectores.
Dentro del sistema de justicia, tenemos importantes logros que no hemos sabido transmitir –y debemos hacerlo–, pero también reconocemos que han pesado muchos casos de corrupción que han impactado no solo en la institución, sino en la imagen del juez, y hay que mejorarla. Esa percepción ciudadana tiene que cambiar a base de demostraciones ciertas y concretas de que nuestra actividad puede y debe ser transparente. Los ciudadanos, por ejemplo, no conocen la trayectoria de un juez.
No saben qué actividades realizó, qué casos juzgó ni qué decisiones tomó. Solo conoce aquellos casos mediáticos. Si nosotros transmitimos a todos los ciudadanos que los 3300 jueces del Perú publican todas las resoluciones, el ciudadano podrá calificar la conducta y el comportamiento de un juez a través de conocimientos sobre cómo actúa, procede y juzga.
El rol de la juventud
Barrios reconoce que no se trata de casos aislados, sino de una corrupción recurrente en el sistema de justicia. “Por eso es que hay que poner toda la fuerza en su erradicación”, precisa. Entonces, tal como en su discurso posterior a la elección de la Sala Plena de la Corte Suprema, se detiene un momento para hablar de una juventud peruana, harta de ese tipo de accionar.
Sobre la comunidad LGTBI, dice: “Todos y todas somos sujetos de derecho. Debemos tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. Nadie, absolutamente, en este país, puede ser discriminado por razón de su orientación sexual; nadie. Esa es la regla.”
Describe aquel hartazgo de los jóvenes, visiblemente reflejado en las diversas marchas registradas contra el breve régimen de Manuel Merino de Lama, como un férreo reclamo a la actividad de instituciones como la suya, de poderes del Estado que en casi 200 años “no supieron construir un país”.
Dijo que esa manifestación ciudadana fue una forma de cuestionar el accionar de los adultos y pidió a los jóvenes confiar en la labor de la justicia. ¿Cómo confiar en ella, con casos como el de Inti Sotelo y Jack Pintado, quienes salieron a marchar y no pudieron volver a sus casas?
La manifestación de esos jóvenes nos envía un mensaje a todos aquellos adultos o adultos mayores. Y es que no hemos sabido construir una patria libre, una patria democrática, no hemos sabido construir un país. En los jóvenes indignó mucho la forma en la cual las instituciones nos estábamos degradando y cómo estábamos llevando adelante el país.
Esa expresión tiene que ser mirada por nosotros, tenemos que preguntarnos qué cosa hemos hecho hasta ahora. Somos un país rico, con un sinnúmero de recursos naturales. ¿Y por qué seguimos teniendo un porcentaje altísimo de pobreza, con un sinnúmero de mujeres explotadas laboral y sexualmente? ¿Qué hace el sistema de justicia que no reacciona? Todos tenemos responsabilidad.
¿Cree que estos jóvenes vieron en la asunción de Manuel Merino el símbolo de esa degradación de las instituciones?
Creo que estaban hartos de todo lo que se ha venido haciendo durante estos años. Su hartazgo no era solo un hartazgo político, de lo que hacían el Legislativo y el Ejecutivo, sino también del sistema de justicia. Hubo una expresión del hartazgo de sentir instituciones débiles, de un Legislativo cuestionado por los jóvenes por su falta de democracia, de un Ejecutivo que veían ellos que cada día se caía más y más y de un Poder Judicial cuestionado por la corrupción.
Una expresión de hartazgo repelida por un accionar cuestionable de la Policía.
Nosotros, como sistema de justicia, siempre debemos tutelar los derechos fundamentales de las personas. Es verdad que las autoridades tienen que tener una reacción determinada, pero jamás salirse del marco de los derechos fundamentales de las personas.
¿Usted cree, como algunos, que en el Perú hubo un golpe de Estado?
¿Quiénes dicen eso?
Algunos sectores.
Bueno, yo respeto las opiniones de los terceros.
¿Coincide con esa apreciación?
No, no puedo expresarlo.
¿Hasta dónde una manifestación se enmarca en los parámetros del derecho a la protesta? Se discutió mucho no solo en torno a las marchas contra Merino sino, sobre todo, respecto a las protestas contra la ya derogada Ley de Promoción del Sector Agrario.
Cualquier protesta o manifestación es legítima en tanto no afecte los derechos de terceros, de los demás.
¿El bloqueo de una carretera…?
Tú no puedes restringir eso. Y, en todo caso, cualquier acto que salga fuera del marco de la ley, de lo permitido por la ley, tiene que ser investigado.
¿Le parece que esas dos manifestaciones son comparables?
No podría compararlas. Tienen finalidades y motivaciones diferentes, aunque no dejen de ser la expresión del sinsabor que tiene la población respecto a determinadas circunstancias.
