El empresario preso afirma que los US$ 20.000 hallados en la oficina de Bruno Pacheco estaban destinados para que el presidente arregle ascensos policiales
Por Sergio Herrera
Zamir Villaverde declaró este martes ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que los US$ 20.000 encontrados en la oficina del exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco, estaban destinados al presidente Pedro Castillo. Los fondos hallados en noviembre del 2021 habrían sido brindados como sobornos por la lobbista Karelim López. A cambio, el mandatario debía beneficiar a diversas personas en el proceso de ascensos policiales.
«Le pregunté (A Pacheco) cuál era la razón de esos US$20.000 y él me dijo que esos US$ 20.000 eran producto del cobro de cupos que hacían la señora Karelim López con el presidente de la República para los ascensos que tenían que haber en la Policía Nacional», aseguró Villaverde en su tercera intervención ante la Comisión de Fiscalización. Actualmente, cumple una prisión preventiva de 24 meses por el presunto delito de tráfico de influencias en el caso Puente Tarata II. Sin embargo, a pesar del impacto que genera esta revelación, esta versión carece de argumentos.
La historia del presunto fraude
El pasado domingo, el exalcalde de Huaraz, Vladimir Meza, negó haber organizado un fraude electoral con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Meza había sido acusado por Villaverde de haber facilitado la entrega de 3 millones de dólares mediante Karelim López a un «amigo» del JNE. En respuesta, durante la audiencia de la Comisión, Villaverde soltó otra supuesta revelación. Meza y Silvia Barrera, exalcaldesa de Villa María del Triunfo, habrían visitado Palacio de Gobierno el 4 y 14 de agosto del 2021. En ambas ocasiones, el hoy prófugo Bruno Pacheco los habría recibido en su oficina.
Según Villaverde, en la segunda visita, Pacheco le preguntó a Meza qué recompensa deseaba pedirle al presidente por haber «arreglado» la victoria electoral del 2021. Afirmó que disponía de «pruebas y testigos» para corroborar sus afirmaciones. Acto seguido, el cuestionado empresario se acogió a su derecho al silencio. Bajo esta excusa, se negó a responder las preguntas de los miembros de la Comisión de Fiscalización.
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